La administración Biden extendió por otros tres meses la moratoria de desalojos del país para proteger a quienes tienen dificultades para pagar el alquiler de ser expulsados de su hogar.
La Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), firmó el lunes la prórroga. La moratoria, que expiraba el 31 de marzo de 2021, se prolonga ahora hasta el 30 de junio de 2021.
La prohibición federal de desalojo fue promulgada por primera vez en septiembre de 2020 por los CDC, como parte del esfuerzo de la administración Trump para evitar una mayor propagación del virus del PCCh (Partido Comunista Chino). La idea era que las personas que son desalojadas suelen trasladarse a refugios para indigentes abarrotados o a espacios de vida compartidos con familiares o amigos, lo que perjudica el distanciamiento social.
La orden solo se aplica a los individuos que ganan menos de 99,000 dólares anuales, o 198,000 dólares en el caso de las parejas. Para invocar plenamente las protecciones de la orden, los inquilinos también tienen que demostrar que han buscado ayuda del gobierno para pagar el alquiler, declarar que no pueden pagar el alquiler como resultado de una pérdida financiera relacionada con la pandemia, y afirmar que es probable que se queden sin hogar si son desalojados.
La moratoria de los CDC no prohíbe a los propietarios iniciar procedimientos de desalojo, aunque los inquilinos podrían utilizar la orden federal como defensa en los tribunales. Depende de cada juez decidir si lo acepta, basándose en sus propias interpretaciones de cómo debe aplicarse la orden.
La prórroga del lunes se produce en un momento en que varias demandas cuestionan los fundamentos jurídicos de la moratoria de los CDC. Propietarios de varios estados, respaldados por organizaciones empresariales y del sector como la Asociación Nacional de Apartamentos (NAA) y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), han demandado para revocar la prohibición, alegando daños económicos y la vulneración de los derechos de propiedad privada.
«Aunque los CDC tienen un interés inherente en frenar y prevenir la transmisión de enfermedades contagiosas, la orden de moratoria de desalojo no entra dentro de sus competencias y anula las leyes estatales de todo el país que protegen tanto a los proveedores de viviendas de alquiler como a sus residentes», dijo la NAA en un comunicado de diciembre de 2020 sobre una demanda presentada en Carolina del Norte.
Otra demanda presentada por un grupo de propietarios de Ohio y la NAHB hizo hincapié en que los CDC, como agencia federal, no pueden pasar por encima del Congreso para anular las leyes estatales.
«La moratoria de los CDC es una amplia expansión del poder federal sobre los derechos de los propietarios de todo el país», dijo Steve Simpson, abogado principal de la Pacific Legal Foundation, un grupo legal conservador que representa a la coalición.
«Afortunadamente, el Congreso nunca dio a los CDC esa autoridad, y la separación de poderes de la Constitución no permite que una agencia se invente la ley sobre la marcha», dijo Simpson. «Los tribunales no deberían permitir que la toma de poder de los CDC continúe».
Según la Encuesta del Pulso de los Hogares de la Oficina del Censo de EE.UU., realizada a principios de este mes, más de 10 millones de estadounidenses no están al día en el pago del alquiler, incluidos 5.4 millones que esperan ser desalojados en los próximos dos meses.
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