La representante conservadora Marjorie Taylor Greene ( R-Ga.) presentó un proyecto de ley que impone un requisito de ciudadanía para registrarse como votante en Washington D.C. y prohíbe el voto a los inmigrantes ilegales.
El proyecto de ley, cuya copia ha obtenido The Epoch Times, se titula «American Confidence in Elections: District of Columbia Voter Identification Act (Confianza de los estadounidenses en las elecciones: Ley de Identificación de Votantes del Distrito de Columbia)».
El objetivo del proyecto de ley es deshacer la Ley de Derecho de Voto de los Residentes Locales, que entró en vigor en marzo del presente año, y que permite a los residentes permanentes no ciudadanos votar en las elecciones locales para la alcaldía, al Consejo del Distrito de Columbia, al Consejo Estatal de Educación, a las Comisiones Asesoras de Vecindarios y al Fiscal General del Distrito de Columbia.
Una resolución anterior de la Cámara de Representantes, propuesta por el representante James Comer (R-Ky.), intentó cancelar la ley de voto del Distrito de Columbia, pero se estancó en el comité tras su presentación en la cámara baja, en enero de 2023.
El proyecto de ley de la representante Greene trata de revivir ese esfuerzo y darle fuerza legislativa mediante la modificación de la ley Help America Vote Act de 2002 (Ley de Ayuda a América a Votar, de 2002), estableciendo requisitos de identificación con fotografía para votar en las elecciones de D.C., y exigiendo una prueba de ciudadanía para registrarse para votar en las elecciones de D.C..
«Solo los ciudadanos estadounidenses deberían votar en las elecciones estadounidenses. Por eso yo presenté la Ley de Identificación del Votante del Distrito de Columbia, para salvaguardar la integridad de las elecciones mediante la implantación de la identificación obligatoria del votante con fotografía y garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses emitan su voto mediante el establecimiento de un requisito de ciudadanía para el registro de votantes», dijo Greene a The Daily Caller, el primer medio en informar sobre el proyecto de ley.
El Consejo de Distrito de Columbia aprobó la Ley de Derecho al Voto de los Residentes Locales en octubre de 2022, tras años de esfuerzos similares que fracasaron. La medida contó con la oposición de los republicanos en el Capitolio, que argumentaron que la aprobación de la legislación permitiría a los inmigrantes ilegales votar en las elecciones locales de DC.
El representante Comer y el senador republicano por Arkansas Tom Cotton, presentaron en enero una resolución conjunta en la que desaprueban formalmente la medida del Consejo de Washington.
«Permitir que los inmigrantes ilegales voten es un insulto a todos los votantes de Estados Unidos. Todos y cada uno de los demócratas deberían dejar constancia de si apoyan esta política demencial», dijo Cotton en una declaración en aquel momento.
Una yuxtaposición espectacular
No hubo una reacción inmediata a la propuesta de Greene por parte de sus oponentes, pero Brianne K. Nadeau, miembro del Consejo de Washington D.C. quien presentó la Ley de Derecho al Voto de los Residentes Locales que la propuesta de Greene pretende anular, criticó previamente los esfuerzos del Congreso por rechazar la medida.
«A pesar de los intentos republicanos de la Cámara de interferir, hoy la Ley de Enmienda del Derecho al Voto de los Residentes Locales se convirtió en ley», dijo Nadeau en una declaración del 14 de marzo. «Nuestros vecinos –que pagan impuestos, asisten a nuestras escuelas y contribuyen a la vitalidad de nuestras comunidades– ahora también podrán opinar sobre quién les representa en nuestro gobierno local».
En aquel momento, la Sra. Nadeau acusó a los republicanos de querer «privar del derecho de voto» al oponerse a la medida.
«La privación de derechos está en plena exhibición en este momento», dijo la Sra. Nadeau. «Nosotros estamos ampliando el derecho a voto mientras se ataca nuestra autonomía. Es una yuxtaposición espectacular».
La Sra. Nadeau argumentó que los residentes del Distrito de Columbia merecen «plena autonomía y representación» y que es inaceptable que el Congreso tome decisiones sobre la ciudad que afectan a la vida de sus residentes.
«La interferencia del Congreso no debe tolerarse, y las últimas semanas han dejado más claro que nunca por qué el Distrito de Columbia debe convertirse en el estado número 51», añadió la concejala, refiriéndose al movimiento por la estadidad del Distrito de Columbia, que en 2021 cobró fuerza en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, con la aprobación de un proyecto de ley que pretende conceder al Distrito de Columbia el estatus de estado.
Estadidad
En abril de 2021, la Cámara de Representantes aprobó la H.R. 51, un proyecto de ley para otorgar a Washington el estatus de estado, con el apoyo nulo de los republicanos.
Los demócratas llevan décadas abogando por la condición de estado para la capital estadounidense, argumentando que solucionaría un error secular centrado en la noción de que los residentes de D.C. pagan impuestos, pero no tienen representantes electos que intervengan en el Congreso en su nombre.
«Este país se fundó sobre los principios de no tributación sin representación y consentimiento de los gobernados. Pero los residentes de D.C. son gravados sin representación y no pueden dar su consentimiento a las leyes bajo las que ellos, como ciudadanos americanos, deben vivir», dijo Del. Eleanor Holmes Norton, delegada del Distrito sin derecho a voto, en la Cámara antes de la votación.
También el presidente Joe Biden ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la estadidad del Distrito de Columbia y ha instado a los legisladores del Congreso a aprobar el proyecto demócrata.
Los republicanos, por el contrario, han argumentado que el proyecto de estadidad de D.C. tenía menos que ver con la representación y más con impulsar políticas progresistas.
«No se trata de un equilibrio de poder, sino de más poder», declaró la representante Nancy Mace (R-S.C.) antes de la votación.
«Se trata de una asistencia sanitaria gestionada por el gobierno, un Nuevo Pacto Verde de 93 billones [de dólares], una Corte Suprema abarrotada, impuestos más altos y una forma de gobierno más grande y menos eficiente», agregó la Sra. Mace.
El representante Comer, que también se opuso al proyecto de ley, lo calificó de una «descarada toma de poder» por parte de los demócratas, ya que en el pasado el Distrito de Columbia ha votado abrumadoramente al azul.
«Me pregunto, escuchando el debate, si nuestros amigos del otro lado del pasillo estarían tan apasionados si Washington, D.C., fuera 90% republicano en vez de 90% demócrata», dijo Comer.
«La H.R. 51 va en contra de la intención de los Padres Fundadores, y es inconstitucional, impracticable y una flagrante toma de poder».
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