Angeli Rose Gómez, una madre que arriesgó la vida para rescatar a sus hijos del tiroteo en la Escuela Primaria Robb de Uvalde (Texas), dice a Efe que las autoridades «le fallaron» a las 21 víctimas y denuncia que ha sufrido «acoso» por parte de agentes policiales.
El pasado 24 de mayo Gómez se encontraba trabajando en el campo recolectando cebolla como todos los días cuando le avisaron de que en la escuela de sus hijos, de 8 y 9 años, había un tiroteo.
«Mi madre me llamó y me dijo: ‘Están disparando aquí en la Escuela Robb. No sé dónde está el tirador pero hay disparos. Tienes que venir'», señala.
No recuerda cómo pero asegura que atravesó corriendo los sembradíos y condujo su coche a más de 100 millas (160 kilómetros) por hora hasta la entrada de la escuela en Uvalde.
«De inmediato los policías que estaban ahí se acercaron y me dijeron que no podía estacionarme en ese lugar, por lo que les respondí: ‘¿Por qué están hablando aquí conmigo? ¿Por qué no están entrando a la escuela? ¿Qué están haciendo para salvar a los niños?'», recuerda.
En vez de responder a sus preguntas, los agentes la esposaron y le dijeron que no la soltarían hasta que se calmara.
«Sabía que la única manera de que me soltaran era diciéndoles que iba a cooperar, y me soltaron tres o cinco minutos después», dice.
Ella sólo podía pensar en la seguridad de sus hijos. Cuando se vio libre de las esposas y, en medio de la confusión, vio una puerta de la escuela abierta y entró corriendo hasta el aula de uno de sus hijos, y junto con el maestro logró sacar a todo el grupo.
«Después regresé y llegué hasta el aula de mi segundo hijo. La maestra al principio no quería abrirme la puerta y la policía trató de sacarme, pero les dije que no me iría si no evacuaban también a todo el aula, y fue cuando comenzaron a sacarlos», relata.
Todo esto ocurrió durante la incursión armada de Salvador Ramos, de 18 años, quien mató a tiros a 19 niños y dos maestras, e hirió a otras 17 personas.
«Nos fallaron; la policía nos falló a todos», sostiene.
Asegura que una vez que sus hijos estuvieron fuera, ella permaneció en el lugar buscando saber de una sobrina, y atestiguó cómo otros padres suplicaban de rodillas a los policías que entraran a salvar a sus hijos.
«A unos padres al igual que a mí los amenazaron con esposarlos, a otro con echarle gas pimienta. Nos trataban como si fuéramos los tiradores, los criminales, mientras que al verdadero asesino no le hicieron nada», narra.
Está convencida de que se hubieran salvado vidas si los agentes hubieran entrado rápido.
«Lo que más duele es que muchos padres estaban afuera de la escuela suplicando a los policías, sin saber que algunos de sus hijos estaban siendo asesinados en ese momento», dice Gómez.
Los padres han responsabilizado de la decisión de esperar tanto tiempo a Pete Arredondo, jefe de policía local, actualmente suspendido de sus funciones.
«Desde un principio nos mintieron y creo que nos siguen mintiendo; siguen cambiando una y otra vez la versión de los hechos», señala.
Relata que horas después del tiroteo muchos padres estaban desesperados porque no tenían noticias de sus hijos. A algunos les habían dicho que quizá los niños estaban en hospitales de otras ciudades, a otros que tal vez salieron de la escuela ellos solos.
«Muchos padres se volcaron a las redes sociales y la televisión pidiendo la cooperación (…). Todo esto mientras la misma Policía sabía que los niños estaban muertos», lamenta.
El dolor de los padres y la comunidad hizo que se organizaran para exigir un cambio estatal en las leyes que permitieron que un joven de 18 años comprara libremente un arma semiautomática al estilo AR15.
Fierce Madres
Gómez forma parte del recién formado grupo de madres latinas Fierce Madres, integrado ya por más de 1.000 personas, muchas de ellas familiares de los fallecidos.
Considera un primer paso la ley federal recientemente firmada por el presidente estadounidense, Joe Biden, que refuerza la comprobación de antecedentes de los compradores de armas de hasta 21 años.
Sin embargo, está convencida de que se requieren cambios a nivel estatal, especialmente en Texas, donde se favorece la compra y porte de armas de fuego.
Gómez y otros padres piden que la Primaria Robb no sea demolida mientras son investigados plenamente los hechos, y sobre todo que haya una indagación independiente.
Asegura que sus críticas la han convertido en blanco de las autoridades, que en su opinión quieren silenciarla.
«Me siguen acosando. Constantemente hay patrullas paradas o pasando cerca de mi casa, y en ocasiones me han parado en la calle para revisar mi auto sin ningún motivo», denuncia.
Sostiene que en las redes sociales ha recibido fuertes críticas y mensajes que le dicen: «Aquí no hay policías que te ayuden, así como dices que no hubo en la escuela».
Pese a ello, afirma que no dejará de luchar ya que aunque sus hijos sobrevivieron continúan sintiendo mucho temor y no quieren salir solos de casa.
«Ningún niño tiene por qué tener miedo de salir; no tiene que tener miedo de ir a la escuela», concluye.
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