Una demanda reciente, que busca obligar a los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) a responder seis solicitudes de la Ley de Libertad de Información (solicitudes FOIA), ha revelado que las afirmaciones de que varias vacunas no causan autismo no tienen una base científica, afirman grupos de vigilancia de vacunas.
El único estudio que proporcionaron los CDC en respuesta a la demanda, que examinó específicamente las preguntas planteadas por la demanda, encontró un posible vínculo con el autismo, dijo la Red de Acción de Consentimiento Informado (ICAN), uno de los grupos que presentó la demanda.
El autismo es una discapacidad del desarrollo que puede causar importantes desafíos sociales y de comportamiento, y la cantidad de casos de autismo ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Datos recientes encuentran que uno de cada 36 niños nacidos en Estados Unidos este año tendrá autismo (frente a uno de cada 10 mil en 1980). Hay muchas teorías, pero aún no se ha determinado la causa oficial del fuerte aumento.
La preocupación de que las vacunas son responsables del aumento del autismo proviene, en gran medida, de miles de padres de niños autistas. Estos padres de familia atestiguaron un cambio inmediato y dramático en sus niños, que tenían un desarrollo normal, inmediatamente después ser vacunados. Esta evidencia anecdótica ha sido desestimada por los funcionarios de salud como poco confiable.
Los activistas de las vacunas temen que haya una conexión entre el aumento simultáneo del autismo y el aumento de las vacunas que los niños estadounidenses deben recibir. Las autoridades de salud han descartado este enlace, alegando que es una teoría de conspiración completamente desacreditada. La FDA, que es responsable de aprobar las vacunas, y los CDC, que son los principales compradores y revendedores de vacunas en EE.UU., han asegurado reiteradamente al público que una investigación exhaustiva no muestra ese vínculo.
Pero esa afirmación ahora está en duda después de que los CDC proporcionaron solo 20 estudios en respuesta a la demanda de ICAN y del Instituto para la ciencia del autismo, todo esto solo después de ser llevados a los tribunales. Ninguno de los estudios parece resolver la cuestión fundamental. La Gran Época está evaluando los estudios.
El 21 de junio de 2019, las dos organizaciones sin fines de lucro presentaron seis solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA), ante los CDC, para obtener evidencia que las autoridades federales de salud utilizaron con el fin de probar la seguridad de las vacunas. Las solicitudes buscaron estudios sobre un puñado de vacunas administradas en los primeros seis meses de vida de un niño: DTaP (difteria, tétanos y tos ferina), Engerix-B, Recombivax HB, Prevnar 13, Hib y vacunas contra la poliomielitis (IPV). La FOIA también solicitó que los CDC proporcionaran estudios que respaldaran la afirmación de que la exposición acumulativa a estas vacunas, durante los primeros seis meses de vida, no causa autismo.
Seis meses después, el 19 de diciembre de 2019, las dos organizaciones sin fines de lucro presentaron una denuncia de 36 páginas en un tribunal federal, en esta demanda se acusó a los CDC por asegurar falsamente que «las vacunas no causan autismo«, afirmando que los estudios utilizados para hacer esta afirmación no existen.
En respuesta, los CDC proporcionaron 20 estudios y los demandantes llegaron a un acuerdo, permitiendo que la demanda se desestimara voluntariamente. Los grupos dicen que los estudios enviados por los CDC no proporcionaron la evidencia que los funcionarios de salud dicen que estos entregan. La agencia de salud proporcionó una lista de 20 estudios en total: 18 de los estudios no produjeron evidencia relevante para las solicitudes, uno estaba relacionado con la vacuna MMR, 13 estaban relacionados con el ingrediente de la vacuna timerosal, cinco relacionados con MMR y timerosal, y uno estaba relacionado con la exposición al antígeno, no a las vacunas.
Los únicos estudios relevantes para las solicitudes de FOIA provienen de una revisión reciente del Instituto de Medicina (OIM), pagada por los CDC, que examinan investigaciones relacionadas con la vacuna DTaP. Pero el OIM afirmó que no pudo identificar un estudio que respaldara la afirmación de que DTaP no causa autismo.
«La evidencia es inadecuada para aceptar o rechazar una relación causal entre el toxoide diftérico (toxoide tetánico) o la vacuna que contiene pertussis acelular y el autismo», señala el informe.
Sin embargo, la OIM identificó un estudio que muestra una relación causal entre DTaP y el autismo, pero dijo que «no se consideró en el peso de la evidencia epidemiológica porque proporcionaba datos de un sistema de vigilancia pasiva y carecía de una población de comparación no vacunada».
Ese sistema de vigilancia pasiva es el mecanismo de seguimiento de los CDC, implementado para garantizar la seguridad de la vacuna en etapas posteriores a la comercialización. Este mecanismo es particularmente importante para las vacunas debido a su proceso de aprobación, relativamente rápido, en comparación con los medicamentos, que se comparan con las poblaciones no drogadas (placebo) para revelar efectos secundarios.
La falta de estudios que comparen las poblaciones vacunadas y no vacunadas es un punto delicado para los activistas e investigadores de seguridad de vacunas, quienes dicen que tales estudios son la única forma para descubrir los posibles efectos secundarios de una vacuna.
La falta de investigación es inesperada, especialmente en lo que respecta a DTaP, dado que la Ley Nacional de Lesiones Infantiles de 1986 estipuló que un estudio sobre DTaP debería haber estado disponible. La falta de estudios fue el resultado de un intenso cabildeo por parte de los fabricantes de vacunas quienes argumentaron, con éxito, que no podían ser considerados financieramente responsables por sus productos, porque las demandas crecientes arruinarían sus negocios y pondrían en peligro el suministro de vacunas de la nación. Las demandas por lesiones causadas por la vacuna ahora se manejan en un tribunal especial que, según los críticos, está en contra de los demandantes y limita las indemnizaciones a USD 250,000.
La ley establece que el Secretario de Salud y Servicios Humanos «completará una revisión de toda la información médica y científica relevante… sobre la naturaleza, las circunstancias y el alcance de la relación, en su caso, entre las vacunas que contienen tos ferina… y las siguientes enfermedades y afecciones». La lista de 11 afecciones incluye autismo.
En un comunicado de prensa, Del Bigtree, fundador de ICAN y productor del documental VAXXED, dice que cuando se trata de autismo, las vacunas son el presunto culpable que los CDC afirman haber investigado exhaustivamente. Pero cuando se le pidió que respaldara este reclamo, la agencia no pudo producir nada sustancial, y solo lo hizo bajo coacción.
«Si los CDC hubieran gastado los mismos recursos en el estudio de las vacunas y el autismo, como lo hicieron en una campaña mediática contra los padres que afirman que las vacunas causaron el autismo de sus hijos, el mundo sería un lugar mejor para todos», dijo Bigtree.
Las victorias previas de ICAN contra las agencias federales de salud, con respecto a la seguridad de las vacunas, incluyen hacer que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) reconozca que no puede proporcionar un solo informe de seguridad sobre las vacunas al Congreso, como lo requiere la Ley Nacional de Lesiones Infantiles de 1986. Debido a esto ICAN logró que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) reconozca que no tiene ensayos clínicos para apoyar la inyección de la vacuna contra la gripe o las vacunas DTaP en mujeres embarazadas. Posteriormente, y en virtud a lo acontecido, ICAN hizo que los Institutos Nacionales de Salud (NIH) reconocieran que el grupo de trabajo, encargado de evaluar vacunas infantiles más seguras, no ha hecho una sola recomendación para mejorar la seguridad de las vacunas durante el período en cuestión. También se logró que la FDA responda, a través de la solicitud de FOIA, sobre los ensayos clínicos en los que se basó para autorizar la vacuna MMR actual, revelando que estos ensayos clínicos tuvieron en total menos de 1000 participantes y muchas más reacciones adversas que las previamente reconocidas.
A pesar de la concesión implícita de las autoridades sanitarias, que evidencia su incapacidad para demostrar la neutralidad de las vacunas en los casos de autismo, registrados en los últimos años, ningún medio de comunicación importante ha cubierto el caso.
La Gran Época contactó a los departamentos de medios de la FDA y de los CDC para comprender cómo el público debería interpretar el fallo, pero no se recibió respuesta. El sitio web de los CDC aún afirma que «las vacunas no causan autismo», aunque ICAN dice que su próximo paso es lograr que la agencia elimine este reclamo.
La Gran Época espera una respuesta a la demanda de la FDA. Este artículo se actualizará una vez que se reciba información al respecto.
A pesar de la victoria de ICAN, algunos todavía dicen que el caso carece de credibilidad, porque no proporciona pruebas de que las vacunas causen autismo. El 5 de marzo de 2020 Bigtree abordó esta cuestión en su de programa de entrevistas online, HighWire.
«En un tribunal de justicia, un testigo ocular es la mejor evidencia que puede obtener», dijo Bigtree. «Y tenemos cientos de miles, si no, millones de testimonios de testigos oculares de la destrucción de sus hijos y su retroceso al autismo justo después de las vacunas DTaP».
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