El departamento de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia, cumple este miércoles 19 días de paro para que el censo poblacional se efectúe en 2023, con algunos bloqueos en el acceso a las principales instituciones dependientes del Gobierno nacional.
Varios estudiantes de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), entidad que hace parte del Comité Impulsor del Censo 2023, se apostaron en el ingreso de las oficinas de Impuestos Nacionales para impedir que los contribuyentes hagan sus trámites.
En esas oficinas se instaló un contingente de policías para evitar una potencial toma física mientras que en los exteriores hubo algunos empujones y forcejeos entre los que reclamaban por hacer sus gestiones y los bloqueadores.
El bloqueo a las instituciones gubernamentales es la nueva forma de protesta que han adoptado los que acatan el paro indefinido y se extenderán en las siguientes jornadas a oficinas de las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El paro ha tomado mayor rigor luego de que la comisión técnica, presidida por el Gobierno y con la participación de los representantes de municipios, gobernaciones y jurisdicciones indígenas de las nueve regiones del país, concluyera que el censo se realice entre marzo y abril de 2024.
En las calles de la ciudad de Santa Cruz la circulación es mucho menor al extremo de que se han colocado alambres de púas, troncos y varios obstáculos para evitar que circulen motocicletas y bicicletas.
El paro está «firme»
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo a medios locales que «la continuidad del paro está firme» y que la población no aceptará «ninguna imposición» por lo que se seguirá insistiendo en que el censo sea en 2023.
En la víspera, los técnicos de la Gobernación de Santa Cruz abandonaron la mesa técnica convocada al considerar que sus propuestas para la reducción de los tiempos en el cronograma censal siempre recibieron un «no rotundo».
A ese reclamo se sumaron los representantes técnicos de los municipios de La Paz, Tarija y Trinidad.
Los líderes cívicos de Santa Cruz han dicho que en las próximas horas van a «definir qué acciones tomar», aunque en la víspera el líder opositor y gobernador de esa región, Luis Fernando Camacho, adelantó que habría una «radicalización» y «masificación» de las protestas.
Posición del Gobierno
El vocero presidencial, Jorge Richter, expresó en una conferencia de prensa que luego de que los técnicos de Santa Cruz abandonaran la mesa técnica se han generado nuevamente hechos de violencia en esa región.
Richter enumeró una serie de acciones que sucedieron durante el día y en la víspera como un enfrentamiento en la localidad de Buena Vista y también el fallecimiento de un joven motociclista que se chocó con un cable tendido entre los extremos de una calle presuntamente por personas que apoyan el paro.
A juicio de Richter, «ya no hay motivo» para mantener el paro porque la mesa técnica ya definió la fecha del censo, por lo que ahora el gobierno de Luis Arce ya trabaja para emitir una norma que respalde el informe de esa comisión.
Santa Cruz encabeza las protestas para que el censo se realice en 2023 y sus datos se apliquen en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales.
Inicialmente, el empadronamiento nacional debía realizarse este mes, pero el Gobierno lo aplazó para 2024 argumentando razones técnicas y la necesidad de «despolitizar» el proceso en beneficio de «datos de calidad».
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