El presidente de Bolivia, Luis Arce, cumplirá este martes dos años de gestión en medio de los conflictos por la fecha del censo de población que lidera Santa Cruz, la mayor región y motor económico del país.
Arce dará un informe de gestión ante la Asamblea Legislativa que estará precedido por una ceremonia en la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Gobierno y el Parlamento nacional en La Paz, informó este lunes a los medios la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
Al concluir el discurso del mandatario, que se prevé que sea extenso, habrá un desfile de organizaciones sociales afines al Gobierno en la misma plaza.
«Es un informe que tiene que ver con distintos ámbitos, el económico, social (…) Es un informe del Ejecutivo, de lo que se ha hecho en estos 12 meses en las distintas áreas», indicó Alcón.
Todos los canales de televisión y radios están obligados a difundir en cadena nacional y «en su totalidad» el discurso del mandatario por una ley promulgada en 2011, recordó la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) en un comunicado difundido en esta jornada.
Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, llegó a la Presidencia boliviana tras imponerse en las elecciones generales de 2020 con el 55,1 % de la votación, desarrolladas un año después de los fallidos comicios que dieron lugar a la crisis social y política de 2019.
La polarización en el país se ha mantenido desde entonces, pues el Gobierno insiste en que en 2019 hubo un golpe de Estado contra Morales y los detractores del oficialismo sostienen que su renuncia fue resultado de las protestas contra un fraude electoral a su favor en las elecciones de 2019 que fueron anuladas después.
Las denuncias de un nuevo «golpe», esta vez contra Arce, han vuelto a surgir entre sus sectores leales por la huelga que se cumple desde hace 17 días en Santa Cruz, que reclama que el censo se realice en 2023.
El empadronamiento debía efectuarse este noviembre, pero en julio el Gobierno de Arce definió aplazarlo a 2024 alegando razones técnicas, lo que generó las protestas sobre todo en Santa Cruz.
El Ejecutivo ha advertido que las pérdidas económicas por el paro superan los 500 millones de dólares, mientras que los sectores movilizados por el censo culpan también al llamado «cerco» que hasta la víspera cumplían sectores oficialistas en Santa Cruz en contra de la huelga.
Los grupos afines al oficialismo cercaron a la región con bloqueos de carreteras que impidieron el paso de alimentos y también afectaron a la provisión de combustibles, pero además amenazaron con tomar empresas privadas a las que acusaron de supuestamente financiar la huelga para desestabilizar al Gobierno nacional.
El «cerco» se levantó a la espera de las resoluciones de una comisión técnica instalada en la ciudad amazónica de Trinidad para fijar la fecha definitiva del censo.
Además de ese conflicto, Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, también enfrentan problemas internos en el MAS entre facciones leales a los mandatarios y la llamada «ala evista» que les reclama por espacios perdidos en el Legislativo.
Estas fricciones se hicieron evidentes también en un reciente hilo en Twitter en el que Evo Morales señaló que no cree que detrás de las protestas por el censo haya una intención de dar un «golpe de Estado», pero sí un «plan» para debilitar al oficialismo y dañar la economía.
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