Tres médicos solicitan a la Corte Suprema de EE. UU. que impida que un organismo de California los investigue por su oposición a las políticas del COVID-19 aprobadas por el estado.
La Junta Médica de California considera que la expresión de las opiniones discrepantes de los médicos sobre la enfermedad es información errónea potencialmente peligrosa que debe suprimirse. La junta argumenta que tiene autoridad legal para sancionar a los médicos por su discurso, que considera una falta de ética médica. Los médicos replican que el hecho de que tengan licencia médica no significa que renuncien a sus derechos de libertad de expresión en virtud de la Primera Enmienda.
La solicitud de urgencia en el caso Kory contra Bonta fue registrada por el alto tribunal el 8 de enero, según declaró a The Epoch Times uno de los abogados de los demandantes, Richard Jaffe, de Sacramento (California).
La solicitud de medida cautelar se presentó ante la jueza de la Corte Suprema Elena Kagan, que supervisa las apelaciones urgentes de California.
No está claro cuándo se pronunciará la Corte Suprema sobre la solicitud.
Los jueces podrían conceder una medida cautelar contra el Estado, denegar la medida cautelar o programar el caso para un debate oral.
La solicitud fue presentada por los doctores en medicina Pierre Kory y Brian Tyson, el médico osteópata Le Trinh Hoag, Physicians for Informed Consent y Children’s Health Defense, una organización sin ánimo de lucro fundada por Robert F. Kennedy Jr.
El presidente electo Donald Trump, que tomará posesión de su cargo el 20 de enero, ha propuesto a Kennedy como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Kennedy, abogado, también figura como coasesor en la candidatura.
Según la solicitud, los poderes ejecutivo y legislativo de California «amenazan a los médicos californianos con imponerles medidas disciplinarias por sus opiniones contrarias a la narrativa dominante sobre el COVID».
La Legislatura de California aprobó la AB 2098, que entró en vigor en enero de 2023, haciendo que la difusión de «desinformación! sobre la enfermedad sea una ofensa por la cual los médicos podrían ser disciplinados, dijo la solicitud.
Después de que un juez federal de distrito bloqueó la ley en enero de 2023, la Legislatura derogó la disposición de desinformación a partir de enero de 2024. La solicitud dice que la junta continuó investigando a los médicos por violar su política sobre el COVID-19 después de la derogación.
Los solicitantes impugnan «la práctica y la política de amenazar y sancionar a los médicos por proporcionar información y recomendaciones contrarias a la narrativa principal sobre el COVID», según la solicitud.
El 23 de abril de 2024, la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de California rechazó una solicitud para bloquear preliminarmente el programa de aplicación del estado, encontrando que los solicitantes carecían de legitimación.
La legitimación se refiere al derecho de alguien a demandar ante una corte. Las partes deben demostrar una conexión suficientemente fuerte con la demanda para justificar su participación en un pleito.
La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito el 27 de noviembre de 2024.
El Código de Negocios y Profesiones de California, en virtud del cual la Junta Médica de California reclama su autoridad disciplinaria, «regula la conducta, no el discurso», dijo la corte de circuito.
«Prevé la aplicación de la norma de atención, que es la norma para el tratamiento de los médicos a los pacientes», declaró.
Para demostrar su legitimación, los demandantes tenían que demostrar que existía «una amenaza creíble de que la [junta] los procesara en virtud de la ley», pero no lo hicieron, dijo la corte de apelaciones.
El Noveno Circuito dijo que el expediente judicial mostraba que la única acción disciplinaria tomada contra un médico «implicaba a un médico que animaba a su paciente a usar ivermectina veterinaria y resultó en la renuncia estipulada de su licencia».
Los demandantes solicitan a la Corte Suprema una orden judicial que impida al estado «continuar con su programa de aplicación de la ley dirigido a la información, opiniones y recomendaciones sobre el COVID-19 que los médicos con licencia de California pueden proporcionar a los pacientes».
Los abogados Jaffe y Kennedy presentaron anteriormente un recurso relacionado ante la Corte Suprema que sigue pendiente. En el caso Stockton contra Ferguson, pidieron a los jueces que impidieran a la Comisión Médica de Washington investigar a los médicos con licencia del estado por sus críticas a las políticas sobre el COVID-19.
Estaba previsto que los jueces consideraran la solicitud en la conferencia judicial privada del tribunal el 10 de enero. La corte podría anunciar una decisión sobre el caso el 13 de enero.
The Epoch Times se puso en contacto con la Junta Médica de California y con el Fiscal General de California, Rob Bonta, que representa a la Junta, para solicitar comentarios, y no se recibió respuesta al momento de la publicación de este artículo.
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