La Marina de los Estados Unidos acordó corregir los registros de los SEAL y marineros que se negaron a recibir las vacunas contra COVID-19 debido a sus creencias religiosas, en virtud de un acuerdo aprobado el 24 de julio por una corte federal.
«Los demandados aceptan volver a revisar los expedientes personales de todos los miembros del grupo para asegurarse de que la Marina de Guerra de Estados Unidos ha eliminado de forma permanente los expedientes que indican procesos o procedimientos administrativos de despido, asesoramiento formal y acciones sancionadoras no judiciales tomadas contra los miembros del grupo únicamente sobre la base del incumplimiento de la orden de vacunación contra COVID-19 e información adversa relacionada con el incumplimiento de la orden de vacunación contra COVID-19», afirma el acuerdo de conciliación.
La revisión debe finalizar en un plazo de nueve meses, según el acuerdo.
La Marina también acordó revisar los registros de los miembros de la clase dados de baja por negarse a recibir una vacuna contra COVID-19. Los funcionarios «eliminarán de los registros de ese miembro del servicio cualquier indicación de que fue dado de baja por mala conducta» y se asegurarán de que los miembros dados de baja figuren como aptos para el alistamiento.
Según el acuerdo, la cancelación de los expedientes debe completarse en el plazo de un año.
Todos los miembros de la Armada que presentaron una solicitud religiosa de exención del mandato de vacunación contra COVID-19 de la Armada y estaban en servicio activo el 28 de marzo de 2022 están cubiertos por el acuerdo. Eso incluye a las personas que rescindieron sus solicitudes de exención para abandonar el ejército.
El acuerdo afecta a unas 4339 personas, según documentos judiciales.
«Este ha sido un viaje largo y difícil, pero los Navy SEAL nunca se rindieron», dijo Danielle Runyan, abogada principal del First Liberty Institute, en una declaración. «Estamos encantados de que aquellos miembros de la Marina que se guiaron por su conciencia y se mantuvieron firmes en su fe no sean penalizados en sus carreras en la Marina».
La Marina declinó hacer comentarios sobre el acuerdo.
La demanda, presentada en 2021 por el instituto en nombre del personal de la Armada, llevó al sistema judicial en 2022 a bloquear la orden de vacunación contra COVID-19 para los miembros que buscaran una adaptación religiosa. En 2023, el Departamento de Defensa anuló el mandato para todas las ramas militares, incluida la Marina, en virtud de un proyecto de ley aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Joe Biden.
El acuerdo establece que la Armada se compromete a publicar una declaración en su sitio web que diga en parte que la rama «apoya diversas actividades expresivas, incluida la expresión religiosa, y reconoce que a través de la inclusión somos un ejército mejor y una nación más fuerte por ello». La declaración dirá que dar cabida a las creencias religiosas es «un pilar del compromiso de la Armada de tratar a todos los marineros con dignidad y respeto».
La Armada también acordó incluir en una lista, información que avise a los miembros sobre sus derechos a solicitar adaptaciones religiosas, la creación de una presentación de formación para los supervisores y mandos de la Armada y el pago de 1.5 millones de dólares en concepto de honorarios de abogados.
Las personas que crean formar parte de la clase a la que se aplica el acuerdo pueden visitar el sitio web del First Liberty Institute para consultar el acuerdo.
Hasta enero de 2023, más de 16,000 militares habían presentado solicitudes de adaptación religiosa. Muchas de las solicitudes fueron denegadas. Si los miembros recibían una denegación pero seguían negándose a recibir la vacuna contra COVID-19, a menudo eran expulsados del cuerpo armado. Las ramas dieron de baja a 7705 miembros por no cumplir con el mandato de la vacuna contra COVID-19. La Marina dio de baja a 1566 miembros.
Cuando la Marina dio de baja a los miembros, les dio códigos para el reingreso que los hicieron inelegibles para el reenlistamiento.
El Ejército y la Fuerza Aérea infringieron sus propias normas a la hora de tramitar las solicitudes de exención en su momento, declaró el inspector general del Pentágono a principios de este año, mientras que la Infantería de Marina y la Armada cumplieron en general sus requisitos en materia de plazos.
La Marina, sin embargo, fue una de las ramas en las que el organismo de control descubrió que se utilizaban códigos incorrectos para los miembros a los que se concedían exenciones. Los funcionarios atribuyeron los códigos incorrectos a errores administrativos.
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