Los demócratas han reintroducido propuestas que fracasaron anteriormente y que representan una lista exhaustiva de casi todos los proyectos de ley de control de armas que han estado impulsando.
La «Ley de Prevención de la Violencia con Armas y Seguridad Comunitaria de 2023» (Ley) se ha presentado en el Congreso en cada sesión desde al menos 2015. La senadora demócrata Elizabeth Warren reintrodujo el proyecto de ley en el Senado el 6 de diciembre. Ella escribió en su sitio web que la legislación es vital para poner fin a los crímenes violentos cometidos con armas de fuego.
«Estamos en una crisis de violencia armada: 2023 está en camino de ver la mayor cantidad de tiroteos masivos en la historia reciente, y la violencia armada es ahora la principal causa de muerte de niños y jóvenes», escribió Warren en su página web. «Estoy renovando el impulso de mi Ley integral de Prevención de la Violencia Armada y Seguridad Comunitaria».
El representante Hank Johnson (D-Ga.) está patrocinando la legislación en la Cámara. Escribió en su página web que la ley propuesta beneficiaría a las minorías y a las mujeres.
«Es dolorosamente obvio que las comunidades de color soportan desproporcionadamente el peso de la violencia armada en Estados Unidos, en particular las mujeres negras, que tienen el doble de probabilidades que las mujeres blancas de recibir un disparo mortal por parte de su pareja», escribió Johnson.
Según el Sr. Johnson, el proyecto de ley incorpora los otros proyectos de ley de control de armas en el Congreso.
«La Ley de Prevención de la Violencia Armada y Seguridad Comunitaria incorpora una serie de proyectos de ley», escribió en su página web.
El proyecto de ley de la Sra. Warren ha sido remitido al Comité de Finanzas del Senado. El proyecto del Sr. Johnson se encuentra en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.
Los proyectos de ley anularían las leyes vigentes y establecerían normas más estrictas en materia de armas. Según un resumen del proyecto de ley, lo primero de la lista es la exigencia de una licencia federal o estatal para «comprar o poseer un arma de fuego o munición».
La propuesta de ley también exige la comprobación universal de antecedentes y la eliminación de la llamada «laguna de Charleston», exigiendo una comprobación de antecedentes completa antes de la finalización de una venta.
La laguna de Charleston se refiere al hecho de que el asesino en el tiroteo masivo del 27 de junio de 2015 en una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, pudo tomar posesión del rifle que utilizó porque el gobierno no completó su verificación de antecedentes dentro de las 72 horas.
Es decir, actualmente la ley permite a un vendedor de armas completar una venta si la comprobación de antecedentes no se realiza en un plazo de 72 horas. En teoría, se pretende evitar que los funcionarios del gobierno se demoren en la comprobación de antecedentes.
También pide que se cierre la llamada «laguna jurídica de los salones de armas». No existe ninguna laguna legal, ya que todos los vendedores de armas de fuego con licencia federal deben realizar una comprobación de antecedentes a través del Sistema Nacional de Comprobación Instantánea de Antecedentes (NICS, por sus siglas en inglés) para cada venta. Las ventas privadas no requieren verificación de antecedentes.
El senador Mike Lee (R-Utah), que se pronunció en contra de un proyecto de ley similar de comprobación universal de antecedentes en el Senado el 6 de diciembre, dijo que la medida impediría más transferencias legales que ilegales.
«Se trata del padre que desea pasar un rifle de caza a su hijo o del amigo que quiere prestar una escopeta a su vecino que tiene necesidad de protección», dijo.
En cuanto a la venta de armas, la ley también aumentaría la edad mínima para comprar un arma de fuego o munición a 21 años y establecería un periodo de espera de 7 días para todas las ventas de armas de fuego.
Los propietarios de armas también estarían obligados a utilizar un dispositivo de bloqueo o almacenamiento seguro cuando el arma no esté en uso, y la ley ampliaría la Ley de Zonas Escolares Libres de Armas a colegios y universidades.
El proyecto de ley prohibiría las armas de fuego de fabricación casera junto con determinados rifles semiautomáticos, las llamadas «armas de asalto», y financiaría un programa de recompra.
La legislación también aumenta la autoridad de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y contrata a 650 nuevos agentes de la ATF para inspeccionar las armerías. También crearía una base de datos electrónica de registros de la ATF.
El proyecto de ley también facilitaría demandar a los fabricantes de armas por el uso indebido de sus productos por parte de delincuentes, debilitando la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas y otorgando a la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo el poder de regular la industria de las armas de fuego.
La ley propuesta incluye un impuesto del 30% sobre todas las ventas de armas de fuego y del 50% sobre todas las ventas de munición. Los impuestos financiarían 120 millones de dólares a repartir entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia de EE. UU. para pagar la investigación sobre la «violencia con armas».
En la actualidad, el gobierno no está autorizado a financiar investigaciones que puedan suponer la vulneración de un derecho constitucional.
Los impuestos también financiarían subvenciones para programas comunitarios de intervención contra la violencia.
Los defensores de los derechos de las armas dicen que es probable que el proyecto de ley no tenga apoyo. Sin embargo, exponen los verdaderos motivos del lobby de control de armas, dicen.
«El proyecto de ley de la senadora Warren es una lista de fantasías liberales inconstitucionales sobre el control de armas. La llamada ‘Ley de Prevención de la Violencia con Armas y Seguridad Comunitaria de 2023’ sólo sirve para desarmar y restringir la capacidad de los buenos ciudadanos en las comunidades de todo el país para protegerse de la violencia armada criminal», escribió Dudley Brown, presidente de la Asociación Nacional por los Derechos de Armas en un correo electrónico a The Epoch Times.
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