Más de 1600 nicaragüenses han sufrido detenciones arbitrarias desde el 2018 por participar en protestas en contra del régimen de Ortega, de acuerdo con un informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe de la CIDH, titulado “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos”, señaló que 1614 personas fueron privadas de la libertad por su participación o apoyo a las protestas que se iniciaron en Nicaragua desde el abril de 2018, cuando miles de personas salieron a manifestar por una reforma al seguro social, de acuerdo a un comunicado de prensa de la OEA el 2 de diciembre.
El organismo informó que al 31 de mayo, el régimen aún mantendría al menos a 80 personas detenidas. Las detenciones tuvieron la intención de “castigar o reprimir una postura de oposición al actual régimen nicaragüense”, indica el documento.
Sin embargo, la CIDH advirtió que estas cifras no serían del todo completas por la falta de registros oficiales.
«La CIDH destaca que este número representaría solamente una fracción de un universo más grande y difícil de proyectar debido a la ausencia de información oficial y otros factores relacionados con la dinámica de las detenciones arbitrarias», según el documento.
Según el organismo, las víctimas privadas de la libertad permanecieron en «condiciones contrarias a la dignidad humana».
«Dichas condiciones han incluido regímenes de aislamiento, caracterizados por una segregación prácticamente total, inadecuada ventilación, despojo de pertenencias, condiciones de hacinamiento, insuficiencia de camas, colchonetas y cobijas, y la autorización de únicamente de dos salidas de sus celdas por semana; condiciones de insalubridad, negligente atención médica, obstaculización para la realización de visitas, y aplicación de regímenes de máxima seguridad sin criterios objetivos y por periodos prolongados», dice el informe.
Asimismo, múltiples testimonios demostraron que “la mayoría de las personas detenidas habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, llegando algunos de los tratos descritos a alcanzar el umbral de tortura”, añade el informe.
Además de detallar las condiciones a las que han estado sometidas las personas privadas de libertad, se expone el sistema de justicia nicaragüense en el contexto de la criminalización, la persecución judicial y una práctica sistemática de afectaciones a los derechos de los familiares de las personas detenidas.
De acuerdo a la CIDH, estas protestas sociales causaron cerca de 328 personas–entre niños y adolescentes– y más de 100,000 exiliados del país.
A fines de noviembre, el presidente Donald Trump prolongó una orden ejecutiva emitida en 2018 que declaraba una emergencia nacional por la «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos». debido a la situación en Nicaragua.
Trump afirma que la violenta respuesta del régimen a las protestas y el debilitamiento de las instituciones democráticas y el estado de derecho, continúan en el país. “Por esta razón, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto a la situación en Nicaragua”, decía la carta enviada la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista a quien sus críticos acusan de intentar establecer una dictadura familiar, se mantiene en el poder desde 2007.
La orden ejecutiva de 2018 sancionó a la varias figuras de la cúpula del poder en Nicaragua, entre ellas la esposa del líder Daniel Ortega. Esta orden fue la primera acción de la administración Trump contra el círculo más cercano al mandatario nicaragüense.
La orden incluyó sanciones como el congelamiento de propiedades en EE.UU. y prohibición a los ciudadanos y empresas estadounidenses mantener cualquier tipo de relación comercial con ellos.
Con información de VOA.
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