Un profesor jubilado de la prestigiosa Universidad de Beijing sugirió recientemente que las autoridades chinas exijan a los funcionarios que revelen sus activos financieros, empezando por los siete miembros del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista Chino (PCCh).
Zheng Yefu, que se especializa en sociología, expresó sus opiniones en un comentario del 22 de diciembre publicado en el sitio web: «China en perspectiva». En el artículo, Zheng argumentó que el hecho de que los funcionarios chinos se sinceraran sobre sus riquezas era la mejor manera de proteger la independencia judicial y asegurar el éxito de los esfuerzos anticorrupción.
El Comité Permanente del Politburó, encabezado por el líder chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, es el más alto órgano de toma de decisiones del país.
Zheng causó un gran revuelo en diciembre de 2018, cuando publicó un profundo artículo de opinión en el que criticaba el sistema autoritario del PCCh por haber causado peligrosas crisis sociales, y exhortaba a sus dirigentes a «sacar al Partido del escenario histórico con honor y dignidad».
Anticorrupción
Desde 2013, Xi Jinping ha llevado a cabo una campaña anticorrupción a gran escala, disciplinando a millones de funcionarios del PCCh y del estado chino. Sin embargo, muchos analistas señalan que la campaña se ha dirigido principalmente a la influencia política de las facciones del Partido que se oponen a Xi, en lugar de resolver las causas estructurales de la corrupción dentro del PCCh.
Los funcionarios acusados de corrupción suelen ser juzgados solo después de haber sido tratados por personal de la agencia de inspección disciplinaria del PCCh a través de un proceso extralegal nada transparente llamado shuanggui.
Sin embargo, «no importa cuántos funcionarios corruptos se arresten, no se puede estar seguro que los que aún no están implicados sean inocentes», mencionó Zheng.
La aprobación de leyes de divulgación de activos obligaría a los funcionarios chinos a limpiar sus actos, ya que estarían sujetos a la vigilancia de la judicatura, así como del público chino, señaló el profesor.
Zheng citó al Banco Mundial diciendo que para 2016, 153 países habían adoptado sistemas de divulgación financiera, en comparación con 137 en 2013. En Estados Unidos, la Ley de Reforma Ética de 1989 añadió a los miembros del Congreso, funcionarios y empleados del Congreso, y «especificó a los nombramientos presidenciales a la lista del personal federal requerido para presentar informes de declaración patrimonial».
Las autoridades chinas aún no han aplicado tales medidas, a pesar de los peticiones de académicos como Zheng durante las últimas tres décadas.
Doble calificación
Zheng criticó el shuanggui, el sistema que la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) del PCCh utiliza para detener a los funcionarios corruptos. Los dos caracteres de la palabra, a veces traducidos como «doble calificación», se refieren a que el funcionario acusado es convocado a un lugar determinado a una hora determinada, donde puede esperar ser detenido e interrogado.
Shuanggui, que se instauró en 1994, pasó a llamarse en 2018 «detención», pero sigue esencialmente el mismo procedimiento.
La ley china exige que los sospechosos sean liberados después de 24 horas si no se encuentran pruebas de un delito. Al ser un procedimiento ilegal, el shuanggui permite que los inspectores del CCDI pasen por alto esta restricción y detengan a las personas indefinidamente. Los objetivos de shuanggui son a menudo detenidos en hoteles, oficinas y otros lugares no oficiales mientras los inspectores construyen casos contra ellos.
En marzo de 2018, como parte de un amplio esfuerzo de reforma institucional, la dirección de Xi fusionó el CCDI con la procuraduría del estado. «Sabían que el shuanggui era ilegal, así que inventaron este plan», escribió Zheng.
Según comentó, desde entonces el poder judicial había quedado completamente bajo el control del Partido, y «los controles y equilibrios dejaron de existir».
La reestructuración institucional de Xi es parte de un cambio de autoridad que se aleja de la Comisión de Asuntos Políticos y Legales (PLAC), una organización del Partido Comunista que supervisa los tribunales, la fiscalía y las fuerzas policiales de China. Ganó prominencia bajo el ex jefe del partido Jiang Zemin, quien apiló la PLAC y otros importantes organismos del PCCh con sus aliados.
En 2014, el CCDI puso bajo investigación a Zhou Yongkang, entonces jefe del CCDI y asociado cercano de Jiang Zemin. Fue expulsado del Partido y se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua en junio de 2015.
Con la colaboración de Leo Timm.
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