Funcionarios en representación de la gobernadora de Massachusetts se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México para advertir a grupos y agentes federales que el estado no tiene más capacidad para albergar inmigrantes ilegales.
La gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, envió a miembros de su administración a la frontera para reunirse con funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, grupos no gubernamentales y familias «para informarles sobre la falta de disponibilidad de refugios en Massachusetts», según un comunicado de prensa emitido el martes por la oficina de Healey.
«Este viaje es una oportunidad importante para reunirse con las familias que llegan a EE.UU. y las organizaciones que trabajan con ellas en la frontera para asegurarse de que tienen información precisa sobre la falta de espacio de refugio en Massachusetts», dijo Scott Rice, director general de asistencia de emergencia del estado, en un comunicado. «Es esencial que corramos la voz de que nuestros refugios están llenos para que las familias puedan planificar en consecuencia para asegurarse de que tienen un lugar seguro al que ir».
El Sr. Rice encabeza el contingente, en el que también participan funcionarios de la Oficina de Refugiados e Inmigrantes de Massachusetts y de la División de Estabilización de la Vivienda.
En la agenda figuran visitas al aeropuerto de San Antonio (Texas), a un centro de recursos para inmigrantes de San Antonio y al puerto de entrada de Hidalgo (Texas).
Las autoridades de Massachusetts han afirmado anteriormente que todos los inmigrantes son bienvenidos en el estado, y han ampliado constantemente el sistema de albergues para dar cabida al aumento de personas que cruzan ilegalmente la frontera en los últimos años.
Incluso con la expansión, sin embargo, el sistema se llenó tan rápidamente que la Sra. Healey en 2023 declaró el estado de emergencia y activó la Guardia Nacional para ayudar a hacer frente a la afluencia.
Amy Carnevale, presidente del Partido Republicano de Massachusetts, dijo que el viaje no tiene sentido sin medidas para limitar el acceso a los refugios de emergencia.
«Para dejar de incentivar a los migrantes a venir a la mancomunidad, la Ley de Derecho a Refugio debe ser enmendada para restringir el acceso al programa basado en la duración de la residencia en la mancomunidad», dijo en un comunicado.
La ley estatal obliga a los funcionarios del estado a proporcionar refugio a las personas sin hogar.
En abril, la Sra. Healey firmó una ley que obliga a las familias a abandonar el sistema de alojamiento después de nueve meses, y su administración dijo en junio que iba a enviar avisos a las familias afectadas de forma continua, comenzando con alrededor de 150 familias en julio. Las notificaciones informan a las familias de que «están obligadas a abandonar el refugio en un plazo de 90 días», según la oficina de la gobernadora.
Los demócratas dijeron que la ley ayudaría a que el sistema de refugios siguiera funcionando sin dejar de ofrecer generosas prestaciones a los inmigrantes, independientemente de su situación legal. Los republicanos han presionado para añadir un requisito de ciudadanía a la Ley de Derecho a la Vivienda, pero el partido minoritario no ha tenido éxito hasta ahora.
La oficina de la Sra. Healey dijo que su administración se ha centrado en ayudar a los inmigrantes a recibir autorización para trabajar, formación e inserción laboral, clases de inglés y asistencia para encontrar una vivienda permanente para aumentar el número de familias que abandonan el sistema de refugios.
El número de familias que abandonaron el sistema en mayo fue de más de 331, la cifra más alta en años, dijo la oficina.
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