Alimentos Polar, la mayor empresa del sector en Venezuela, calificó este sábado de «medida arbitraria» la supervisión de los precios de sus productos decretada por el régimen de Nicolás Maduro tras acusarlos de promover la especulación.
«No hay ninguna justificación para esta medida arbitraria. A pesar de toda la situación económica que enfrentamos (…) seguimos produciendo y distribuyendo alimentos de calidad ajustados a la realidad económica y cumpliendo con el país conforme a las leyes», dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza.
Tres empresas afectadas
El régimen chavista anunció este viernes una serie de medidas para que «se preserven y se respeten los precios acordados de los productos que se están fabricando y determinar los receptores de estos productos».
Dichas medidas afectan a Alimentos Polar, que forma parte del conglomerado Empresas Polar, y a dos empresas más: Plumrose, una compañía de embutidos, y a un matadero de Tumero, en el céntrico estado Aragua.
Entre estas medidas está la de venta supervisada sus productos por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ente que depende del Ministerio de Comercio.
En el comunicado, Alimentos Polar criticó que mientras la Sundee inspeccionaba una de su plantas en Turmero, la medida «fue anunciada de manera sorpresiva por televisión sin que mediara procedimiento administrativo alguno, ni existiera justificación».
En dicha inspección, también participaron funcionarios de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), agregó la información.
Asimismo, denunciaron la actitud «hostil, irrespetuosa» del superintendente al cargo de la inspección y que durante la misma amenazó al personal de la instalación y evadió «todo el protocolo de seguridad interno», incluyendo el impuesto por el régimen ante la pandemia del COVID-19, enfermedad de la que en Venezuela ya se han contagiado 318 personas y ha causado la muerte a diez, según lo declarado por el régimen.
También, según su denuncia, amenazaron con la detención del gerente de la planta.
Acusan al régimen de causar «angustia y zozobra»
Alimentos Polar es fabricante de la tradicional harina de maíz marca «PAN» y de otros productos omnipresentes en las mesas venezolanas.
Mendoza denunció que las acciones tomadas por el régimen «solo atentan contra el abastecimiento de toda la red comercial privada y pública que atiende la empresa» y que «lejos de ayudar a la tranquilidad del país, genera angustia y zozobra».
Aunque la Ley de Precios Justos, norma en la que se ampara la medida adoptada por el régimen, no había sido derogada, sus efectos, entre ellos el control de precios, se habían relajado desde junio del año pasado.
Todo ello en un país que vive un periodo de hiperinflación desde noviembre de 2017 que se ha relajado en los últimos meses.
Cuentan con la colaboración de militares
Mendoza indicó que sus empresas han utilizado «recursos propios» para importar las materias primas «a costos internacionales y a las tasas de cambio con las cuales trabaja la industria privada, con pleno conocimiento de las autoridades».
En Venezuela y desde 2003, el régimen impulsó un control cambiario del bolívar, lo que ha generado distintas distorsiones en la economía así como una tasa de cambio paralela -el llamado «dólar negro»-, casi siempre por encima de la cotización oficial.
En este contexto, el empresario también afirmó que a los problemas de la economía del país se le suman los del suministro de combustible y energía eléctrica y añadió que están «haciendo un esfuerzo extraordinario» junto a las autoridades militares del país para conseguir gasolina y «poder continuar operando de la mejor manera posible».
«Han prestado su colaboración en materia de seguridad para custodiar las instalaciones y distribuir los alimentos en una situación compleja que vive el país», dijo Mendoza en referencia a los militares y reiteró que no se puede permitir que «estos esfuerzos conjuntos se vean entorpecidos por acciones irregulares que atentan contra el abastecimiento».
Una medida con precedentes
La regulación de precios de venta al público de productos de primera necesidad, como leche, azúcar o harina de maíz, ha sido una constante de los regímenes chavistas.
En 2018, la Sundde inspeccionó centenares de negocios en todo el país -junto a la Policía y la Guardia Nacional-, y obligó a bajar los precios de algunos productos.
Las rebajas forzadas provocaron largas colas y tumultos en negocios de todo el país, donde supermercados y otros establecimientos quedaron vacíos tras los descuentos.
En aquel momento, las asociaciones de empresarios alertaron del posible cierre de algunos de sus socios al ser obligados a vender con pérdidas.
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