Un joven murió hoy al recibir 12 disparos en un barrio indígena del noroeste de Nicaragua, durante la denominada «Operación Limpieza» realizada por las alcaldías sandinistas, que consiste en ataques a quienes se oponen al Gobierno de Daniel Ortega, informó hoy el Movimiento 19 de Abril-León.
El joven Wilber Jarquín, cuya edad no fue precisada, falleció la madrugada de este viernes cuando un grupo de policías y encapuchados «rafagueó (disparó) contra una de tantas barricadas que la población sigue levantando a pesar de la llamada «Operación Limpieza» (que trata de devolver la normalidad a las calles), dijo una fuente del Movimiento de manifestantes «autoconvocados».
El tiroteo ocurrió en el barrio indígena de Sutiaba, en la ciudad de León, a 97 kilómetros al noroeste de Managua, un importante bastión del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hasta el estallido social contra Ortega, del 18 de abril pasado.
Jarquín cuidaba una de las barricadas levantadas por los ciudadanos para defenderse de los ataques de las «fuerzas combinadas» del Gobierno cuando recibió los disparos, según la fuente.
«Para esto quería la Alcaldía limpiar las calles, no porque le preocupa basura, sino para quitar las barricadas y matar a los chavalos», dijo una mujer junto al cadáver, que se negó a ser identificada, según mostraron las imágenes de la televisión local.
La denominada «Operación Limpieza», en la que los Gobiernos tumban las barricadas de la población para luego realizar ataques con armas de guerra y capturar a jóvenes, no es nueva en Nicaragua, ya antes de Ortega la ejecutó el dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado en 1979.
Al menos 285 personas han muerto en Nicaragua como producto de la represión, según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Las violaciones incluyen «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», según la CIDH, lo que fue rechazado por el Gobierno de Nicaragua.
A pesar de que el Gobierno de Ortega se ha comprometido con el cese de la represión en un diálogo nacional con diferentes sectores de la población, hasta ahora no ha cumplido, y los ataques a la población continúan.
Nicaragua lleva más de dos meses sumida en la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también bajo la presidencia de Ortega.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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