La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado, reiteró este jueves su determinación de competir en las elecciones frente al chavismo, pese a la inhabilitación administrativa que pesa en su contra y que le impide postularse a cargos de elección popular.
«La írrita pretensión de bloquearme la gente la resolvió el 22 de octubre, le dijeron al régimen de (Nicolás) Maduro lo que piensa el pueblo de Venezuela sobre esa fulana inhabilitación, y a mí lo único que me importa es lo que piensa la gente», dijo la exlegisladora durante un evento multitudinario en el estado Lara (oeste).
Insistió en que trabaja «día y noche» en la construcción de una «fuerza ciudadana capaz de derrotar a Nicolás Maduro».
Machado se mostró segura de poder derrotar a Maduro o a cualquier candidato que el chavismo, que aún no ha proclamado oficialmente a su aspirante, decida postular para las presidenciales, que se celebrarán en el segundo semestre de 2024, en una fecha que todavía no se ha definido.
Reiteró que la legitimidad que necesita para participar le fue otorgada por la ciudadanía el 22 de octubre, cuando resultó ganadora de las primarias de la oposición con el 92.35 % de los votos.
Este jueves finaliza el plazo que el Gobierno de Estados Unidos dio al chavismo para la liberación de los presos políticos estadounidenses en el país caribeño, y para dar pasos hacia la habilitación de políticos opositores inhabilitados, entre ellos, Machado.
Ayer, el jefe de la delegación de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en las negociaciones con el Ejecutivo, Gerardo Blyde, aseguró que esperan, antes del viernes, un anuncio por parte del chavismo en el que se indique el camino a seguir para levantar la inhabilitación política a Machado.
Esta posibilidad fue negada por el diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, quien tildó de «mentiroso» a Blyde, y aseguró que el levantamiento de estas sanciones impuestas por la Contraloría General no se dará, pues «no depende del Gobierno» y son las instituciones las que «toman decisiones en Venezuela».
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