A pesar de la alarmismo de los medios de comunicación del establishment acerca de que los republicanos en las legislaturas estatales amenazan la democracia con una avalancha de leyes de «supresión de votantes», en 2021 se adoptaron más proyectos de ley que amplían el acceso a las urnas en los estados de la nación que aquellos que lo restringen.
Ese patrón continúa en 2022, ya que las 46 legislaturas que se reúnen este año—41 están en sesión en este momento—tienen más proyectos de ley identificados como expansivos que los definidos como restrictivos.
Según Voting Rights Lab, una organización sin fines de lucro de tendencia izquierdista que promueve los derechos de los votantes a nivel estatal, los legisladores de 17 estados ahora están considerando proyectos de ley para ampliar el acceso a las boletas, mientras que sus homólogos en nueve estados están considerando medidas restrictivas. Si se aprueban, la mayoría de las nuevas leyes estarían en vigor para las elecciones intermedias de noviembre.
Estas estimaciones reflejan las mediciones establecidas por el también izquierdista Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York que, en un análisis de diciembre, dijo que en 2021 había 440 proyectos de ley «con disposiciones que restringen la votación» introducidos en 49 estados con 34 proyectos de ley adoptados en 19 estados.
También en 2021, reporta el Brennan Center, se introdujeron más de 1000 proyectos de ley con «disposiciones expansivas» en 49 estados y se adoptaron al menos 62 proyectos de ley en 25 estados.
La falta de este contexto es una desconexión frustrante para los legisladores republicanos consultados por The Epoch Times que están patrocinando proyectos de ley de 2022 clasificados como restrictivos por Brennan Center y luego repiten los grandes medios de comunicación. Este alarmismo partidista, sostienen, está opacando las revisiones de buena voluntad de los datos obtenidos de los análisis posteriores al 2020 que identificaron fallas en las leyes electorales estatales.
«La ‘supresión de votantes’ es una afirmación muy peligrosa que equivale a ‘Un proyecto de ley que no me gusta'», dijo la senadora del estado de Nebraska, Julie Slama (R). «Creo que es una narrativa terrible que reducirá la participación y la confianza en las elecciones» y está distrayendo a los legisladores de muchos estados de una revisión sobria de las leyes electorales estatales.
Slama ha presentado al menos dos proyectos de ley de 2022 definidos como restrictivos. Uno eliminaría el voto dividido del Colegio Electoral de Nebraska y lo convertiría en «el ganador se lo lleva todo» como en otros 48 estados; la otra es una propuesta de enmienda constitucional que los legisladores deben aprobar y colocar en la boleta electoral de noviembre para preguntarles a los votantes si quieren poner fin al estatus de Nebraska como la única legislatura unicameral no partidista del país.
«Garantizar que todos los votantes de Nebraska tengan la misma voz sobre quién representará a su estado» y pedirles a los votantes que determinen si quieren conocer las afiliaciones partidarias de los candidatos legislativos no es una supresión de votantes, dijo.
El senador estatal de Wisconsin Duey Stroebel (R) se encuentra entre los patrocinadores de un paquete de proyectos de ley que proponen cambios en la ley electoral recomendados a los legisladores por su Oficina de Auditoría Legislativa (LAB, por sus siglas en inglés).
La LAB de Wisconsin es «una entidad no partidista, el estándar de oro en análisis justos y no parciales. Hicieron su trabajo» e identificaron «fallas en el sistema, formas en que la integridad electoral se vio comprometida en 2020 y necesita algunas mejoras. De eso se trata esta nueva lista de proyectos de ley», dijo, señalando que cada proyecto de ley se puede «remontar» a ese análisis.
Hay un debate legítimo sobre las propuestas, pero el ruido sobre la supresión de votantes y el sabotaje electoral no permitirá el reconocimiento no partidista de las conclusiones de LAB, dijo Stroebel.
«No puedo comentar a nivel nacional. Puedo decirles que en Wisconsin, cuando plantean cuestiones de integridad electoral, lo primero que sale de la boca (de los demócratas) es ‘supresión de votantes’ y eso se convierte en la narrativa», dijo. «Esto no es una conspiración de derecha».
Entre los proyectos de ley de 2020 presentados por la senadora de Arizona Kelly Townsend (R) se encuentra una propuesta para que el día de las elecciones sea un día feriado estatal. «Aquí los tienes diciendo que estamos tratando de suprimir el voto. ¿Cómo es la supresión del día de las elecciones?», preguntó.
El representante estatal de New Hampshire, Mark Alliegro (R), presentó un proyecto de ley para exigir que todas las boletas se cuenten a mano en lugar de a máquina. Los municipios del estado se oponen al proyecto de ley, que argumentan que sería costoso y alargaría los recuentos electorales.
Alliegro tiene refutaciones basadas en datos a esos argumentos, pero ninguna a las afirmaciones de que su medida está entre una «ola» de proyectos de ley de supresión de votantes que arrasan al país.
«Esta es la cuestión: ya sea que cuentes a mano o con una máquina originalmente, generalmente hay un subconteo de un par de décimas de un porcentaje. En conteos automáticos, el subconteo es el doble de esa cantidad. Por definición, eso significa que estamos perdiendo votos en los pueblos contados por máquinas», dijo. «¿Dónde están todas las personas que siempre están gritando que cada voto legal debería contar? Este proyecto de ley puede considerarse un proyecto de ley contra la supresión de votantes».
A raíz de las elecciones de noviembre de 2020, hubo, de hecho, una lista masiva de proyectos de ley relacionados con las elecciones de 2021 presentados en las legislaturas estatales.
Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), durante la sesión de 2021 se presentaron más de 3670 proyectos de ley relacionados con las elecciones en las legislaturas estatales, el Distrito de Columbia y en tres territorios de EE. UU., incluido Puerto Rico.
Pero al final, según NCSL, solo una fracción—285 proyectos de ley en 42 estados y dos territorios—se convirtieron en ley, y la mayoría se consideró como de procedimiento.
«A raíz de un año electoral como ningún otro, no es de extrañar que el interés en las elecciones alcanzara su punto máximo durante la sesión legislativa de 2021», dijo el NCSL en su análisis, señalando que si bien el número de proyectos de ley presentados relacionados con las elecciones fue «el número más alto registrado desde que el NCSL comenzó a hacer un seguimiento en 2001», el número finalmente adoptado no es inusual.
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