El senador Marco Rubio se pronunció este martes sobre las últimas acciones que la administración de Biden ha tomado para beneficiar a Venezuela, considerándolas «contraproducentes», e instó al presidente tener mano dura y no mostrarse como un «apaciguador».
Rubio, a través de una columna de Miami Herald titulada: «El presidente Biden debería dejar de apaciguar al régimen de Venezuela», enumeró la serie de «recompensas» que la administración actual ha concedido a Venezuela a pesar de la continua violación de derechos humanos a los ciudadanos por parte de la gestión de Maduro.
«Consideremos los acontecimientos de los últimos seis meses: Maduro reprimió violentamente a manifestantes pacíficos, amenazó de guerra contra sus vecinos y acogió a grupos terroristas, pero no enfrentó repercusiones por parte de la Casa Blanca», escribió Rubio.
«A cambio, el presidente Biden ayudó a crear un fondo de asistencia al régimen operado por Naciones Unidas, le levantó las sanciones a los sectores del petróleo, el gas y el oro y liberó de la cárcel estadounidense a un aliado de Maduro y condenado por lavado de dinero, Alex Saab», detalló. «La estrategia del presidente ha resultado total y previsiblemente contraproducente», añadió.
El senador además condenó las acciones de la administración de Venezuela de usar las ganancias inesperadas por el alivio de las sanciones para consolidar su poder y prohibir a la candidata presidencial María Corina Machado postularse para las elecciones. Además, recordó la revocación de la invitación a la Unión Europea de enviar observadores internacionales para los comicios.
Adicionalmente, el senador Rubio reveló que la actual Administración está contemplando nuevamente conceder un alivio a las sanciones en forma de licencias específicas e instó al presidente Biden a no mostrarse como un «apaciguador» y tener mano dura para presionar a Maduro a permitir unas elecciones justas.
«La Administración Biden debe decirle a Maduro y a sus compinches que Venezuela no recibirá ni un centavo de dinero estadounidense si toma la decisión equivocada. Como dijo Winston Churchill: ‘Un apaciguador es aquel que alimenta a un cocodrilo con la esperanza de que se lo coma al último’. Ésa no es la base para una política exterior sana», añadió.
Sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela
Tras la llegada a la presidencia de Venezuela en 1999, Hugo Chávez instauró una serie de políticas encaminadas a incrementar el gasto social, redirigiendo la renta petrolera hacia la educación, la salud, el empleo, etcétera; abriendo la palabra «socialismo» y mostrándolo como un sueño de emancipación para presuntamente transferirle el «poder al pueblo».
Durante los primeros años de su gobierno, el precio del petroleo mantuvo un crecimiento anual, pero en 2005 empezó a generar un descenso afectando considerablemente a una economía nacional que tenía como principal fuente de ingresos el sector petrolero.
En 2007 el precio del petroleo se cotizó más alto; y Chávez fue reelegido para su tercer mandato bajo la aprobación de una política respaldada por la redistribución de los ingresos del Estado en los sectores sociales, que con el tiempo empezó a causar mayor dificultad para la economía del país.
En 2011, bajo la administración del expresidente Barak Obama, Estados Unidos impuso por primera vez sanciones a la administración de Hugo Chávez, dirigidas a la empresa Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), tras acusar a cuatro funcionarios venezolanos de proveer de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En 2013, Venezuela se vio afectada nuevamente por una abrupta caída de la industria petrolera, seguida de la muerte de Hugo Chávez, quien se preparaba para su cuarto periodo de gobierno.
En marzo de 2013, Nicolás Maduro comenzó su mandato de forma interina y fue ratificado en abril del mismo año tras unas elecciones presidenciales que la oposición calificó de fraudulentas.
En diciembre de 2015, bajo la administración del expresidente Barak Obama, Estados Unidos impuso una nueva sanción, esta vez a la administración de Maduro, por erosionar la garantía de los ciudadanos de los derechos humanos y la libertad de prensa, por la detención arbitraria de opositores y el uso de violencia.
Dicha orden bloqueó la entrada a Estados Unidos de los miembros del gobierno venezolano o a cualquier persona que directa o indirectamente socave los procesos democráticos o derechos humanos, salvo autorización de la Secretaría de Estado, y bloqueó las propiedades que estos pudieran tener en Estados Unidos, además de restringir cualquier transferencia, donaciones o pagos que ellos intenten realizar.
En 2017, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, quien emitió una serie de sanciones adicionales fundadas principalmente en la situación de orden político, social y económico de Venezuela.
En agosto de 2017, tras el establecimiento de una Asamblea Constitucional ilegítima en Venezuela, Estados Unidos prohibió transacciones de personas o empresas que se encuentren en Estados Unidos con la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, la compra de bonos y pago de utilidades o dividendos directa o indirectamente a Venezuela.
En marzo de 2018, tras la creación de la moneda digital de la administración venezolana, presuntamente como un intento de evadir las anteriores sanciones impuestas, Estados Unidos prohibió las transacciones o financiamiento de dicha moneda digital a personas estadounidenses o que se encuentren en Estados Unidos.
En mayo de 2018, Estados Unidos prohibió a los estadounidenses o cualquier persona en Estados Unidos la compra de cualquier deuda a Venezuela y cualquier participación accionaria de cualquier entidad en la que la administración de Venezuela tenga una participación superior al 50%.
En noviembre de 2018, Estados Unidos prohibió a los estadounidenses o empresas en Estados Unidos realizar transacciones relacionadas con el sector oro de la economía venezolana y bloqueó cualquier transacción relacionada con prácticas engañosas y de corrupción de proyectos o programas gestionados por la administración de Maduro.
En enero de 2019, Estados Unidos aclaró que para las órdenes impuestas anteriormente se entiende por «régimen» o «gobierno de Venezuela» al Estado de Venezuela y cualquier subdivisión política, agencia, Banco Central de Venezuela y PDVSA y cualquier persona que haga parte o que esté controlada directa o indirectamente por la administración de Maduro.
En agosto de 2019, Estados Unidos bloqueó todas las propiedades e intereses de la administración de Venezuela en Estados Unidos y prohibió cualquier tipo de transacción con este.
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