La Asamblea General controlada por los demócratas de Maryland votó el sábado a favor de anular los vetos del gobernador republicano, Larry Hogan, sobre tres importantes disposiciones de reforma policial, que incluyeron la derogación de la declaración de derechos policiales del estado.
Maryland fue el primer estado de la nación en adoptar la Declaración de Derechos de los Oficiales de la Aplicación de la Ley en 1974. Veinte estados han seguido su ejemplo desde entonces, sin embargo, Maryland es el primero en revocar su disposición. La declaración de derechos había establecido un procedimiento de debido proceso para investigar la mala conducta policial.
Los partidarios de las reformas de Maryland dicen que estas son necesarias para aumentar la responsabilidad y restaurar la confianza pública. Una de las medidas deroga las protecciones laborales en el proceso disciplinario policial, el cual según los críticos impedía la rendición de cuentas. Una disposición recientemente promulgada otorga a los civiles un papel en el proceso disciplinario.
La Asamblea General de Maryland comenzó a trabajar en la legislación promulgada el sábado en respuesta a la muerte bajo custodia policial de George Floyd el año pasado.
Los demócratas dijeron que las disposiciones se habían retrasado mucho, mientras que los republicanos argumentaron que estas fueron demasiado lejos.
Las nuevas leyes aumentan el límite de responsabilidad civil en los juicios que involucran a la policía de 400,000 dólares a 890,000 dólares. Los agentes condenados por causar lesiones graves o la muerte mediante fuerza excesiva se enfrentarán a 10 años de prisión.
El senador Robert Cassilly (R) describió las nuevas leyes como «antipolicía».
«Esto permite una revisión retrospectiva a las personas que se sientan en los sillones para juzgar a las personas que tomaron decisiones en una fracción de segundo en situaciones volátiles», cuando un oficial teme por su vida y la vida de los demás, dijo Cassilly.
Las nuevas leyes dificultan la obtención de una orden judicial de no golpear y limitan las horas en que pueden ser efectuadas a las 8 a.m. y las 7 p.m., excepto en casos de emergencia. Una de las disposiciones extiende el acceso público a los registros en casos disciplinarios policiales.
En su mensaje de veto, Hogan escribió que creía que las disposiciones «erosionarían aún más la moral de la policía, las relaciones comunitarias y la confianza pública».
“Resultarán en un gran daño al reclutamiento y la retención de la policía, lo que representará riesgos significativos para la seguridad pública en todo nuestro estado”, escribió Hogan.
La disposición lleva el nombre de Anton Black, un afroamericano de 19 años que murió bajo custodia policial en 2018 en un pueblo rural en la costa este de Maryland.
Maryland ha lidiado con problemas de responsabilidad policial en los últimos años. El departamento de policía de Baltimore firmó un decreto de consentimiento federal luego de que Freddie Gray sufriera una fractura en el cuello bajo custodia policial y muriera, lo que provocó disturbios en la ciudad en 2015. Los legisladores aprobaron algunas reformas policiales al año siguiente, pero los críticos dijeron que no fueron suficientes.
Hogan escribió que dos disposiciones entrarían en vigor sin su firma.
Una de ellas crearía una unidad en la oficina del fiscal general para investigar las muertes relacionadas con la policía y prohibiría que las fuerzas del orden compren equipo militar excedente. La otra permitiría a los votantes de Baltimore decidir si la ciudad más grande del estado debería tomar el control total del departamento de policía del estado.
Por separado, el sábado, la legislatura anuló también el veto de Hogan a un proyecto de ley que prohibirá las sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los menores.
Con información de The Associated Press.
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