La legislatura de Virginia, controlada por los demócratas, experimentó esta temporada una oleada de proyectos de ley polémicos, algunos de los cuales provocaron la indignación de los republicanos. Los proyectos de ley se enfocaron más prominentemente en restringir el derecho a la posesión de armas de fuego. Sin embargo, muchos pertenecen a otras áreas, como el aborto, los requisitos de identificación de votantes, el colegio electoral y conceder a los delincuentes el derecho a votar.
Hay algunos indicios que apuntan a que muchos de los proyectos de ley no van a ser aprobados por la legislatura. Una de las razones es que el calendario legislativo del estado está establecido de tal manera que tanto la Cámara de Delegados como el Senado solo tienen hasta el 11 de febrero para actuar en su legislación.
Aún así, las mayorías demócratas de ambas cámaras ya han demostrado su disposición de retomar y aprobar algunos de los proyectos de ley.
Control de armas
Este año se presentaron más de 60 proyectos de ley relacionados con las armas en Virginia, muchos de ellos enfocados en limitar el derecho a portarlas. El más prominente fue el proyecto de ley del Senado No. 16. Este prohibiría la posesión de la mayoría de los rifles semiautomáticos que aceptan un cargador desmontable o que tienen más de 10 balas y también algunas pistolas y escopetas semiautomáticas. Eso habría convertido en criminales a una gran parte de los dos millones de propietarios de armas del estado, ya que casi dos tercios de los propietarios de armas poseen un rifle, y los tipos de rifles cubiertos por el proyecto de ley son los más populares, según estimaciones de la industria.
El proyecto de ley provocó indignación en todo el estado y en otros lugares. Casi todos los condados del estado se han declarado «Santuario de la Segunda Enmienda», prometiendo boicotear la aplicación de tal ley.
El 13 de enero, el SB 16 murió en el Senado por un voto unánime de nueve demócratas en el Comité Judicial de la cámara.
Otro proyecto de ley similar, HB 961, ha permanecido en el Comité de Seguridad Pública de la Cámara desde el 7 de enero. Abarca las mismas armas pero permitiría a los actuales propietarios conservarlas bajo ciertas circunstancias, por ejemplo si las mantienen en su propiedad o solo las llevan para cazar o a un campo de tiro y luego las devuelven.
Algunos otros proyectos de ley, sin embargo, son mucho más probables. El SB 69 limita la compra de armas de fuego comunes a una por mes, mientras que el SB 35 permite a las autoridades locales prohibir la posesión de armas de fuego o municiones en espacios públicos utilizados para o adyacentes a eventos que requieren un permiso para llevarse a cabo. Ambos fueron aprobados por el Senado el 16 de enero por líneas partidistas (21-19).
El 22 de enero, los demócratas del Senado también aprobaron el SB 240, que permitiría a las autoridades policiales pedir a los jueces estatales una orden y, en última instancia, una autorización de registro para quitarle las armas a cualquiera que «represente un riesgo sustancial de lesiones personales para sí mismo o para otros en un futuro próximo por la posesión o adquisición de un arma de fuego de dicha persona».
Para determinar quién representa tal «riesgo», los jueces deben buscar «cualquier evidencia relevante», incluyendo «amenazas recientes», que la persona en cuestión haya hecho y que la hayan puesto «en una aprensión razonable de (…) lesiones corporales». El nivel de evidencia necesaria sería el mismo que el de una orden de allanamiento, suficiente para una «causa probable».
La persona obtendría una audiencia en el tribunal dentro de 14 días en la que el gobierno tendría que demostrar «mediante pruebas claras y convincentes» que la orden se debe prorrogar por un máximo de 180 días.
Aborto
Por lo menos dos proyectos de ley se enfocaron en flexibilizar las reglas del aborto en el estado. El SB 733 eliminaría los requisitos que exigen que se proporcione a una mujer información variada poco antes de abortar, incluyendo el ultrasonido y «los posibles efectos psicológicos perjudiciales del aborto». Por lo menos algunas mujeres fueron disuadidas de abortar al ver a su no nacido en un ultrasonido. El proyecto de ley fue aprobado por el Comité de Educación y Salud, de manera partidista, el 23 de enero.
El proyecto de ley SB 635 establece que una mujer embarazada «tiene el derecho fundamental de (…) interrumpir un embarazo», y el estado no debe «negar o interferir con» tal derecho. El proyecto de ley tiene 19 promotores en el Senado, todos demócratas. El proyecto estuvo en el Comité de Educación y Salud desde el 7 de enero.
El gobernador demócrata del estado, Ralph Northam, causó furor hace un año al sugerir que una madre debería tener la opción de hacer que maten a su hijo incluso después del nacimiento en los casos en que el bebé tenga «anormalidades fetales severas» o sea considerado «inviable».
Colegio Electoral
El SB 399 otorga todos los votos electorales de Virginia al ganador del voto popular presidencial nacional.
La ley solo entrará en vigor cuando los estados que acumulan la mayoría de los votos electorales han aprobado dicha legislación como parte de un acuerdo denominado Pacto Nacional de Voto Popular.
El pacto aún necesita 74 votos electorales más para entrar en vigor, según su sitio web. Virginia añadiría 13.
El proyecto de ley ha estado en el Comité de Privilegios y Elecciones desde el 7 de enero.
Identificación de votantes
El proyecto de ley SB 65 eliminaría el requisito de que los ciudadanos de Virginia muestren una identificación con foto para poder votar. Bajo la nueva ley, «una factura de servicios públicos actual» sería suficiente para probar el nombre y la dirección de uno.
El proyecto de ley ha estado en el Comité de Privilegios y Elecciones desde el 21 de noviembre.
Derecho de votación a los delincuentes
La Constitución de Virginia prohíbe que los convictos de delitos graves voten a menos que el Gobernador «u otra autoridad apropiada» les restituya sus derechos. También prohíbe votar a los que han sido declarados mentalmente incompetentes hasta que se restablezcan sus capacidades.
El SJ 8 enmendaría la constitución del estado para eliminar tales requisitos, restaurando así el derecho al voto a ambos grupos y permitiendo en la práctica que los delincuentes voten desde la prisión.
La mayoría de estados permiten que los delincuentes voten, pero generalmente después de que completan sus sentencias, incluyendo la libertad condicional o la libertad vigilada. Solo dos estados, Maine y Vermont, permiten que los delincuentes voten durante su encarcelamiento, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Virginia solía tener algunos de los criterios más estrictos de restitución de derechos hasta 2014, cuando el entonces gobernador Terry McAuliffe, un demócrata, emitió una orden ejecutiva que restauraba el derecho al voto a todos los delincuentes condenados del estado que habían cumplido sus sentencias, incluyendo la libertad condicional o la libertad vigilada, más de 200.000 personas. La Corte Suprema de Virginia anuló la medida, diciendo que el Gobernador tiene que restaurar los derechos de las personas individualmente. McAuliffe lo estuvo haciendo hasta que terminó su mandato. El esfuerzo continúa bajo su sucesor Northam.
La legislatura parece haber aprobado el proyecto de ley por el momento, ya que el Comité de Privilegios y Elecciones lo continuó unánimemente hasta el 21 de enero de 2021 .
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