Un juez estatal de California suspendió una orden de emergencia que prohíbe los servicios religiosos en interiores, emitida por el gobernador Gavin Newsom el mes pasado, después de que una megaiglesia del área de Los Ángeles presentó una demanda.
La decisión judicial ocurre cuando miles de cristianos en el estado continúan asistiendo a los servicios religiosos en persona, desafiando abiertamente a Newsom. Otras iglesias y coaliciones religiosas han presentado sus propias demandas contra el gobernador por sus órdenes de cierre.
La denuncia legal fue presentada el 12 de agosto ante la oficina del condado de Los Ángeles del Tribunal Superior del Estado de California, por Thomas More Society, una firma de abogados de interés público con sede en Chicago que se especializa en temas de libertad religiosa.
Según un resumen de NBC News, Newsom ordenó el 19 de marzo el cierre de casi todos los establecimientos, incluyendo a las iglesias. El 18 de junio, se permitió a Los Ángeles realizar «operaciones en interiores con capacidad reducida en lugares de culto», pero los casos reportados del virus PCCh, que causa la enfermedad COVID-19, comenzaron a aumentar.
En julio, la mayoría de las actividades en interiores fueron nuevamente prohibidas. Los lugares de culto religioso en el estado ahora están restringidos a un máximo del 25 por ciento de la capacidad del edificio o 100 asistentes en el interior, lo que sea menor, y los cánticos están prohibidos.
Los demandantes son Grace Community Church of the Valley y su pastor, John MacArthur. Los principales acusados son Newsom, el fiscal general Xavier Becerra y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, todos demócratas.
La Gran Época se acercó a Newsom para hacer comentarios, pero su oficina no respondió al cierre de esta edición.
Horas después de que Grace Community Church, que tiene una gran capacidad de asientos, presentara una demanda para invalidar lo que afirma que son restricciones inconstitucionales relacionadas con la mitigación de la pandemia en las iglesias, el condado de Los Ángeles presentó una solicitud para una orden de restricción temporal, que buscaba impedirle a la iglesia realizar servicios en interiores.
La iglesia recibió una carta de cese y desistimiento de los abogados del condado, el 29 de julio, advirtiendo que violar las órdenes de salud estatales y del condado «es un delito punible con una multa de hasta USD 1000 y encarcelamiento de hasta 90 días». Cada día de servicios en interiores cuenta como una infracción separada, según la carta, que se describió en la denuncia legal.
Pero el 14 de agosto, el juez James Chalfant rechazó al condado y le pidió que demostrara la validez de sus argumentos, los cuales tienen el fin de restringir los derechos, constitucionalmente garantizados de las iglesias, que les permiten ejercer la religión libremente. Una audiencia completa en el caso está programada para el 4 de septiembre.
Por el momento, Chalfant ordenó a la iglesia que sus feligreses usaran máscaras y mantuvieran el distanciamiento social durante los servicios en el interior.
MacArthur respondió al fallo de la corte en una declaración proporcionada por Thomas More Society:
“Estoy muy agradecido de que la corte nos haya permitido reunirnos adentro y estamos contentos por unas semanas de cumplir y respetar lo que el juez nos ha pedido porque está permitiendo que nos reunamos. Esto reivindica nuestro deseo de permanecer abiertos y servir a nuestra gente. Esto también nos da la oportunidad de demostrar que no estamos tratando de ser rebeldes o irrazonables, sino que nos mantendremos firmes para proteger a nuestra iglesia contra restricciones irrazonables e inconstitucionales».
El abogado Charles LiMandri, que representó a los feligreses, describió el fallo de la corte como «una gran victoria para el derecho constitucional de todos los ciudadanos a la libertad de religión» y elogió a MacArthur por su «amor a Dios y al país [que] lo motivó a él y a todos los ancianos de Grace Community Church para resistir las injustas órdenes de cierre del gobierno, dirigidas a personas de fe. Su devoción y patriotismo ha producido un resultado que respeta los intereses legítimos, tanto de la iglesia como del estado».
La demanda presentada por Grace Community Church acusó a los funcionarios de hipocresía.
El pueblo estadounidense “ha sido testigo de cómo las severas restricciones impuestas por funcionarios públicos para, supuestamente, combatir la pandemia de COVID-19 simplemente no se aplican a ciertos grupos favorecidos”.
Cuando la gente tomó «las calles para participar en protestas» políticas «o» pacíficas «supuestamente contra el racismo y la brutalidad policial, estos manifestantes se negaron a cumplir con las restricciones pandémicas. En lugar de hacer cumplir las órdenes de salud pública, los funcionarios públicos estaban demasiado ansiosos por otorgar una excepción de facto para estos manifestantes favorecidos».
«Este favoritismo ha causado una enorme pérdida de confianza por parte del pueblo estadounidense en sus líderes gubernamentales, funcionarios de salud pública y las restricciones pandémicas».
La política del Golden State (California) viola el sentido común, sugiere la denuncia.
“Es hora de que California reconozca que las minorías religiosas desfavorecidas no son ciudadanos de segunda clase… [y] de explicar cómo se puede justificar la prohibición de los cultos, para prevenir la propagación de una enfermedad (con una tasa de mortalidad general del 0,02%), mientras está bien que los manifestantes propaguen esa enfermedad como la pólvora».
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