El martes, muchos residentes de San Diego asistieron a una reunión de la junta de supervisores del condado para expresar su furia y decepción por las restricciones del condado en relación con el COVID-19, como los cierres, los requisitos de mascarillas para todas las personas y la vacunación obligatoria.
Mariam, extrabajadora de la salud y afgana-americana de primera generación, dijo a la junta que se ha quedado «completamente decepcionada» por las decisiones del condado en la gestión de la salud pública y el COVID-19 —la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
«Mi familia llegó aquí desde Afganistán. Huyeron de los talibanes, del dominio que iban a imponer sobre nosotros», dijo Mariam durante la audiencia. «¿Saben lo que son ustedes? Actúan como terroristas».
«Quiero vivir mi vida. Y ustedes me la están arrebatando, igual que ellos [los talibanes] se la quitan a mi pueblo».
«Y les voy a decir que soy una guerrera —una guerrera afgana— y no vamos a ceder porque no hemos cedido y seguimos sin hacerlo», añadió Mariam.
En junio, el condado de San Diego emitió una orden de salud (pdf) en la que decía que las personas y entidades pueden seguir estando sujetas a las directrices y normas de salud pública de California, como el uso de mascarillas para todas las personas en lugares cerrados —independientemente del estado de vacunación— en el transporte público, en las escuelas o en los centros de atención médica. Para las personas no vacunadas, se exige el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados y en negocios.
Una madre también dijo a la junta que hablaba en nombre de sus hijos: «¿Qué tipo de madre sería si no pudiera defender a mis hijos?».
Dijo que es importante que sus hijos en edad escolar aprendan la forma correcta de saludar, de la fonética y de sonreír, a través de «la risa y el juego».
«Necesitamos ver sus sonrisas», dijo.
«Mis hijos y yo no vamos a seguir lidiando con el teatro político de las mascarillas de California (…) Nosotros, el pueblo, hemos hablado. No nos echaremos atrás. La mayoría silenciosa ya no es silenciosa», continuó la madre. «Como madre, nunca cederé por mi libertad y por los derechos de mis hijos».
Emily Archuleta, otra residente del condado, afirmó que la imposición de vacunas como condición para el empleo viola los derechos constitucionales de los estadounidenses y perjudicará aún más la economía.
«Elegimos lo que decimos, elegimos nuestra religión, elegimos lo que comemos, si bebemos, si fumamos, si conducimos, nuestra orientación sexual, nuestra elección si elegimos abortar, ¿en qué se diferencia la elección de una vacuna?», preguntó Archuleta.
«Enfrentan la resistencia porque están imponiendo esto», dijo Archuleta. «Dejen que la gente elija».
Archuleta también señaló que no le han quitado el derecho a elegir a la gente en otras epidemias de salud. «Veamos la obesidad, que mata a 300,000 personas y que tiene muchas otras consecuencias para la salud, y sin embargo seguimos vendiendo comida chatarra», señaló Archuleta. «Damos a la gente la opción de hacer lo que quiera con su cuerpo».
Una enfermera titulada, Heather Covell, dijo a la junta que acababa de renunciar debido al mandato de vacunación implementado para los trabajadores de la salud.
«De hecho, ayer renuncié a mi trabajo como enfermera registrada debido a esta obligación estatal de vacunación», dijo Covell a la junta.
California anunció el 5 de agosto que está obligando a todos los trabajadores del sector sanitario a que se vacunen contra el COVID-19. Todos los trabajadores de la salud que no tengan acceso a las opciones de pruebas por el virus deberán estar completamente vacunados antes del 30 de septiembre.
«No he tenido ningún problema en trabajar en el sistema sanitario durante los últimos 18 meses sin vacunarme. Pero ahora, de repente, soy una amenaza para la salud pública», dijo Covell. «Díganme dónde tiene sentido esto».
«Lo que están haciendo es crear una crisis sanitaria», añadió. «Ya tenemos una escasez de enfermeras en Estados Unidos. Así que ahora en el condado de San Diego, sé de hecho, hay varios hospitales que están operando en una crisis de ‘todas las camas'».
Al menos 120 personas se dirigieron a la junta de supervisores durante la acalorada audiencia pública de cuatro horas y media, reportó KUSI. La gran mayoría de los oradores se opusieron a que el condado imponga restricciones de COVID, como las mascarillas y las vacunas.
La junta de supervisores y la agencia de salud y servicios humanos del condado no han respondido a una solicitud de The Epoch Times para hacer comentarios.
Al final de la audiencia, Nathan Feltcher, el presidente de la junta de cinco miembros, dijo que seguiría confiando y dependiendo del consejo de los expertos en salud y médicos designados por el estado frente a la «presión e intimidación».
La junta aprobó algunos gastos relacionados con el COVID-19 (pdf), entre ellos 4.6 millones de dólares en fondos para «establecer, ampliar y mantener una fuerza de trabajo de salud pública».
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