La misión creada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela informó esta semana que más de cien niños y adolescentes fueron detenidos en las protestas tras las elecciones presidenciales.
«La Misión ha recibido información especialmente preocupante sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, que han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas», dijo la misión en un comunicado publicado el 12 de agosto.
Señaló que estos menores de edad «no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales».
Francisco Cox, integrante de la misión, exigió al gobierno venezolano «la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior».
Asimismo, el grupo señaló que registró 23 muertes, causadas en su mayoría por disparos con armas de fuego, que ocurrieron en el contexto de las protestas. Al menos 18 de estos casos fueron de hombres de menos de 30 años.
“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
La misión también dijo que de acuerdo a datos publicados por organizaciones defensoras de derechos humanos al menos 1260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio. Sin embargo, el gobierno venezolano dice que ha arrestado a más de 2200 personas que fueron trasladadas a las prisiones de Tocorón y Tocuyito.
Las protestas estallaron el 29 de julio en rechazo al resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que anunció como ganador al presidente, Nicolás Maduro Moros, sin mostrar los resultados detallados de las actas electorales.
La oposición venezolana afirma que el presidente electo es Edmundo González Urrutia, según las actas que recabaron sus testigos y subieron a la plataforma Resultados con Venezuela.
La misión argumenta que las detenciones de manifestantes fueron arbitrarias debido a que los detenidos quedaron desprotegidos ante el sistema judicial. Denunció que fueron imputados de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria.
“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, exigió Patricia Tappatá, miembro de la misión.
Hasta el momento, el gobierno ha dicho que los manifestantes son delincuentes y drogadictos a los que se le ha pagado 40 dólares para crear terror en Venezuela.
La misión fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014 en Venezuela.
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