Miembros de la Unidad Médica Nicaragüense realizaron este sábado una protesta contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a pesar de un fuerte operativo policial para evitarlo, en medio de la peor crisis del país en décadas.
Los médicos protestaron para exigir la reintegración de facultativos despedidos tras atender a heridos durante ataques armados del Gobierno y por el asedio que sufren los médicos que «han cumplido con su juramente hipocrático», de atender a todas las personas sin distinción política.
El amplio despliegue policial no logró impedir que un pequeño grupo de médicos y trabajadores de la salud lograra entrar en la zona donde mantuvieron la protesta, el estacionamiento de un centro de oficinas privado.
Los médicos gritaron los nombres de más de 20 personas que, según afirmaron, murieron porque la exministra de Salud y ahora asesora personal de Ortega, Sonia Castro, ordenó que no se les atendiera en los hospitales.
«¡Eran nicaragüenses, no eran enemigos!», exclamaron los manifestantes, quienes también lanzaron consignas como «¡Basta ya de represión!», «¡Dictadura no, democracia sí!», o «¡No más torturas!».
El operativo policial incluyó decenas de patrullas fuertemente armadas, con fusiles de guerra, antidisturbios, vehículos todo terreno, perros, calabozos móviles y autobuses.
«La protesta es cívica, nos han tratado de amedrentar, pero han visto que los médicos no tenemos miedo», dijo el líder del sindicato, José Luis Borge, a los periodistas.
Durante la manifestación los policías golpearon e hirieron a un menor que intentaba realizar una gestión en las oficinas cerca de la concentración, según denunciaron sus familiares.
Borge advirtió de que la calidad de la atención médica en Nicaragua ha disminuido desde el estallido social contra Ortega en abril de 2018, porque el Ministerio de Salud no encuentra suficientes médicos de ideología sandinista para sustituir a los que ha destituido.
Según la Unidad Médica Nicaragüense, más de 75 médicos han debido exiliarse por el asedio de policías y paramilitares del Gobierno, de los cuales 56 están en Costa Rica y 19 en Estados Unidos, mientras otros han huido a Europa o permanecen escondidos en zonas rurales de Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega ha cometido crímenes «de lesa humanidad» en el marco de la crisis.
La crisis ha dejado al menos 326 muertos, de acuerdo con la CIDH, aunque organismos locales establecen el número en 594 y el Gobierno en 200.
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