El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro continúa socavando los derechos humanos y la democracia en Venezuela.
Las desapariciones forzadas de civiles venezolanos por parte del régimen van en aumento, de acuerdo a un informe de la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy Human Rights y Foro Penal, una organización venezolana de derechos humanos.
El régimen ha secuestrado a civiles de los que sospecha que son disidentes políticos, así como a sus familiares, y los ha torturado durante días. De muchos de ellos no se ha escuchado nada ni se les ha vuelto a ver.
El informe detalla 200 desapariciones forzadas en 2018, 524 en 2019 y más de 230 casos hasta junio de 2020. El aumento de las desapariciones se correlaciona con la profundización de la crisis política y el control autoritario de Maduro, indica el informe.
Asimismo, el informe señala que las mujeres detenidas por los matones del régimen enfrentan una mayor probabilidad de ser desaparecidas, lo que sugiere que las mujeres están siendo utilizadas para castigar e intimidar a sus familiares para que obedezcan al régimen de Maduro.
“La desaparición forzada y, más aún cuando es sistemática, resulta en una intensa vulneración del derecho a la defensa del detenido”, expresó Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal. “La desaparición forzada convierte a una detención arbitraria, que de por sí es una grave violación a los derechos humanos, en una barbaridad ilimitada para el perpetrador”.
Amañar las elecciones con anticipación
Mientras tanto, Maduro continúa saboteando el derecho de los venezolanos a celebrar futuras elecciones libres y justas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineado con Maduro, reemplazó a los líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) con los compinches de Maduro, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo.
“Estas son acciones inconstitucionales”, indicó Pompeo. “Se burlan de los procesos democráticos, y el pueblo venezolano está luchando para proteger esas libertades que tanto se merecen”.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó recientemente una resolución que condena al Consejo Nacional Electoral designado por Maduro al igual que otras acciones del TSJ, alineado con Maduro.
“Más que nunca debemos proteger las prerrogativas de la @AsambleaVE (Asamblea Nacional de Venezuela) como último vestigio democrático en el país”, dijo el secretario general de la OEA Luis Almagro en Twitter, “y rechazar y anular las decisiones espurias de los ilegítimos TSJ y CNE”.
Sanciones contra la corrupción
En respuesta al apoyo del régimen de Maduro a la corrupción, el gobierno de Estados Unidos seguirá sancionando a los malos actores cómplices de la explotación de los venezolanos por parte de Maduro.
El 18 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Joaquín Leal Jiménez y Alex Nain Saab Morán (en inglés) en México por trabajar con el régimen de Maduro para intercambiar alimentos y agua por petróleo.
Para evadir las sanciones de Estados Unidos, Maduro utilizó la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA para intercambiar petróleo crudo con Leal y Saab, supuestamente a cambio de agua potable y alimentos para los venezolanos. Sin embargo, mientras que el petróleo venezolano era entregado a México, el pueblo venezolano no se benefició de esta transacción.
Esto sucede inmediatamente después de la grave escasez de alimentos y agua. Una encuesta realizada en abril encontró que el 86 por ciento de los venezolanos tienen acceso poco fiable al agua y el 11 por ciento no tiene acceso al agua en absoluto.
“El mejor camino para salir de la crisis venezolana es a través de un gobierno de transición ampliamente aceptable para administrar elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas”, dijo Pompeo.
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