Veintidós fiscales generales estatales se han unido a un amicus curiae pidiendo a la Corte Suprema que acepte la apelación del expresidente Donald Trump de una decisión que rechaza sus demandas de inmunidad presidencial en Washington.
El escrito del 16 de febrero apuntaba a la rapidez con la que el abogado especial Jack Smith y los tribunales inferiores se habían movido en el caso relacionado con el expresidente Trump del 6 de enero. Trump describió de manera similar la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito DC como «extraordinariamente rápida», al tiempo que señaló que su equipo legal solo tenía cuatro días hábiles para presentar una apelación ante la Corte Suprema.
«Los Estados amici representan a millones de estadounidenses, muchos de los cuales se preocupan de que el momento de esta acusación haya sido calculado para silenciar o encarcelar al rival político del presidente [Joe] Biden», dijeron los fiscales generales.
«Ciertos o no, tales temores son profundamente corrosivos. Y al consentir la precipitación del juicio, las cortes inferiores solo han amplificado la percepción de impropiedad». Denegar la suspensión daría luz verde a la acusación para proceder a una velocidad vertiginosa y llevar a juicio al aparente favorito a la presidencia en vísperas de las elecciones. Conceder una suspensión calmaría el fervor, tranquilizaría al público y permitiría la revisión normal y ordenada de estas cuestiones de peso. Bien entendido, el interés público exige una suspensión».
Los 22 fiscales generales procedían de estados que habían votado al presidente Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Entre ellos estaban Ohio, Florida y Texas, entre otros.
El expresidente Trump había solicitado retrasar el juicio hasta después de las elecciones presidenciales de 2024, pero la juez Tanya Chutkan se negó. Inicialmente había planeado que el juicio comenzara el 4 de marzo, justo un día antes del Supermartes, pero esa fecha se pospuso cuando Trump apeló el rechazo de su moción de desestimación por motivos de inmunidad presidencial. Smith también pidió a la Corte Suprema que acelerara la apelación —algo que finalmente hizo el Circuito de DC—, pero los jueces rechazaron su petición.
Pérdida de la «confianza pública»
Smith anunció que el Departamento de Justicia acusaría al expresidente Trump en Washington en agosto de 2023. Es uno de los cuatro juicios penales —incluido otro presentado por el Sr. Smith en Florida— a los que se enfrenta Trump durante el ciclo de elecciones presidenciales de 2024.
Smith presentó un escrito oponiéndose a la solicitud de suspensión del expresidente Trump, argumentando que el retraso «amenaza con frustrar el interés público en un veredicto rápido y justo, un interés apremiante en todos los casos penales y que tiene una importancia nacional única». Afirmó que el presidente Trump no había establecido una «perspectiva justa de éxito» en su apelación y advirtió sobre lo que consideraba las consecuencias de su posición sobre la inmunidad presidencial. Citando la opinión del Circuito DC, el escrito del abogado especial agregó que aceptar la posición del presidente Trump «colapsaría nuestro sistema de poderes separados al colocar al presidente fuera del alcance de las tres ramas».
En su escrito del 16 de febrero, los 22 fiscales generales sugirieron que el abogado especial desmintió su supuesto interés en la urgencia al «esperar treinta meses para procesar al expresidente Trump». El interés del público, argumentaron, era evitar «un enjuiciamiento que incluso parece programado para dañar a un oponente político».
Añadieron que «es evidente por los comentarios, los medios de comunicación, e incluso las encuestas públicas, que el momento de este enjuiciamiento ha empañado la posición del Departamento de Justicia a los ojos del pueblo estadounidense. Si Estados Unidos persistiera en su precipitación hacia el juicio, erosionaría aún más esa confianza. Una suspensión, por otro lado, calmaría las aguas. Un aplazamiento daría a esta Corte la oportunidad de llevar a cabo una revisión de apelación normal y restablecer cierta fe en el proceso».
Su escrito también citaba la declaración del presidente Joe Biden en 2022 de que » solo tenemos que demostrar que [Trump] no tomará el poder… si se presenta. Me estoy asegurando de que él, bajo los esfuerzos legítimos de nuestra Constitución, no vuelva a ser el próximo Presidente».
Abogado Especial: Sincronización ‘lejos de ser sospechoso’
El expresidente Trump presentó previamente una moción de desestimación, acusando a la administración Biden de persecución selectiva y vengativa. La juez Chutkan aún no se ha pronunciado sobre esa moción, pero el abogado especial presentó una respuesta tanto defendiendo su oficina como empujando hacia atrás en las preocupaciones sobre la sincronización.
«El abogado especial y los fiscales de carrera de la Oficina del Abogado Especial han servido colectivamente en el Departamento de Justicia durante décadas», decía su escrito de noviembre. «Han jurado apoyar y defender la Constitución, y han ejecutado fielmente sus deberes como fiscales en este caso».
El expresidente Trump había señalado el momento de la acusación en relación con su declaración de no culpabilidad en el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago.
El abogado especial argumentó que «el momento de la acusación en este caso estaba lejos de ser sospechoso. La acusación no se materializó de la nada el 1 de agosto de 2023, cuando el gran jurado presentó la acusación».
«Más bien, la investigación de los fiscales de carrera estaba en marcha mucho antes de que el acusado fuera acusado o se declarara inocente en el Distrito Sur de Florida o criticara a la Oficina del Abogado Especial».
«Como el acusado sabe por la prueba aportada, la larga y minuciosa investigación implicó que fiscales de carrera y agentes profesionales de la ley entrevistaran a cientos de testigos, obtuvieran y revisaran millones de páginas de documentos de citaciones y órdenes de registro y, en última instancia, obtuvieran una acusación de un gran jurado compuesto por ciudadanos de este Distrito. De hecho, el acusado está bien familiarizado con la larga duración de la investigación, habiendo participado en litigios previos a la acusación ya en junio de 2022».
«La mayoría de los tuits no reciben ninguna participación y un número muy bajo de visualizaciones, o solo reciben la participación de otras cuentas que parecen formar parte de la red Spamouflage», dice el informe. «No obstante, estas narrativas proporcionan una ventana útil al enfoque que las operaciones de propaganda del PCCh están adoptando en esta fase temprana del ciclo electoral estadounidense».
Spamouflage
En abril del año pasado, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a 40 funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública del régimen chino por presuntos ataques contra residentes estadounidenses y difusión de propaganda.
Citando la acusación del DOJ, el informe sugiere que parecía «extremadamente probable» que los 40 funcionarios estuvieran implicados en la campaña de influencia de Spamouflage.
Meta, la empresa matriz de Facebook, eliminó de sus plataformas miles de cuentas falsas asociadas a Spamouflage en agosto del año pasado.
Spamouflage lleva años activo y también ha tenido como objetivo otros países.
En febrero de 2023, el Instituto Australiano de Política Estratégica reveló que el PCCh había coordinado decenas de cuentas de Twitter que utilizaban la red Spamouflage para difundir desinformación sobre la política australiana o amplificar escándalos políticos.
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y decenas de parlamentarios canadienses también fueron blanco de una campaña de Spamouflage que comenzó en agosto del año pasado. El gobierno canadiense declaró que uno de los objetivos de la campaña era conseguir que los parlamentarios se distanciaran de los críticos con el PCCh.
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