Un fiscal general de Kansas dijo el 16 de octubre a la Corte Suprema que dicho estado debería tener permitido enjuiciar a los extranjeros ilegales por robo de identidad cuando trabajan con números del Seguro Social que pertenecen a otras personas, a pesar de que la ley federal de inmigración ya regula si esas personas pueden trabajar en Estados Unidos.
Kansas y otros estados, respaldados por la administración Trump, quieren que la autoridad legal procese a los extranjeros ilegales por robo de identidad y otros delitos. Una victoria de Kansas daría a los demás estados más poder para tratar con extranjeros ilegales, en lugar de depender únicamente de funcionarios federales.
Sin embargo, los defensores de extranjeros ilegales dicen que el empleo no autorizado ya es ilegal a nivel federal, por lo que es injusto someter a esas personas a un riesgo legal adicional a nivel estatal. También argumentan que Kansas está, en efecto, creando su propia política de inmigración, algo que generalmente no está permitido por la ley federal.
En el caso legal conocido como Kansas v. García, tres extranjeros ilegales buscaron empleos en restaurantes en Kansas utilizando identidades falsas.
La Corte Suprema de Kansas determinó que la Ley Federal de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) de 1986 impide la aplicación del robo de identidad estatal, el fraude de identidad y la redacción de leyes falsas por escrito siempre que la información necesaria para la acusación esté contenida o adjunta a una Verificación de Elegibilidad para el Empleo federal -conocida como un Formulario I-9-, incluso cuando el estado procesa por el uso de esa misma información en documentos que no son de IRCCA.
«Es la expresión clara y llana del Congreso de su intención de evitar el uso del formulario I-9 y cualquier información contenida en el I-9 para fines distintos de los enumerados», sostuvo la corte estatal.
El fiscal general de Kansas, Derek Schmidt, un republicano elegido por primera vez para el cargo en 2010, argumentó que la decisión de la Corte Suprema del Estado era absurda porque evitaría que Kansas aplique de manera neutral sus propias leyes. Schmidt les dijo a los jueces que los extranjeros ilegales no deberían recibir ninguna «inmunidad especial» de parte de la fiscalía estatal solo porque el gobierno federal es responsable de regular la inmigración.
En un año reciente, más de 15 millones de estadounidenses se convirtieron en víctimas de robo de identidad y «muchas de esas víctimas fueron dejadas para tener que aclarar su reputación, elegibilidad y otros asuntos», dijo.
«Es por eso que Kansas, como cualquier otro estado, convierte el robo de identidad en un delito», dijo Schmidt. “Nuestras leyes se aplican en todos los entornos a todas las personas, ciudadanos y extranjeros por igual. Los denunciados fueron condenados porque robaron la información personal de otras personas con la intención de defraudar».
La jueza Elena Kagan desafió a Schmidt, haciendo referencia a la decisión del tribunal de 2012 en Arizona v. Estados Unidos, en la que los jueces revocaron gran parte de la ley estatal conocida como SB 1070 porque se entrometió en la autoridad federal. Esa ley de Arizona reflejó el requisito de la ley federal de que los extranjeros adultos lleven una identificación adecuada de su persona en todo momento y lo convirtió en un delito menor a nivel estatal para que un extranjero esté presente en el estado sin la documentación requerida.
El argumento de Schmidt «esencialmente … desmiente todo lo que dijimos en Arizona, ¿no?», preguntó Kagan. «Si tiene razón en este caso, bien podríamos no haber emitido Arizona».
Schmidt respondió a la jueza Kagan. «No estamos apuntando a personas debido a su estado. Estamos haciendo cumplir nuestras leyes de robo de identidad».
Por su parte el juez Samuel Alito dijo que la ley de Kansas puede distinguirse de la ley parcialmente invalidada de Arizona.
“Esta no es una situación como Arizona, donde un estado ha criminalizado algo que no es criminal bajo la ley federal. Es un caso donde la misma conducta es criminal según la ley federal y, en Kansas, según la ley de Kansas», dijo Alito.
«El fallo de Kansas permitiría a los estados perseguir el empleo no autorizado de una manera bastante sustancial», agregó el juez Brett Kavanaugh.
La Corte Suprema puede no emitir una decisión definitiva en este caso, dijo el juez Neil Gorsuch al abogado de extranjeros, Paul Hughes, porque Kansas y otros estados tendrían cuidado de usar documentos que no sean documentos aprobados por IRCA para procesar casos de robo de identidad en contra de aquellos que están en el país sin autorización.
“¿Entonces estamos decidiendo cuántos ángeles están bailando en la cabeza de este alfiler? ¿De eso se trata este caso?”, expresó Gorsuch, agregando que los funcionarios estatales podrían simplemente “usar un conjunto diferente de palabras mágicas”, para seguir adelante con los procesamientos.
Los argumentos orales llegaron el día después que el presidente Donald Trump vetara una resolución conjunta del Congreso desaprobando su declaración de emergencia nacional destinada a liberar fondos federales para construir un muro en la frontera con México. No se espera que los opositores puedan reunir suficientes votos para anular el veto.
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