Un panel de jueces ha declarado ilegal una orden del presidente Donald Trump que excluye a los inmigrantes ilegales de los cálculos utilizados para repartir los escaños en el Congreso sobre la base de la encuesta de población realizada durante el Censo 2020.
Los tres jueces del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dictaminaron unánimemente que el memorando presidencial de Trump, emitido el 21 de julio, «viola la responsabilidad constitucional delegada en el Congreso de contar el número total de personas en cada Estado y de repartir los miembros de la Cámara de Representantes entre los Estados de acuerdo con sus respectivos números».
La decisión de los jueces, de 86 páginas (pdf), dice que la ley federal requiere el uso de un conjunto de números para contar a las personas para el censo y en el proceso de redibujar los distritos del Congreso, lo que se conoce como prorrateo. Mientras los inmigrantes ilegales vivan en los Estados Unidos, «los extranjeros ilegales se consideran ‘personas en’ un ‘estado'» que deben ser contadas, escribieron los jueces.
El panel de jueces estaba formado por los jueces del Circuito Richard Wesley y Peter Hall, ambos nombrados por el presidente republicano George W. Bush, y el juez de distrito Jesse Furman, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama.
La sentencia puede ser recurrida ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Trump declaró el 21 de julio en su memorando que «es política de los Estados Unidos excluir de la base de reparto a los extranjeros que no tienen un estatus de inmigración legal», citando la Immigration and Nationality Act.
El presidente ordenó al secretario de Comercio que informara acerca de dos series de números del Censo 2020 correspondientes a cada estado: el total de la población determinada en el Censo 2020 y la población total menos el número de inmigrantes ilegales. Este último número se usaría para repartir los escaños del Congreso.
Los jueces escribieron en su decisión que el segundo número, que omite el número de inmigrantes ilegales, «no provendría del censo en sí, ya que el Censo 2020 no recoge información sobre el estado de la ciudadanía, y mucho menos sobre el estado de la inmigración legal en este país».
Los jueces emitieron una orden judicial que prohíbe a Trump tomar más medidas para aplicar el memorando, lo cual impide al secretario de Comercio reportar información sobre los inmigrantes ilegales durante el recuento del censo.
«A lo largo de la historia de la nación, las cifras utilizadas para determinar el reparto del Congreso —en el lenguaje de los estatutos actuales, la ‘población total’ y el ‘número total de personas’ en cada Estado— han incluido a todas las personas que residían en los Estados Unidos en el momento del censo, ya fueran ciudadanos o no ciudadanos y vivieran aquí con estatus legal o sin él», escribieron los jueces.
Los jueces no determinaron si el memorando violaba la Constitución, escribiendo: «Debido a que el presidente excedió la autoridad que le otorgó el Congreso por ley, no necesitamos, y no llegamos a la cuestión superpuesta, aunque distinta, de si el memorando presidencial constituye una violación de la propia Constitución».
Los demandantes fueron 38 estados, ciudades y condados, en su mayoría de tendencia demócrata, más varias organizaciones sin fines de lucro de derechos de los inmigrantes, que demandaron el memorando de julio, sosteniendo que fue «motivado por un ánimo discriminatorio hacia los hispanos y las comunidades de inmigrantes de color».
Los demandantes sostuvieron que el memorando podría descontar a millones de personas y cambiar algunos escaños en la Cámara, siendo California, Texas y Nueva Jersey los más propensos a sufrir pérdidas.
Los jueces escribieron que no necesitaban confiar en las especulaciones de que un estado dado perdería escaños en el Congreso por la exclusión de los inmigrantes ilegales en el proceso de reparto.
Dijeron que el «temor y la confusión» causados por el memorando de julio sirvieron para crear desconcierto entre los inmigrantes ilegales y para disuadir su participación en el censo, y que el daño resultante a los datos del censo era suficiente para justificar el fallo, escribieron los jueces.
La Unión Americana de Libertades Civiles —uno de los grupos que impugnó el memorando presidencial— escribió en una declaración: «Acabamos de frustrar el último ataque de Trump contra el censo y las comunidades de inmigrantes. La ley es clara: Todos son contados en el Censo, no se puede elegir [a quién sí y a quién no]».
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, que presentó el recurso contra el memorando de julio junto a los estados, condados y grupos, elogió el fallo.
«Los repetidos intentos del presidente Trump de obstaculizar, perjudicar y prejuzgar un censo exacto y el subsiguiente reparto han fracasado una vez más», dijo James en una declaración a Reuters.
James señaló que el tribunal federal de Nueva York había fallado anteriormente contra la administración Trump en su intento fallido de añadir una pregunta sobre la ciudadanía al Censo 2020. Ese caso fue a la Corte Suprema, la cual impidió que se agregara la pregunta de la ciudadanía.
«Los tribunales han fallado a nuestro favor en cada asunto del censo en los últimos dos años y continuamente rechazaron los intentos ilegales del presidente Trump de manipular el censo con fines políticos», dijo James a The Associated Press.
La Casa Blanca y el Departamento de Comercio, que supervisa el censo, no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios cuando fueron contactados por Reuters.
Con información de Associated Press y Reuters.
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