El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, ha enviado una carta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la que plantea la conveniencia de que los municipios puedan establecer un impuesto por pernoctación en viviendas turísticas que revierta en el impulso del alquiler social.
De la Torre, que mandó la misiva el pasado 7 de agosto, quiere con esta iniciativa mitigar el efecto que los pisos turísticos tienen en ciudades como Málaga, donde creen que la proliferación de estas viviendas ha reducido el mercado de alquiler de larga temporada y tensionado los precios.
El alcalde cree que esta tasa reportaría a las arcas municipales varios millones de euros que Málaga destinaría a subvencionar los alquileres de familias en situación de exclusión social. La idea es que la causa del problema sea también parte de la solución.
«Si la vivienda turística ha incrementado el precio del alquiler, que es evidente, hágase de tal forma que la gente vea que el que viene a esa vivienda, el turista, paga una cantidad que sirve a esa finalidad», afirma De la Torre en una entrevista con EFE.
«Serían algunos millones de euros, una cifra significativa, que nos permitiría tener mucha más potencia y atender a muchas más familias dentro de esa política social que venimos haciendo desde hace años», añade el edil.
En la carta, De la Torre, que a sus 81 años afronta su séptimo mandato, esta vez con mayoría absoluta, «invita» al ministro Hereu, que fue alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011, a estudiar la posibilidad de impulsar una iniciativa legislativa orientada a disminuir el número de viviendas turísticas.
En qué consiste la tasa
Lo que propone es que esta tasa por pernoctación en pisos turísticos permita recaudar recursos para promover los alquileres sociales, mientras que el impuesto por pernocta en hoteles se destinaría a la promoción del turismo de calidad, objetivo que Málaga se ha fijado logrando que haya más hoteles de 5 estrellas.
El alcalde, en cualquier caso, condiciona la creación de la tasa a que los ayuntamientos la consensúen con el sector turístico y que éste sepa el destino de lo recaudado, señalan fuentes municipales.
El edil popular sostiene que la turismofobia «no ha calado» en Málaga y considera un error que algunos intenten promover este fenómeno con intención política, teniendo en cuenta que el turismo «juega un papel esencial en la economía española» y «dar una imagen de rechazo» al sector es «negativo para España».
En el caso de Málaga, hace un par de meses hubo una gran manifestación que reunió a varios miles de personas en protesta por el abuso de los precios de la vivienda, el alquiler y la turistificación.
De la Torre «comparte» la preocupación por la falta de vivienda asequible y asegura que el Ayuntamiento está poniendo todos los recursos a su alcance para resolver un problema que implica también a las administraciones central y autonómica.
¿Hay otras causas que reducen la oferta de alquiler?
Hay quien piensa que sí.
España es un país donde históricamente hay mucha tendencia a invertir los ahorros en comprar propiedades, lo que se conoce como invertir en «ladrillo».
Existen muchos propietarios de viviendas sin habitar que, por miedo a que el inmueble sea ocupado ilegalmente, optan por alquilarlos. Sin embargo, en los últimos años ha surgido otro fenómeno, «la inquiocupación», en la que un inquilino deja de pagar el alquiler pero no abandona la vivienda.
Y es que entre 2018 a 2023 se han ocupado en España 91.000 viviendas, y el 70% de los desahucios de vivienda son casos de impago de alquiler, según el medio especializado Economist Jurist.
En la «inquiocupación» el inquilino tiene un contrato de alquiler firmado con el arrendador pero deja de pagarle la cuota del alquiler correspondiente y se niega a abandonar la vivienda y a devolvérsela a su dueño. Si la familia «inquiocupa» solicita que le declaren «vulnerable» por tener menores a su cargo, el desahucio se alarga en el tiempo.
El tiempo medio para tramitar un desahucio se sitúa cerca de los dos años; un periodo de tiempo en el que el Gobierno obliga a las familias trabajadoras dueñas de esas viviendas a mantener a quienes dejan de pagar voluntariamente la renta del alquiler.
Según datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, la ‘inquiokupación’ se ha convertido en la forma de ocupación más habitual de nuestro país. En concreto, en España ha habido un repunte de los casos de ‘inquiokupación’ en los últimos años hasta llegar a 25.000 casos.
“Asumimos sus suministros y además tenemos que hacer frente a las costas de abogados y procuradores, con demoras judiciales superiores a 2 años, sin poder percibir el alquiler, que en muchos casos, supone el sustento para nuestras economías”, denunciaba la Plataforma en un comunicado de prensa a principios de este año.
Vicente Magro, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo asegura en su nuevo libro titulado Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble (Editorial La Ley), que la Ley de Vivienda 12/2023, de 24 de mayo «no ha dado ninguna respuesta directa al problema de la ocupación» y que actualmente existe una «desprotección absoluta» ante la falta de una regulación concreta.
Con información de EFE.
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
