La elección de un nuevo poder electoral en Venezuela es una estrategia política del régimen de Nicolás Maduro para “bajar la presión, engañar y dividir”, según Juan Guaidó, a quien 50 Gobiernos del mundo reconocen como presidente interino del país.
Guaidó publicó la noche del miércoles un comunicado donde expresa su rechazo al nombramiento de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, que la oposición y buena parte de la comunidad internacional valora como ilegítima.
Los rectores principales del poder comicial por los próximos siete años son tres funcionarios con antecedentes vinculados al chavismo y dos, cercanos a la oposición. Miembros de la sociedad civil y voceros de algunos partidos que enfrentan al régimen de Maduro manifestaron su esperanza de que la decisión sea el primer paso de un proceso extenso de redemocratización de la nación.
Guaidó opina distinto. “La dictadura de Nicolás Maduro ha impuesto un presunto nuevo CNE a través de una institución ilegítima, sin participación ni concurso de las fuerzas democráticas legítimas y unitarias, ni con garantías de la comunidad internacional”, indicó en su comunicado oficial.
A su entender, el Parlamento votado en diciembre pasado, de mayoría oficialista, “no puede imponerle a todo un país el árbitro”. Luego, consideró que el presidente socialista “solo busca bajar la presión, engañar y dividir tanto a las fuerzas democráticas nacionales como a la comunidad internacional”.
Según Guaidó, Maduro intenta “eludir un proceso serio de negociación, que cuente con el aval de las principales democracias del mundo”. Entonces, Guaidó indicó que se requiere de “un gran acuerdo nacional” con sus partidos aliados y el apoyo de la comunidad internacional para zanjar la crisis política.
Delegados de Gobiernos extranjeros, como Noruega y España, han conversado con miembros del régimen madurista, la oposición venezolana y la sociedad civil venezolana para sopesar la posibilidad de un proceso de diálogo formal entre las partes a fin de lograr una solución a la larga crisis política nacional.
Guaidó adelantó que anunciaría pronto la estrategia de sus partidos aliados ante “la posibilidad de alcanzar un acuerdo a través de un nuevo proceso de negociación” y la convocatoria de elecciones regionales.
También, aclaró el miércoles que ningún integrante de su “gobierno interino”, de la Asamblea Nacional electa en 2015 ni los partidos de la plataforma unitaria que le apoya participaron en negociaciones para escoger el nuevo CNE.
Dudó, asimismo, que ese incipiente Poder Electoral tenga como prioridad la elaboración de un cronograma de votaciones que incluya sufragios presidenciales y del Parlamento. “No es independiente”, aseveró.
Acuerdo «serio e integral»
Los partidos que conforman la llamada plataforma unitaria de la oposición venezolana, por su parte, exhortaron a la comunidad internacional a enfocar sus esfuerzos en “facilitar la consecución de un acuerdo serio e integral” con quienes definieron como “los actores que puede garantizar una solución al conflicto”.
Entre ellos, mencionaron a “las fuerzas democráticas unitarias y legítimas”, al “régimen” de Nicolás Maduro y a la comunidad internacional. Ese diálogo, dijeron, debe centrarse en un cronograma electoral de votaciones “libres, justas y verificables” y el ingreso de ayuda humanitaria en el país.
Convidaron a los países interesados en una solución política en Venezuela a que “no se presten a participar o incentivar iniciativas parciales del régimen cuyo propósitos no es otro que ‘normalizar’ la imposición arbitraria y dictatorial en el poder de quienes tanto daño le han hecho al país y así dividir” a la oposición.
“Estamos dispuestos a transitar un proceso de acuerdos serios que nos lleve a una verdadera solución política y a verdaderas elecciones libres. La salida electoral es la más idónea, rápida y menos traumática que se puede construir frente a la tragedia que vive Venezuela”, concluyeron los aliados de Guaidó.
La elección del nuevo CNE ha generado reacciones diversas en la comunidad internacional. La secretaría general de la Organización de Estados Americanos rechazó su nombramiento por “la ilegitimidad de origen” del Parlamento, mientras España y un vocero de la Unión Europea lo valoraron como un “primer paso” hacia un proceso electoral creíble y transparente.
Políticos estadounidenses también mostraron posiciones antagónicas. Gregory Meeks, congresista que preside la comisión de asuntos exteriores de la cámara baja, opinó que la administración Biden debería “enviar señales claras a Caracas” para reconocer lo que calificó como “gestos positivos”.
Senadores como Marco Rubio se expresaron en total desacuerdo con las “ilegítimas acciones del régimen de Maduro” e invitaron a la Casa Blanca a no creer en la “maniobra” de la escogencia del nuevo poder electoral, no obstante.
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