Maestros demandaron al gobernador de California, Gavin Newsom, y al fiscal general de California, Rob Bonta, en una corte federal por políticas que, según dicen, los obligan a ocultar a los padres la condición transgénero de los estudiantes jóvenes.
La demanda se produjo después de que el gobernador promulgó varias leyes en septiembre que ampliaron las protecciones de California para las personas LGBT.
Una ley establece plazos para la denominada capacitación sobre competencia cultural requerida para los maestros y el personal de las escuelas públicas. Otra ley crea un organismo asesor para determinar las necesidades de los estudiantes LGBT. Otra ley exige que las familias demuestren su voluntad de satisfacer las necesidades de un niño en el cuidado de la crianza, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. También existe una ley que exige que las escuelas primarias y secundarias tengan baños neutrales en cuanto al género para los estudiantes.
«California se enorgullece de tener algunas de las leyes más sólidas del país en lo que respecta a proteger y apoyar a nuestra comunidad LGBTQ+, y estamos comprometidos con el trabajo continuo para crear espacios más seguros e inclusivos para todos los californianos», dijo Newsom en ese momento.
«Estas medidas ayudarán a proteger a los jóvenes vulnerables, promoverán la aceptación y crearán entornos más solidarios en nuestras escuelas y comunidades».
Al mismo tiempo, el gobernador vetó una ley que habría obligado a los jueces, que dictan órdenes de custodia y visitas, a tener en cuenta si un progenitor acepta la identidad de género profesada por un hijo.
En la demanda, las maestras del área de San Diego, Elizabeth Mirabelli y Lori Ann West, que son cristianas devotas, presentaron una demanda para oponerse a políticas que, según dicen, exigen deshonestidad.
La denuncia legal en el caso, Mirabelli vs. Olson, se presentó originalmente en abril de 2023 en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California contra el Distrito Escolar Unido de Escondido (EUSD), en el condado de San Diego, y contra funcionarios de la Junta de Educación del Estado de California.
La demanda fue motivada por las recientes políticas del distrito escolar K-8 que afectan a los estudiantes transgénero.
Las políticas requieren que los maestros ayuden en la “transición social” transgénero de un estudiante aceptando la afirmación de un niño de una identidad transgénero o de género diverso y, durante el horario escolar, usen cualquier pronombre o un nombre específico de género solicitado por el estudiante.
Al mismo tiempo, las políticas supuestamente exigen que los maestros recurran a pronombres biológicos y nombres legales cuando hablen con los padres, en un esfuerzo por ocultar información sobre la identidad de género afirmada por el niño.
Los maestros objetaron las políticas por motivos morales y religiosos y dijeron que se sentían incómodos ante la perspectiva de ocultar secretos a los padres sobre las identidades de género de sus hijos en la escuela. Ellos pidieron al distrito que los eximiera de las políticas, pero sus solicitudes fueron denegadas.
El 29 de enero, los maestros modificaron la denuncia (pdf) para agregar al Sr. Newsom y al Sr. Bonta, ambos demócratas, como acusados en la demanda.
“Todos estos acusados previamente nombrados operan bajo la supervisión y control del gobernador, quien tiene la responsabilidad final de supervisar el sistema educativo del estado”, dijo el abogado Paul Jonna del bufete de abogados LiMandri and Jonna, con sede en Rancho Santa Fe. El Sr. Jonna también se desempeña como abogado especial del Thomas More Society, la firma de abogados de interés público que presentó la demanda.
“El Distrito Escolar Escondido Union ha afirmado que el estado lo obliga a adoptar y hacer cumplir políticas de exclusión de padres en las que California dicta el engaño que exige que los maestros mientan a los padres sobre sus estudiantes”.
«Eso lleva a la conclusión de que el estado y, por lo tanto, el gobernador, es la fuerza impulsora detrás de la violación a los derechos constitucionales de Elizabeth Mirabelli y Lori Ann West».
El Distrito Escolar Unido de Escondido (EUSD) requiere que todos los maestros de primaria y secundaria “acepten sin vacilar la afirmación de un niño de una identidad transgénero o de género diverso, y… ‘[comenzar] a tratar al estudiante inmediatamente’ de acuerdo con su identidad de género afirmada”, según la demanda.
“No hay absolutamente ningún lugar para la discusión, el desacuerdo cortés o incluso para cuestionar si el niño es sincero o actúa por capricho”, continúa la denuncia. «Una vez que la transición social de un niño ha comenzado, los maestros de las escuelas primarias y secundarias del EUSD deben asegurarse de que los padres no se enteren».
“Las políticas del EUSD establecen que está prohibido ‘revelar la condición transgénero de un estudiante a personas que no tienen una necesidad legítima de información, sin el consentimiento del estudiante’, y ‘padres o cuidadores’ son, según el EUSD, personas que ‘no tienen una necesidad legítima de información’, independientemente de la edad del estudiante o de los hechos específicos de la situación”.
Los maestros, removidos de las aulas por la gerencia, ya han ganado varias batallas en su guerra legal contra las políticas del EUSD. Los maestros afirmaron que el distrito escolar tomó represalias contra ellos por presentar una demanda y los acosó.
El mes pasado, el juez de distrito Roger Benítez ordenó al distrito escolar “devolver a las demandantes Elizabeth Mirabelli y Lori Ann West a las aulas”.
The Epoch Times contactó al Sr. Newsom y al Sr. Bonta para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
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