Una demanda enmendada presentada el 19 de agosto insta a un tribunal a pronunciarse en contra del mandato de vacunación contra el COVID-19 de Rhode Island, señalando en parte las directrices actualizadas sobre la enfermedad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El Dr. Stephen Skoly impugna el mandato de vacunación de Rhode Island para el personal sanitario, alegando que discrimina de forma inconstitucional a las personas que están protegidas debido a una infección anterior.
El mandato impuesto por las autoridades estatales permite las exenciones médicas, pero no las basadas en una infección previa, o la inmunidad natural. Esto viola la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución de Estados Unidos, según la demanda de 34 páginas, presentada en un tribunal federal de Rhode Island.
El mandato «discrimina irracionalmente entre diferentes tipos de trabajadores sanitarios no vacunados: los no vacunados preferidos (los que tienen exenciones médicas aceptadas) pueden llevar mascarillas N95 y trabajar, y los no preferidos (los que tienen una condición médica no aceptada, o inmunidad natural, o una creencia religiosa) se ven obligados a sufrir la pérdida de sus sustentos aunque estén dispuestos a llevar mascarillas N95», afirma la demanda.
Skoly ha sufrido parálisis de Bell, una enfermedad que se ha relacionado con las vacunas contra el COVID-19. También se ha recuperado del COVID-19, que le proporciona un alto nivel de protección. Tras consultar con su médico, Skoly decidió no vacunarse.
Los abogados de Skoly enumeraron dos estudios que demuestran que la inmunidad natural es superior a la vacunación. También señalaron que el 11 de agosto los CDC cambiaron sus directrices, que son utilizadas por los funcionarios de todo el país para imponer normas.
La orientación dice que el riesgo del COVID-19 grave «se reduce considerablemente por la inmunidad derivada de la vacunación, la infección previa o ambas» y que las personas «que han tenido COVID-19 pero no están vacunadas tienen cierto grado de protección contra la enfermedad grave por su infección previa». También anula la cuarentena más estricta para las personas no vacunadas.
«Incluso los CDC han admitido finalmente que no tiene sentido distinguir entre la inmunidad de la vacuna y la inmunidad natural», dice la demanda.
Solicita al tribunal una indemnización por daños y perjuicios y que bloquee permanentemente la aplicación del mandato en su contra por parte de los funcionarios estatales, así como prestaciones de desempleo y una orden judicial contra una futura denegación de prestaciones de desempleo.
Sin ajuste
Mark Chenoweth, presidente y consejero general de la Nueva Alianza de Libertades Civiles, dijo a The Epoch Times después de la actualización de los CDC que el grupo legal tomaría nota de la actualización en futuras presentaciones, incluso en el caso de Skoly.
Si las entidades no responden a la actualización, dijo, se presentarán más demandas.
«Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por fin han admitido el hecho científico de que la recuperación del COVID-19 da [sic] a las personas inmunidad naturalmente adquirida contra el virus. Los dirigentes de Rhode Island son aparentemente más lentos en aprender. Al seguir tratando al Dr. Skoly como si fuera una amenaza para los pacientes vulnerables, a pesar de que tiene anticuerpos contra el virus COVID-19, la orden irracional del estado no puede soportar el escrutinio de un tribunal», dijo Chenoweth en un comunicado.
Fuera de Nueva Jersey, ningún estado parece haber actualizado sus políticas basándose en la actualización de los CDC.
Un portavoz del Departamento de Salud de Rhode Island, uno de los acusados en la demanda de Skoly, no respondió cuando se le preguntó si el estado lo hará.
Rhode Island impuso el mandato originalmente el 1 de octubre de 2021. Los funcionarios prorrogaron el mandato temporal en febrero, y más tarde lo sustituyeron por uno que permitía el uso de mascarillas en lugar de la vacunación, una disposición que se trasladó al mandato permanente que entró en vigor a mediados de junio.
En una moción de desestimación ese mes, los demandados señalaron el cambio y dijeron que apoyaban la desestimación de la demanda. También dijeron que los mandatos se han basado en «orientaciones específicas de los CDC y en los conocimientos científicos disponibles en ese momento».
El mandato permanente, sin embargo, añade una nueva sección en la que se pide a todos los proveedores y trabajadores certificados por Medicare y Medicaid que se vacunen, dice la demanda modificada. Esa norma significa que la alternativa de uso de mascarillas no está disponible para las instalaciones que aceptan fondos federales, y vuelve a imponer la «discriminación arbitraria» que viola la Constitución.
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