El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció durante el fin de semana que su oficina aún tiene más de 500 casos de fraude electoral que deben ser escuchados en los tribunales.
El fiscal general hizo el anuncio después de que una mujer fuera arrestada por la Unidad de Fraude Electoral estatal a fines de la semana pasada por múltiples cargos de fraude electoral, según un comunicado de prensa de su oficina.
“Procesaremos el fraude electoral cada vez que lo encontremos”, escribió el fin de semana Paxton en Twitter cuando se refirió al caso. “Actualmente, nuestra oficina tiene más de 500 casos en espera en los tribunales”.
Si bien Paxton no proporcionó más información sobre los casos, afirmó que «el fraude electoral es real» y que «los tejanos merecen saber que su voto se cuenta de forma legal y segura».
Según el comunicado de prensa de su oficina, que brindó escasos detalles sobre el caso, Mónica Méndez fue arrestada e ingresada en la Cárcel del Condado de Victoria el 23 de junio. Su detención se produjo después de que un gran jurado presentara una acusación por siete cargos de voto ilegal, ocho cargos de ayuda ilegal a un votante, ocho cargos de posesión ilegal de papeletas y ocho cargos de fraude electoral.
Sin embargo, su caso no estaba relacionado con las elecciones del 3 de noviembre, según el comunicado. En cambio, el secretario de estado de Texas refirió a Méndez a la oficina del fiscal general después de que enfrentara acusaciones de votación ilegal derivadas de las elecciones locales de 2018.
Refiriéndose al caso de Méndez, el gobernador de Texas, Greg Abbott, sugirió que su oficina continuará aplicando leyes diseñadas para reforzar la seguridad en torno a las elecciones. El gobernador anunció hace varios días una sesión especial de la legislatura estatal para aprobar una serie de medidas relacionadas con las leyes de fraude electoral, la teoría crítica de la raza y la forma en que el estado maneja las fianzas.
En mayo, el Senado estatal de Texas aprobó un proyecto de ley que otorgaría más poder a los observadores electorales al brindarles un mayor acceso dentro de las áreas de votación. También crearía nuevas sanciones contra los funcionarios electorales que restrinjan los movimientos de los observadores electorales y también permitiría a un juez anular el resultado de una elección si el número de votos fraudulentos pudiera cambiar el resultado, entre otras disposiciones.
Sin embargo, durante las últimas horas de la sesión legislativa anterior, llevada a cabo el 30 de mayo, los demócratas de la Cámara estatal se retiraron antes de que la cámara liderada por los republicanos pudiera votar sobre el proyecto de ley del Senado.
«Espero tener una sesión en la que aprobemos un proyecto de ley de integridad electoral, así como una reforma para las fianzas», dijo Abbott al Dallas Morning News a principios de este mes. “Ambas son necesarias y ambas deben aprobarse. Y a medida que lleguemos a ese punto, es posible que agreguemos algunos elementos adicionales».
Mientras tanto, los demócratas se han opuesto en general a los proyectos de ley de reforma electoral respaldados por el Partido Republicano en Texas. Han argumentado que tales proyectos de ley restringirían el acceso al voto a los grupos minoritarios.
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