Alrededor de 10,000 australianos están planeando presentar reclamos de indemnización por lesiones o pérdida de ingresos como consecuencia de las vacunas COVID-19.
Desde el 6 de septiembre, los residentes comenzaron a registrar su interés por presentar una demanda en el marco del Plan de indemnización de vacunas COVID-19 sin culpa del gobierno federal, según una declaración del Departamento de Salud emitida a The Epoch Times.
El plan, anunciado a finales de agosto, cubrirá los costos de las lesiones con montos a partir de 5000 dólares australianos. Pero los reclamantes tendrán que haber recibido una vacuna aprobada por los reguladores australianos de medicamentos y haber sufrido algún «efecto adverso» reconocido.
«Los efectos secundarios reconocidos de las vacunas COVID-19 están incluidos en la información aprobada del producto e incluyen la trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS) (coagulación de la sangre) asociada con la vacuna de AstraZeneca y la miocarditis y pericarditis asociadas con la vacuna de Pfizer», dice el sitio web del Departamento de Salud australiano.
Las personas deben haber sido hospitalizadas durante al menos una noche, en el caso de reclamaciones entre 5000 y 20000 dólares australianos. También deben aportar documentación médica de la lesión y los comprobantes de los costos médicos y los salarios perdidos.
La medida surge después de que los gobiernos estatales y territoriales australianos han seguido presionando para aumentar las tasas de vacunación en sus poblaciones, con órdenes de vacunación que se extienden por varios sectores e industrias.
Victoria, Australia Occidental y el Territorio del Norte implantaron algunas de las órdenes de vacunación más amplias que afectan a millones de trabajadores australianos.
Por su parte la Administración de Productos Terapéuticos está animando a los pobladores a informar regularmente sobre cualquier efecto secundario tras recibir la vacuna.
El plan de indemnización australiano fue anunciado a fines de agosto por el ministro federal de Sanidad, Greg Hunt. El programa está financiado en su totalidad por los contribuyentes con carácter retroactivo desde febrero de 2021.
«Pueden producirse efectos secundarios o adversos de las vacunas COVID-19, pero la mayoría son leves y no duran más de un par de días. Los efectos secundarios graves y potencialmente mortales son muy raros, pero es importante que proporcionemos una red de seguridad para apoyar a los afectados», dijo Hunt en un comunicado de prensa.
«Esto también garantiza que los profesionales de la salud que administran las vacunas puedan continuar con su papel crucial en el despliegue de la vacuna con la seguridad que el plan de indemnización les ofrecerá protección».
Campbell Newman, exprimer ministro de Queensland y ahora candidato al Senado australiano, afirma que la transparencia en torno a la seguridad de las vacunas era importante.
«Hay una preocupación en la comunidad de que no conocemos toda la historia, por lo que, en primer lugar, abogaría por una total apertura por parte del gobierno. Al fin y al cabo, eso conduciría a una mayor confianza en las vacunas», declaró Newman a The Epoch Times.
También hizo hincapié en que no se debe denigrar a los individuos por sus opiniones o preocupaciones en torno a la recepción de la vacuna. «Estamos en una democracia y no deberíamos hacer eso».
«En términos de que la gente pueda hacer una reclamación en torno al impacto sanitario asociado, si los pagos son suficientes, creo que el tiempo lo dirá. Estoy seguro de que en algunos casos no serán suficientes», dijo Newman.
Los gobiernos empezaron a compensar a los fabricantes de medicamentos el año pasado en la carrera por producir vacunas contra COVID-19.
El uso de la indemnización sin culpa contra las demandas es una práctica de los gobiernos para animar a las empresas farmacéuticas a fabricar nuevos medicamentos innovadores.
En 2009, el gobierno del Reino Unido lo hizo con la multinacional británica GlaxoSmithKline por el desarrollo de una vacuna contra la pandemia de gripe porcina.
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