La asociación de propietarios del estado de Nueva York ha pedido a una corte federal que suspenda la prorroga de la moratoria de desalojo del estado, diciendo que viola su propiedad, el debido proceso y los derechos de la Primera Enmienda.
La Corte Suprema ya suspendió la moratoria anterior, pero la legislatura estatal modificó la política y la aprobó nuevamente. La asociación dice que la política sigue siendo fundamentalmente la misma y, por lo tanto, viola sus derechos.
La nueva prohibición de desalojo fue aprobada por la legislatura el 2 de septiembre y permanecería en vigor hasta el 15 de enero.
Más de 700,000 hogares en Nueva York deben un estimado de USD 2.2 mil millones en alquiler colectivamente, según el Atlas de Equidad Nacional. La mayoría de los casos de desalojo se han detenido en los tribunales de vivienda desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, cuando se implementó por primera vez la moratoria estatal. Se había prorrogado dos veces antes de la última extensión.
Los propietarios, especialmente los más pequeños, se han quejado de que la prohibición es demasiado extensa. Para evitar el desalojo, los inquilinos solo deben marcar una casilla en un formulario para indicar que han sufrido dificultades financieras o que enfrentan un riesgo médico en caso de mudarse debido a la pandemia de COVID-19. No se requieren más pruebas.
La moratoria anterior no les dio a los propietarios prácticamente ningún recurso para impugnar la solicitud del inquilino. La nueva les permite impugnar la solicitud y pedirle a un juez que lo invalide.
El grupo de propietarios, Rent Stabilization Association, calificó la nueva opción como «un procedimiento vacío destinado a dar cobertura al Estado sin abordar de manera significativa el tema del debido proceso», en su interposición judicial del 9 de septiembre.
Y sostiene que los propietarios «normalmente no tendrían acceso a los hechos» necesarios para respaldar la impugnación, «como, por ejemplo, si el inquilino ha asumido más responsabilidades de cuidado infantil durante la pandemia o si la asistencia pública no compensa la pérdida de los ingresos del hogar».
“Esta información acerca de si un inquilino ha sufrido una de las numerosas ‘dificultades’ vagas y no especificadas relacionadas con el COVID-19 está únicamente en disposición de ese inquilino”, dice la presentación.
La impugnación puede basarse en una “creencia de buena fe” de que el inquilino en realidad no enfrenta dificultades, pero debe hacerse bajo pena de perjurio, que se castiga con hasta siete años de prisión.
En estas condiciones, sería «notablemente arriesgado» para los propietarios plantear tal impugnación, a menos que conozcan los detalles de primera mano sobre la situación del inquilino, según el expediente judicial.
“El debido proceso que la Extensión pretende ofrecer es un espejismo”, dice.
La única otra forma de impugnar la solicitud sería demostrarle a un juez que el inquilino está dañando la propiedad.
La orden judicial del 12 de agosto de la Corte Suprema que suspendió la prohibición de desalojo anterior también debería aplicarse a la nueva, dijo la asociación.
«La autoridad judicial y el estado de derecho no se eluden tan fácilmente», dijo. «El intento del Estado de evadir la orden de la Corte Suprema debe ser frustrado».
Como alternativa, solicitó una nueva orden judicial.
Algunos propietarios se han quejado de que la moratoria alienta a los malos actores a alegar deshonestamente dificultades para dejar de pagar el alquiler.
El estado ha recibido miles de millones en financiamiento federal para programas que deberían reembolsar a los propietarios el alquiler perdido de los inquilinos afectados por la pandemia. El programa más reciente había tenido un despliegue lento, según descubrió un organismo de control estatal el mes pasado.
Con información de Mimi Nguyen Ly.
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