Más de 1100 exfuncionarios del Departamento de Justicia añadieron sus nombres a una carta en línea pidiendo al fiscal general William Barr que dimita tras su intervención en el caso del exasociado de la campaña Trump, Roger Stone.
La acción fue organizada por Protect Democracy, un grupo de defensa sin fines de lucro integrado por exfuncionarios del gobierno, operadores políticos y activistas que se oponen a la agenda de Trump por medios legales.
«Aunque hay momentos en que el liderazgo político tiene un peso adecuado en los procesamientos individuales, es inaudito que los principales líderes del Departamento anulen a los fiscales de línea, que siguen las políticas establecidas, para dar un trato preferencial a un asociado cercano del presidente, como lo hizo el fiscal general Barr en el caso Stone», decía la carta.
El grupo dijo que los firmantes de la carta «han sido investigados lo mejor posible».
El caso Stone
Los fiscales recomendaron originalmente de siete a nueve años de prisión para Stone, quien fue condenado por mentir y obstruir al Congreso y por manipulación de testigos. Sin embargo, el Departamento de Justicia intervino en el caso, calificando la recomendación de «excesiva».
«El gobierno sostiene respetuosamente que una sentencia de encarcelamiento de mucho menos de 87 a 108 meses de prisión sería razonable en estas circunstancias», escribió el departamento en un memorando de sentencia revisado.
Cuatro fiscales de línea se retiraron del caso.
Los abogados de Stone dijeron que los fiscales usaron un estándar equivocado en las pautas de sentencia del gobierno. Dijeron que la sentencia máxima recomendada para Stone debería haber sido de 21 meses (pdf).
Barr dijo que Trump no le pidió que interviniera en el caso. La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, dijo a los medios de comunicación que el departamento no consultó con la Casa Blanca sobre la sentencia de Stone y que la decisión se tomó antes de que Trump criticara la recomendación de sentencia original en Twitter.
Proteger la democracia
Protect Democracy fue creado en 2017 «para evitar que la democracia estadounidense decaiga hacia una forma de gobierno más autoritaria», afirma su sitio web.
Su equipo incluye exfuncionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia, así como varios operadores políticos, entre los que se encuentran Aaron Baird, exasesor del representante Adam Schiff (D-Calif.); Corey Dukes, exasesor de la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.); Justin Vail, exasesor de la exsenadora Claire McCaskill (D-Mo.); y Soren Dayton, exasesor de la campaña presidencial del difunto senador John McCain (R-Ariz.).
El personal también incluye varios exalumnos de la Unión Americana de Libertades Civiles y dos exagentes de la Inteligencia Naval.
Se atribuyen el mérito de haber ayudado a cerrar la comisión de integridad de los votantes de Trump, de haber demandado para bloquear la declaración de emergencia fronteriza de Trump y de haber iniciado una campaña para que se procese a Trump por obstrucción de la justicia, entre otras iniciativas.
El grupo obtuvo más de 2.6 millones de dólares en 2017 y cerca de 7 millones en 2018. También dirige un grupo afiliado de dinero oscuro llamado Unidos para Proteger la Democracia.
Janita Kan contribuyó a este informe.
Sigue a Petr en Twitter: @petrsvab
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