Un memorando del Departamento de Justicia (DOJ) afirma que el gobierno y las corporaciones privadas pueden obligar a los empleados a vacunarse contra el virus del PCCh, también conocido como nuevo coronavirus, a pesar de que la ley federal especifica lo contrario.
Un memorando de 18 páginas emitido el 27 de julio para apoyar las instrucciones del presidente Joe Biden de que se exija a los empleados federales que se vacunen o se enfrenten a estrictas pruebas y requisitos de uso de mascarillas gira en torno a la interpretación de la Sección 564 de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y sus estipulaciones relativas a los medicamentos que se emiten bajo la autorización de uso de emergencia (EUA), que permite a la FDA aprobar medicamentos experimentales para ser administrados en circunstancias de salud pública extremas.
Dirigido al consejero adjunto del presidente, el memorando dice: «usted ha preguntado si la condición de ‘opción de aceptar o rechazar’ de la sección 564 prohíbe a las entidades imponer tales requisitos de vacunación mientras las únicas vacunas disponibles para COVID-19 sigan sujetas a EUAs».
«Concluimos, de acuerdo con la interpretación de la FDA, que no lo hace. Este lenguaje en la sección 564 solo especifica que se proporcione cierta información a los potenciales receptores de la vacuna y no prohíbe a las entidades imponer requisitos de vacunación».
Las tres vacunas contra el virus del PCCh solo están autorizadas en virtud de la disposición de la EUA, y por eso el memorando del DOJ es completamente erróneo, según Liberty Counsel, un bufete de abogados de interés público con sede en Florida que se especializa en litigios sobre la libertad religiosa en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Liberty Counsel anunció a principios de esta semana que representará a un grupo de empleados del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) que se oponen a la exigencia del gobierno de que se vacunen contra el virus mortal que ha matado a más de 660,000 estadounidenses desde principios de 2020.
La portavoz de Liberty Counsel, Holly Meade, dijo a The Epoch Times el 30 de julio que «estamos inundados de gente que pide ayuda. Consideramos un gran privilegio liderar esta lucha. Esta es una situación de vida o muerte, y la gente necesita nuestra ayuda».
Liberty Counsel afirma en su análisis del memorando del DOJ que «es fundamentalmente defectuoso y … no puede leerse para permitir que el gobierno o las entidades privadas impongan un producto experimental aprobado simplemente para uso de emergencia. De hecho, el memorando incluso admite en múltiples ocasiones que la ley EUA y la FDA exigen la ‘opción de aceptar o rechazar'».
La respuesta de Liberty Counsel continúa diciendo que «ninguna de las vacunas de COVID está aprobada o autorizada por la FDA. Están bajo la Autorización de Uso de Emergencia (EUA), lo que significa que no pueden ser forzadas o requeridas», afirma Liberty Counsel en la declaración emitida el 29 de julio.
«En la página 1 del memorando del DOJ, y muchas veces después, el DOJ afirma correctamente que la Sección 564 de la ley federal ordena a la FDA ‘en la medida de lo posible’ y según la FDA ‘encuentre necesario o apropiado’ … imponer condiciones ‘apropiadas’ a cada EUA …»
«El memorando continúa: ‘Algunas de estas condiciones están diseñadas para asegurar que los receptores del producto sean ‘informados’ de ciertas cosas, incluyendo ‘la opción de aceptar o rechazar la administración del producto'».
«El memorando también afirma en la página 1 que desde diciembre de 2020, la FDA concedió EUAs para las vacunas de COVID. ‘En cada una de estas autorizaciones, la FDA impuso la condición de ‘opción de aceptar o rechazar’. El memorándum luego señala correctamente que la hoja informativa de la FDA dice: ‘Es su opción recibir o no recibir’ las inyecciones de COVID'».
«A pesar de este claro lenguaje de ‘opción de aceptar o rechazar’, y a pesar de admitir que la FDA ha afirmado públicamente esta ‘opción de aceptar o rechazar’, el memorando del DOJ dice que no significa que usted tenga la opción de rechazar».
«La ‘opción de aceptar o rechazar’, afirma el DOJ, se cumple simplemente diciéndole a la gente que tiene la ‘opción de aceptar o rechazar’, y, una vez que se le dice, la gente puede ser obligada a tomar estas vacunas. Esto es similar a interpretar los derechos Miranda en el sentido de que una vez que se le ha dicho a uno ‘tiene la opción de permanecer en silencio’, ¡se le puede obligar a hablar! Esto es absurdo».
El fundador y presidente de Liberty Counsel, Mat Staver, dijo en el análisis de su firma que «además del lenguaje llano de la ley de la EUA y de la FDA, los empleados y estudiantes tienen derechos bajo las leyes estatales y federales, incluyendo la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda, para rechazar la inyección de un medicamento en sus cuerpos».
«Es asombroso que el DOJ haya engañado intencionadamente al público con su memorando sin ley y orientado a los resultados. No permitiremos que la ley y el pueblo sean pisoteados por los empleadores, las escuelas o esta administración».
The Epoch Times solicitó al DOJ una respuesta al análisis de Liberty Counsel, pero aún no ha recibido respuesta.
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