Una proposición estatal que ampliaría el control de los alquileres en toda California se clasificó a principios de este mes para la votación de noviembre de 2024, según anunció el 26 de julio la secretaria de Estado, Shirley Weber.
Éste será el tercer intento de aprobar la iniciativa estatal denominada Ley de Justicia para los Inquilinos.
«Estamos muy emocionados por la marca de hoy. Obviamente, sabemos que los alquileres son demasiado elevados en California y ha llegado el momento de levantar la prohibición parcial del control de alquileres y aliviar el sufrimiento de millones de inquilinos que se enfrentan a alquileres desorbitados», declaró Susie Shannon, directora de políticas de La Vivienda es un Derecho Humano, en una conferencia de prensa online celebrada el 7 de julio en la que se anunció la calificación de la iniciativa para la votación.
Según Weber, los organizadores recogieron más de 810,000 firmas, de las cuales 601,000 eran válidas, suficientes para que la iniciativa se presentara a las elecciones del 5 de noviembre de 2024.
Si los votantes la aprueban, la iniciativa derogaría la Ley de Viviendas de Alquiler Costa-Hawkins de 1995, que prohíbe el control de los alquileres en viviendas unifamiliares y apartamentos terminados después del 1 de febrero de 1999. La derogación de la ley devolvería la cuestión a los gobiernos de las ciudades y condados para que establecieran límites de alquiler y permitiría a los gobiernos locales ordenar lo que un propietario puede cobrar a los inquilinos en concepto de fianza.
La organización llevó a cabo dos campañas sin éxito en el pasado: la Propuesta 21 en 2020 y la Propuesta 10 en 2018. Ambas medidas fueron derrotadas por casi el 60% de los votantes.
Varias organizaciones de justicia en materia de vivienda apoyan la iniciativa, entre ellas Veterans’ Voices, Housing is a Human Right, Pomona United for Stable Housing Coalition y la Asociación de Enfermeros de California.
El patrocinador financiero de la medida es la AIDS Healthcare Foundation, con sede en Los Ángeles, organización sin ánimo de lucro y defensora de la vivienda, según los registros estatales.
Delores Huerta, activista de los derechos civiles y cofundadora del sindicato United Farm Workers, habló a favor de la aprobación de la nueva ley en la conferencia de prensa online.
«Hemos visto que las cifras de personas indigentes han ido creciendo cada vez más», dijo la Sra. Huerta. «Sabemos que hay gente muy desalmada al otro lado. Todos vamos a tener que hacerlo lo mejor que podamos. Los alquileres son demasiado altos».
Sus defensores afirman que la iniciativa haría que los barrios fueran más asequibles para los inquilinos de rentas medias y bajas.
Actualmente, la Ley 1482 de la Asamblea de California, que entró en vigor en 2020, establece protecciones para los inquilinos en todo el estado, incluida la limitación de los aumentos anuales de los alquileres al 5% más la inflación hasta el 10%, lo que sea menor.
«La ley actual impide que los gobiernos locales amplíen el control de los alquileres, dejando a los inquilinos a merced de los propietarios corporativos y de unos alquileres desorbitados que pocas personas pueden permitirse», afirman los proponentes en una hoja informativa del sitio web Justicia para los Inquilinos.
En el estado hay más de 17 millones de inquilinos de un total de 39.5 millones de residentes, de los cuales el 80% son personas con bajos ingresos que pagan más del 30% de sus ingresos en concepto de alquiler, según un análisis legislativo estatal de la AB 1482.
Menos del 20 por ciento de los inquilinos viven en unidades de alquiler controlado.
Los californianos pagan algunos de los alquileres más caros del país. El promedio en el estado es de 2902 dólares para todos los tamaños y tipos de propiedad, según un informe del 21 de julio de la empresa de listados inmobiliarios online Zillow.
A 8 de mayo, más de 768,000 hogares estaban atrasados en el pago del alquiler en el estado, con deudas que superaban totalmente los 5000 millones de dólares, lo que ponía a unos 721,000 niños en riesgo de desahucio, según el Atlas Nacional de Equidad, una herramienta colaborativa de datos y análisis fundada por Policy Link, con sede en Oakland, y el Instituto de Investigación sobre Equidad de la Universidad del Sur de California.
La Legislatura se negó a aprobar una medida similar este año. El proyecto de ley 446 del Senado, patrocinado por la senadora Aisha Wahab (D-Hayward), fracasó en el pleno del Senado después de que 16 senadores votaran en contra. La oficina de Wahab dijo a The Epoch Times que podría plantearse volver a presentar el proyecto el año que viene.
El proyecto de ley recibió una fuerte oposición de grupos de propietarios, entre ellos la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles, la mayor organización estatal de comercio de viviendas de alquiler de Estados Unidos.
La Asociación de Apartamentos también está organizando una «fuerte oposición» contra la Ley de Justicia para los Inquilinos, según una declaración publicada el 27 de julio en su sitio web.
«La iniciativa propuesta otorga a los gobiernos locales el pleno control de la normativa sobre el control de los alquileres y, si se aprueba, el resultado será desastroso», afirma la asociación en el comunicado.
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