Una mayoría de votantes en California tiene la intención de votar sí a la Proposición 36, que aumentaría las penas por robo reincidente y delitos de drogas, según una nueva encuesta realizada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de Berkeley y publicada el 16 de agosto.
Aproximadamente el 56 por ciento de los encuestados dijeron que votarían a favor de la propuesta, mientras que el 23 por ciento se opusieron y el 21 por ciento están indecisos.
Una pluralidad de demócratas está señalando que votará por la Proposición 36, con un 48 por ciento que dice que aprueba la iniciativa, un 29 por ciento que se opone y un 23 por ciento que aún no se ha decidido.
Los republicanos aprueban abrumadoramente la medida en la boleta electoral, con 69 por ciento diciendo que votarán a favor, 17 por ciento diciendo que votarán en contra, y 14 por ciento indecisos.
En la mayoría de los subgrupos del electorado, los votantes expresaron su apoyo a la propuesta.
La mayoría de los residentes en comunidades urbanas, suburbanas y rurales dijeron que votarían sí, al igual que los residentes en todas las regiones del estado. Hombres y mujeres y californianos de todas las razas expresaron su apoyo por amplios márgenes.
El apoyo también fue amplio entre todos los niveles de ingresos, con márgenes ligeramente más estrechos entre el grupo de ingresos más bajos, los que ganan menos de 40,000 dólares al año.
Los únicos encuestados que manifestaron más oposición que apoyo fueron los que se identificaron como “muy liberales”.
Después de que los fiscales de distrito y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presentaran la Proposición 36, cientos de miles de californianos firmaron peticiones para que la medida se incluyera en la papeleta de las elecciones generales de noviembre.
Algunos minoristas y líderes empresariales han expresado su apoyo a la medida, con múltiples campañas trabajando por separado para conseguir la aprobación de la iniciativa.
La Proposición 36 busca enmendar aspectos de la Proposición 47, aprobada por los votantes en 2014 con el objetivo de reducir la población carcelaria al cambiar algunos delitos de robo y drogas, de delitos graves a delitos menores.
En la última década, algunos expertos en aplicación de la ley dicen que los cambios promulgados por la Proposición 47 han puesto en peligro la seguridad pública y han creado lagunas (con menos consecuencias para ciertos delitos de drogas y robo) que los delincuentes aprovechan.
Algunos señalan la oleada de robos con violencia y hurtos en comercios como consecuencia de la Proposición 47.
La Proposición 36 restablecería la capacidad de los fiscales de sumar delitos de robo para alcanzar el umbral mínimo de 950 dólares por bienes robados requerido para contar como delito grave, y les dará la opción de presentar cargos por delitos graves.
La proposición también daría prioridad a los programas de rehabilitación para que los delincuentes drogadictos reciban ayuda para sus trastornos. A los condenados por delitos relacionados con las drogas se les ofrecería la oportunidad de completar programas de rehabilitación para evitar penas de prisión.
“La Proposición 36 nos devuelve a la década de 1980, a la Guerra contra las Drogas, al encarcelamiento masivo, [y] promueve una promesa que no se puede cumplir”, dijo el gobernador Gavin Newsom a los periodistas durante una conferencia de prensa el 16 de agosto después de firmar 10 proyectos de ley sobre el robo al por menor. “Yo preguntaría a los que la apoyan, en particular a los alcaldes: ‘¿Dónde están las plazas de tratamiento? ¿Dónde están las camas?”.
Señaló que 22 condados del estado carecen de instalaciones de tratamiento residencial, lo que sugiere que sería difícil y costoso implementar los cambios ordenados por la Proposición 36.
El gobernador también dijo que la Proposición 36 podría reducir las oportunidades de financiación (que ascendieron a 95 millones de dólares el año pasado) que están previstas en la Proposición 47 para programas de tratamiento y servicios a las víctimas.
“En realidad redirige esos dólares, los quita”, dijo Newsom en respuesta a una pregunta de The Epoch Times. “Lo cual es notable, en sí mismo, que eso no se haya destacado más”.
Algunos legisladores y el gobernador afirman que el paquete de proyectos de ley contra el hurto en el comercio minorista, recientemente promulgado, es un paso en la dirección correcta para abordar los problemas y que la acción legislativa es mejor que la iniciativa de los votantes.
Los defensores de la Proposición 36, sin embargo, dicen lo contrario. Dicen que se necesitan leyes más fuertes promulgadas por la voluntad de los votantes para proteger la seguridad pública.
“Ya se trate de los robos desenfrenados en comercios minoristas que provocan el cierre de tiendas en los barrios o de la creciente epidemia de sobredosis de fentanilo, los californianos no pueden permitirse medidas a medias para hacer frente a estos problemas acuciantes”, escribió en su sitio web el grupo Californians for Safer Communities (Californianos por unas Comunidades más Seguras), impulsor de la iniciativa. “Esta medida bipartidista proporciona sentido común, reformas específicas a la Proposición 47 que las propuestas legislativas por sí solas son incapaces de ofrecer”.
El grupo afirmó que la actual falta de sanciones está envalentonando a los delincuentes.
“Los robos con violencia y los hurtos en comercios están perjudicando a las empresas y a los residentes de California porque quienes cometen estos delitos saben que se saldrán con la suya, incluso si son detenidos”, escribió el grupo.
A unas 10 semanas de las elecciones, partidarios y detractores están intensificando sus esfuerzos para atraer a los votantes hacia la propuesta.
La encuesta se realizó entre el 31 de julio y el 11 de agosto enviando preguntas por correo electrónico a 3765 posibles votantes de California sobre sus opiniones acerca de las medidas electorales. Los Angeles Times financió en parte el estudio.
El margen de error se calculó en más o menos dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 por ciento.
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