Más de 2500 personas detenidas y cerca de 10 toneladas de drogas decomisadas es el resultado en 45 días del último estado de excepción decretado en las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
El ministro del Interior, Juan Zapata, también reportó en una rueda de prensa que en esas tres jurisdicciones se incautaron durante el estado de excepción 593 armas de fuego y más de 8000 balas, mientras que 34 bandas delictivas fueron desarticuladas.
En el mismo periodo a nivel nacional hubo más de 9100 detenidos y más de 16 toneladas de drogas incautadas, así como 80 bandas delictivas desarticuladas y el decomiso de 1269 armas de fuego, más de 38,000 proyectiles y 111 explosivos.
Zapata destacó que el estado de excepción permitió ejecutar a las fuerzas del orden 95 allanamientos sin orden judicial.
Asimismo, resaltó la detención de 144 criminales que eran «blancos» de las fuerzas del Estado, y que debido a la evidencia de sus delitos, 90 ingresaron en prisión provisional, mientras que 40 quedaron en libertad condicional y sólo 5 en libertad completa.
El titular de la cartera de Interior indicó que las muertes violentas se redujeron durante el estado de excepción en un 8 % a nivel nacional, y específicamente en Esmeraldas un 27.4 % mientras que en Santo Domingo esa disminución llegó al 51.7 %.
«No solo se lograron contener las muertes violentas sino reducirlas”, expresó Zapata.
A su turno, el ministro de Defensa, Luis Lara, manifestó que «no significa que esta intervención haya eliminado la violencia, pues nos enfrentamos a una violencia criminal asociado al narcotráfico y al terrorismo».
Lara afirmó que, debido a la acción de la Policía y de las Fuerzas Armadas, las bandas criminales están «desesperadas por mantener su dominio en determinados sectores de las ciudades y de los centros de reclusión».
«A pesar de las amenazas y de los intentos por amedrentar a la fuerza pública, el objetivo de reducir a la violencia se está consiguiendo y poco a poco volverá la tranquilidad a las zonas más afectadas», auguró Lara.
El estado de excepción fue decretado en esas tres provincias tras la escalada de atentados registrados a inicios de noviembre que se cobraron la vida de cinco policías, atribuidos al crimen organizado en respuesta a los masivos traslados de presos efectuados días antes y al incremento de incautaciones de droga.
Son varias las bandas criminales que se disputan el control del narcotráfico en la costa de Ecuador, una de las rutas de la droga que tiene como trampolín principal el puerto de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, y también rivalizan por el control interno de la prisiones, en una crisis que acumula más de 450 presos asesinados desde 2020.
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