El régimen de Nicolás Maduro rechazó este martes cooperar con la misión de investigación de alto nivel sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presidido por la alta comisionada Michelle Bachelet.
En un comunicado, el régimen chavista rechazó la creación de la entidad con la pretendida misión de investigar posibles violaciones de derechos humanos, calificándola como “un vergonzoso uso político de los mecanismos” y le negó la entrada al país.
Para realizar su informe los representantes de la comisión ahora tendrán que recabar testimonios de los venezolanos que emigraron a naciones vecinas por la crisis y utilizar los reportes de las organizaciones venezolanas de derechos humanos que siguen dentro de Venezuela, según información de medios.
El informe deberá presentarse por escrito en septiembre de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y la investigación se deberá centrar en los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ocurridos a partir de 2014, «con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y justicia para las víctimas», según señala un mandato aprobado por la ONU.
A finales de septiembre el Consejo de Derechos Humanos creó una comisión especial para investigar los presuntos abusos cometidos bajo la dictadura en Venezuela en aplicación de una resolución impulsada por el Grupo de Lima.
En una declaración conjunta del 26 de septiembre posterior a una reunión, los 14 miembros del Grupo de Lima “expresaron su grave preocupación por las serias violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela, documentadas exhaustivamente en el informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en julio pasado”.
También señalaron “que dichas violaciones resultan de una estrategia ‘orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y críticos del Gobierno» y enfatizaron la urgente necesidad de liberar inmediatamente a todos los prisioneros políticos. Asimismo afirmaron que «continuarán coordinado acciones efectivas en materia de derechos humanos tanto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como en otros organismos internacionales”.
Como consecuencia, el Consejo de Derechos Humanos creó una comisión especial para investigar los presuntos abusos cometidos bajo la dictadura en Venezuela en aplicación de la resolución impulsada por el Grupo de Lima.
La aplicación de estas medidas surgió a raíz del informe de Michelle Bachelet publicado en julio pasado en el cuál recomendó “remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país”.
“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró Bachelet.
Entre las violaciones de derechos humanos destacan “el uso de la tortura y el acceso a la justicia” como las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas especiales. En 2018 se registraron en Venezuela 5,287 muertes supuestamente por “resistencia a la autoridad”, y entre el primero de enero y principios de mayo, 1,569 personas fueron asesinadas, según señala el informe.
“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó la exmandataria chilena.
Con información de EFE
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