En un mordaz informe provisional publicado el 9 de octubre, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (republicano de Ohio), y el presidente del Subcomité de Inmigración, Tom McClintock (republicano de California), presentaron una sombría evaluación de las políticas de inmigración de la administración Biden, destacando su incapacidad para expulsar a más del 99 por ciento de los extranjeros ilegales que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México.
El informe, titulado «The Biden Border Crisis: New Data and Testimony Show How the Biden Administration Opened the Southwest Border and Abandoned Interior Immigration Enforcement» («La crisis fronteriza de Biden: nuevos datos y testimonios muestran cómo la Administración Biden abrió la frontera suroeste y abandonó la aplicación de las leyes de inmigración en el interior») contiene datos no divulgados anteriormente, que pintan un panorama desolador de los retos que afronta Estados Unidos en materia de aplicación de las leyes de inmigración.
«Prácticamente no hay aplicación de nuestras leyes de inmigración», dice el informe, citando entrevistas transcritas con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y criticando al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por hacer a Estados Unidos «menos seguro».
Una de las revelaciones más alarmantes es que entre el 20 de enero del 2021 y el 31 de marzo del 2023, hubo más de 5 millones de encuentros con extranjeros ilegales en la frontera sur. Sorprendentemente, al menos 2,464,424 de estos encuentros no tuvieron una salida confirmada de los Estados Unidos, lo que indica un problema significativo con los procedimientos de deportación.
Durante el mismo periodo, el DHS liberó al menos a 2,148,738 extranjeros ilegales en Estados Unidos. De ellos, sólo 5,993 fueron sometidos a un procedimiento de expulsión ante un juez de inmigración y posteriormente expulsados del país. Esto representa apenas el 6 por ciento de los liberados.
«Debido a la crisis de pedidos sin precedentes, algunos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se vieron obligados a abandonar las detenciones y expulsiones de extranjeros, incluidos los extranjeros delincuentes, para procesar a los extranjeros ilegales que llegaron a la frontera suroeste», se lee en el informe. «Mientras tanto, las propias políticas de la Administración Biden y las llamadas ‘prioridades’ de aplicación de la ley contribuyeron a reducir las detenciones y a disminuir las expulsiones de extranjeros».
El informe destaca una preocupante falta de escrutinio de los potenciales solicitantes de asilo. Sólo el 6 por ciento de los extranjeros ilegales puestos en libertad en Estados Unidos fueron sometidos a un examen de temor a la persecución, aspecto fundamental del proceso de asilo.
Desde marzo, sólo 874 de los inmigrantes ilegales cuyas solicitudes fueron examinadas por un juez de inmigración y en las que se determinó que tenían un temor legítimo a ser perseguidos habían sido expulsados por el DHS. La asombrosa cifra de 205,473 extranjeros fueron puestos en libertad en el país a través de diversos programas de libertad condicional ilegal.
El informe subraya las persistentes demandas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y su Subcomité de Integridad, Seguridad y Cumplimiento de las Leyes de Inmigración de información básica sobre el estado de la crisis fronteriza. En respuesta a estas demandas, el DHS proporcionó datos no divulgados previamente que dibujan un panorama preocupante de los continuos retos en materia de inmigración a los que se enfrenta Estados Unidos.
El Sr. Jordan y el Sr. McClintock pidieron atención inmediata para abordar estas cuestiones y asegurar las fronteras de la nación, haciendo hincapié en la importancia de la aplicación de la inmigración y la seguridad fronteriza a la luz de estas preocupantes estadísticas.
Según el informe de Politico sobre el documento, el portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández, respondió al informe.
«Este supuesto informe está lleno de mentiras de los republicanos de la Cámara de Representantes, que siguen jugando a la política mientras sabotean el trabajo del presidente Biden para aumentar la aplicación de la ley y el personal en la frontera», dijo Fernández.
La asesora de la Casa Blanca también citó estadísticas de la administración, afirmando que se realizaron aproximadamente 3,6 millones de repatriaciones y expulsiones desde enero del 2021, además de señalar la petición de 4000 millones de dólares del presidente Joe Biden al Congreso para tropas, agentes fronterizos y otros recursos.
Se produce días después de que la Casa Blanca diera un giro crucial en su política, reiniciando algunas obras del muro fronterizo y descongelando las deportaciones de venezolanos. Los gobernadores demócratas siguen presionando a la administración de Biden, exigiendo ayuda para hacer frente a la avalancha de inmigrantes que llegan a sus estados.
Faltan sólo 40 días para que se cumpla otro plazo para el cierre, y los republicanos presionan para que se financien las fronteras y se hagan concesiones políticas, mientras que los demócratas se muestran dispuestos a negociar. Y Jordan se presenta como candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes, haciendo de las cuestiones fronterizas uno de los ejes de su campaña.
«En entrevistas transcritas ante el Comité, los funcionarios del ICE testificaron que bajo la Administración Biden, las liberaciones aumentaron, las expulsiones disminuyeron, las comunidades estadounidenses se volvieron menos seguras, y la Administración Biden prácticamente abandonó la aplicación de las leyes de inmigración», dice el informe del comité del Sr. Jordan.
«El testimonio de estos funcionarios de inmigración de primera línea muestra vívidamente las peligrosas consecuencias de las políticas de fronteras abiertas de la Administración Biden».
Funcionarios de la Casa Blanca y del DHS no respondieron al cierre de esta edición a las peticiones de The Epoch Times.
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