Human Rights Watch (HRW) en un informe difundido este jueves denunció que el líder venezolano Nicolás Maduro, utiliza el estado de emergencia decretado por la llegada del COVID-19 para intensificar su control de la población.
El informe señala que tanto el régimen de Maduro como sus fuerzas de seguridad «son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes».
«Se han valido del estado de excepción impuesto en respuesta al COVID-19 como pretexto para aumentar su control sobre la población», dice el informe.
Y agrega que «la falta de independencia judicial contribuyó a la impunidad de sus delitos. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices en los abusos».
Esto ocurre mientras Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja y extensa, donde el país inició el año superando los 446,000 casos de COVID-19 y 5345 muertes desde el comienzo de la pandemia, mientras que hay millones de venezolanos que no tienen acceso a atención de la salud básica y tampoco a una nutrición adecuada.
«El acceso limitado a agua potable en hogares y centros de salud y un plan de vacunación menoscabado por la falta de transparencia gubernamental seguramente han contribuido a la propagación del COVID-19», señala el informe de HRW.
La organización indica que el colapso del sistema de salud ha contribuido en el incremento de enfermedades infecciosas que reaparezcan otras enfermedades que podrían ser prevenidas con vacunas y señala que «cientos de personas estarían muriendo debido a obstáculos para realizar trasplantes».
Además que «la escasez de medicamentos e insumos, las interrupciones en los servicios de agua y electricidad y la emigración de trabajadores de la salud» han mermado la capacidad de atención de los servicios de salud en el país.
El informe señala entorno a la pandemia de COVID-19 que la vacunación contra COVID-19 en el país se ha visto deteriorada por la corrupción y la falta de transparencia, además de que el régimen llevó a cabo el suministro para las vacunas usando «el ‘Carnet de la Patria’, un documento requerido desde 2017 para acceder a beneficios públicos que el gobierno ha utilizado para ejercer control social y político, especialmente en períodos electorales».
En octubre, el régimen dijo que 61.6 % de los venezolanos habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tan solo 21.6 % de los venezolanos habían completado el esquema de vacunación hasta ese momento. Y en agosto, entre 25 % y 28 % de los profesionales sanitarios seguían esperando su segunda dosis, dijo el organismo.
A mediados de diciembre, el gremio de enfermería en Venezuela evalúo renunciar de manera colectiva si el régimen de Maduro no aumentaba los sueldos. La semana pasada, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, dijo que hay escases de personal y que el equipo de enfermería continúa «sin equipos de bioseguridad y sin salarios suficientes», además de que el 65 % del personal está buscando otras formas de ingresos para poder sobrevivir.
Además, HRW en su informe recordó que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, decidió en noviembre pasado abrir formalmente una investigación sobre la comisión de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, que a través de un escrito publicado en agosto, la Fiscalía había concluido que las autoridades venezolanas no estaban dispuestas a investigar y juzgar de manera genuina casos relevantes.
Y señaló el éxodo masivo de venezolanos «que huyen de la represión y la emergencia humanitaria» que forma parte de la mayor crisis migratoria reciente en América Latina.
Con información de EFE.
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