El investigador Roger Charles estaba revisando los registros de la investigación del FBI sobre el atentado de Oklahoma City hace más de una década, cuando descubrió un memorándum que sugería que alguien que trabajaba en ABC News proporcionó una pista a la oficina un día después del mortal ataque terrorista doméstico del 19 de abril de 1995.
Al parecer, un periodista sénior de ABC News había actuado como informante del FBI. El memorándum ocupó algunos titulares en 2011, pero pasó rápidamente con poca repercusión y con poca cobertura por parte de los principales medios.
Sin embargo, el descubrimiento de Charles avivó la curiosidad de su amigo, el abogado Jesse Trentadue. El residente de Utah estaba demandando al FBI por los registros relacionados con el asesinato de su hermano, y comenzó a presentar solicitudes en 2012 para ver si la oficina tenía otros informantes en los medios de comunicación, así como en lugares como oficinas del Congreso, tribunales, iglesias, otras agencias gubernamentales y la Casa Blanca.
Trentadue dijo que la respuesta del gobierno estadounidense le sorprendió.
«Pensé que volverían y dirían: ‘Nunca haríamos eso porque sería ilegal e inconstitucional'», dijo. «En cambio, volvieron y dijeron: ‘Sí, lo hacemos. Tenemos manuales sobre eso, pero no puedes tenerlos por seguridad nacional'».
El FBI luchó contra Trentadue durante años en los tribunales federales para mantener sus manuales en secreto, y finalmente tuvo éxito. Un juez federal desestimó la demanda en 2015.
Sin embargo, Trentadue dijo que el litigio le ayudó a reconstruir lo que él llama el «programa de informantes sensibles del FBI». Según su demanda sobre el asunto, este programa se utiliza para colocar informantes en los medios de comunicación nacionales, entre otras instituciones.
El FBI no ha respondido a las preguntas de The Epoch Times para este artículo, ni siquiera sobre la descripción que hace Trentadue del programa de informantes sensibles. La oficina ha defendido el uso de informantes en instituciones sensibles como algo necesario para erradicar la corrupción y otros delitos, mientras que el exdirector J. Edgar Hoover consideraba que estas tácticas eran necesarias para luchar contra el comunismo.
Pero a raíz de una mordaz auditoría interna del FBI publicada recientemente —que descubrió que los agentes especiales infringían sus propias normas más de dos veces por cada caso revisado cuando investigaban instituciones sensibles— algunos legisladores están empezando a cuestionar los amplios poderes de investigación de la agencia.
«Han pasado casi dos semanas desde que se reveló esta información, y el FBI se ha negado hasta ahora a comentar o a proporcionar más transparencia», dijo el senador Ted Cruz (R-Texas) en una carta del 31 de marzo. «Creo que el Senado se beneficiaría de escuchar directamente al inspector general Horowitz, al director del FBI Wray, así como a cualquier director de división con conocimiento de la auditoría o de los errores detallados en ella».
Registros de Trentadue
Según el abogado de Utah, Trentadue, la auditoría del FBI que no está completamente desclasificada solo empieza a arañar la superficie de las supuestas irregularidades de la oficina.
Él lo sabe. Sus litigios contra el gobierno de Estados Unidos, que abarcan cuatro décadas, han sacado a la luz numerosas revelaciones sobre el FBI, incluyendo detalles sobre operaciones encubiertas de infiltración de la derecha y bases de datos previamente ocultas.
Uno de los hallazgos de Trentadue que no ha recibido cobertura mediática —hasta ahora— se refiere a los informantes críticos.
Los documentos que Trentadue proporcionó a The Epoch Times incluían el memorando inicial del FBI que Charles descubrió sobre el informante dentro de la ABC, así como memorandos no publicados anteriormente escritos por agentes especiales que recibían información de la ABC y la NBC.
Entre ellos se encuentra un memorando del FBI de septiembre de 1996, en el que se informa de que una «fuente confidencial que trabaja para una agencia de noticias [se enteró] de que ABC News iba a emitir una divulgación en los próximos días sobre el atentado de OKC».
«ABC va a entrevistar a un rescatista que va a declarar que la ATF había almacenado una gran cantidad de explosivos en el MURRAH BUILDING, lo que contribuyó a la explosión. El rescatista también va a informar que la evidencia de estos explosivos fue encontrada por los rescatistas, y este rescatista en particular se había puesto en contacto con el FBI con esta información, y el FBI le dijo que se mantuviera en silencio», dice el memorando del FBI.
«Este rescatista está actualmente molesto porque no se ha hecho nada con esta información y siente que el FBI ha intentado encubrir la información».
El memorándum de septiembre de 1996 identifica a la persona de la agencia de noticias como una «fuente confidencial», en lugar de referirse a la persona por un número de serie, lo que sugiere que esta fuente puede ser diferente al informante mencionado. Trentadue dijo que no lo sabía con certeza, ni tampoco sabía si el informe de ABC al que se hacía referencia en el memorando se llegó a publicar.
Además, hay una serie de memorandos del FBI que también son objeto de controversia en otra demanda de Trentadue. Estos memorandos describen a agentes del FBI que supuestamente intentaban vender a la NBC imágenes de vigilancia del atentado de Oklahoma City.
Nadie fue detenido por esto y el gobierno estadounidense afirma que las imágenes de vigilancia de las que se habla en los memorandos no existen. Trentadue trata de demostrar la existencia de las imágenes en una demanda separada y en curso contra el FBI que ha estado sellada durante los últimos siete años.
Dejando a un lado la controversia de las imágenes de vigilancia, los memorandos muestran que el FBI recibía información de la NBC.
La primera información de la NBC llegó el 27 de octubre de 1995, cuando una fuente confidencial, cuya identidad está tachada, dijo que el programa Dateline de la NBC había sido contactado por un abogado. Según el memorando del FBI, el abogado representaba a un agente del FBI en Los Ángeles que pretendía vender las grabaciones de vigilancia por más de un millón de dólares.
«Se describió que la cinta de vídeo contendría fotografías de lapso de la llegada y luego la salida de un camión de UPS. A continuación, un camión Ryder se detiene y se ve a un hombre que se parece a Timothy McVey [sic] saliendo del lado del conductor del camión Ryder y luego alejándose», dice el memorando del FBI. «A continuación, se ve a un segundo hombre saliendo del lado del pasajero del camión Ryder y caminando hacia la parte trasera del camión. El segundo hombre se aleja en la misma dirección que el primero».
El FBI recibió cinco pistas más hasta el 7 de noviembre sobre el asunto, incluyendo a alguien que se ofreció a proporcionar una copia previa a la publicación de una historia sobre «las negociaciones entre un agente desconocido del FBI en Los Ángeles y ‘Dateline'», decía el memorándum.
Otros registros sugieren que el FBI utilizó a los reporteros como fuentes de información, lo supiera el reportero o no. Por ejemplo, un memorando del FBI del 25 de abril de 1995 afirma que el reportero Bob Norman, del News Press, un diario de Florida, llamó a la oficina para proporcionar información.
El memorando del FBI dice que Norman «aconsejó» a un agente especial que el terrorista de Oklahoma City, Timothy McVeigh, tenía conexiones con la milicia de Florida. Pero Norman, actualmente reportero que ha escrito recientemente para el Florida Bulldog, dijo que simplemente llamaba por comentarios para una historia que estaba escribiendo en ese momento.
«Estoy seguro de que el agente quería que compartiera mi material de origen y, como muestra su propio informe, me negué correctamente a hacerlo», dijo Norman en una declaración a The Epoch Times.
El memorándum del FBI refleja, en efecto, que Norman se negó a proporcionar a la oficina una cinta de video, diciéndole al agente especial que «no estaba convencido de que sus superiores aprobaran compartir esta información con el FBI, y por lo tanto no puede proporcionar una copia de las cintas o más información».
«Aunque no estoy de acuerdo con la caracterización del agente sobre el motivo de la llamada, esto es lo que hacen los periodistas», dijo Norman. «Presentamos la información que encontramos a las autoridades para obtener confirmación, información adicional, contexto, refutaciones, etc. Es, de hecho, una parte esencial del proceso de recopilación de datos».
Junto con los memorandos del FBI sobre los reporteros, Trentadue proporcionó un memorando que sugiere que el FBI tenía conocimiento previo de un nuevo miembro que se unía al equipo de defensa de McVeigh. Un agente especial informó en su momento que había recibido información de un testigo confidencial.
Los testigos confidenciales se diferencian de los informantes típicos en que suelen testificar en los juicios. Este testigo confidencial en particular, identificado en el memorándum de mayo de 1995, proporcionó información sobre una estafa de prestamistas y una «convención nacional de fuerzas especiales» que iba a tener lugar en Nevada ese año.
El testigo confidencial (CW) también proporcionó información sobre el equipo de defensa de McVeigh, diciendo al FBI que una mujer llamada Wilma Sparks se estaba uniendo al equipo.
«El CW informó que WILMA SPARKS es una asociada cercana del CW y que SPARKS está asumiendo la responsabilidad de investigar ciertos aspectos de la investigación», decía el memorando. «SPARKS informó al CW de que, aunque se trataba de un encargo desagradable, estaba dispuesta a aceptarlo para garantizar que el caso contra MCVEIGH no se anulara debido a la incompetencia del abogado».
El principal abogado defensor de McVeigh, Stephen Jones, no quiso hacer comentarios sobre el memorando.
El caso judicial de Trentadue
Trentadue utilizó los memorandos del FBI y otros documentos como evidencia para apoyar su demanda de la Ley de Libertad de Información (FOIA) en 2012.
En ese momento, Trentadue buscaba copias completamente desclasificadas de la Guía de Operaciones e Investigaciones Domésticas (DIOG) del FBI, el Manual de Normas de Validación de Fuentes Humanas Confidenciales del FBI, el Manual de Políticas de Fuentes Humanas Confidenciales del FBI y la Guía de Implementación de Políticas de Fuentes Humanas Confidenciales del FBI. El abogado de Utah había recibido algunas páginas de esos manuales que contenían referencias a informantes sensibles, pero ofrecía pocos detalles debido a que tenían muchas tachaduras.
Como parte de su esfuerzo, Trentadue estaba tratando de descubrir algo. Quería saber si el FBI tenía informantes en los tribunales, el Congreso, los medios de comunicación y otras agencias gubernamentales en algún momento desde enero de 1995. También buscaba información sobre cuántos informantes sensibles tenía el FBI en cada institución.
El gobierno de Estados Unidos se resistió en todo momento a los esfuerzos de Trentadue por llevar a cabo la presentación de pruebas. En la correspondencia por correo electrónico, los fiscales le dijeron que no tenía capacidad legal.
En este caso, usted no ha pedido al Tribunal que declare ilegal un supuesto «programa de vigilancia secreto» por ningún motivo… ni ha tratado de prohibir ninguna actividad que, según usted, pudiera estar llevando a cabo dicho programa», le dijo el Departamento de Justicia.
«Por el contrario, este caso, al igual que los numerosos casos de la FOIA que usted ha presentado en este Tribunal, no trata de nada, excepto de si el FBI realizó una búsqueda adecuada de los registros que responden a sus solicitudes de la FOIA».
En una moción de enero de 2013 para que un juez federal de Salt Lake City ordenara al FBI responder a sus preguntas, Trentadue argumentó en contra de la explicación del DOJ.
«La cuestión en esta disputa entre las partes no es la idoneidad de la búsqueda del Manual por parte del FBI. El FBI encontró el Manual», dijo Trentadue en su moción, refiriéndose a un libro del FBI sobre el uso de informantes sensibles. «La cuestión que debe decidir el Tribunal es si las exenciones de la FOIA presentadas por el FBI para retener partes del Manual son aplicables e, incluso si son aplicables, ¿pueden dichas exenciones ser legalmente alegadas para ocultar actividades del FBI que son inconstitucionales y/o de otro modo ilegales?».
«El demandante sostiene que las respuestas a esta pregunta en dos partes son: ‘NO'».
Sin embargo, el juez federal Dale Kimball falló a favor del FBI en julio de 2013, escribiendo en su decisión que el descubrimiento generalmente no está disponible en los litigios de la FOIA, y que no encontró ninguna razón para desviarse de esa regla.
En abril de 2014, el FBI solicitó un juicio sumario para poner fin a la demanda de una vez por todas. Los agentes del FBI proporcionaron declaraciones escritas en apoyo de la moción, articulando las razones de la oficina para retener información sobre informantes sensibles.
Eric Velez-Villar, entonces director adjunto de la Dirección de Inteligencia (DI) del FBI, dijo que revelar la información de los manuales comprometería las fuentes y los métodos de cómo la oficina maneja a los informantes.
«La eficacia de las técnicas que implican la participación no revelada [de los informantes] depende directamente de que el FBI mantenga sin revelar su participación en dichas actividades», dijo Velez-Villar. «La información estaba destinada únicamente a un público de empleados del FBI».
En cuanto a la información específica de las investigaciones sensibles y los informantes, Velez-Villar dijo que la divulgación de tales políticas «revelaría herramientas críticas utilizadas por el FBI en sus investigaciones y esfuerzos de recopilación de inteligencia».
«Divulgar las políticas que rigen estas técnicas y estrategias de investigación sensibles agravaría el daño de tal divulgación al revelar también cómo y cuándo el FBI puede/va a utilizar estas herramientas», dijo.
La moción del FBI también incluía declaraciones juradas de funcionarios del Departamento de Estado y de la CIA, ambos de acuerdo en que los manuales de informantes sensibles deben mantenerse en secreto.
La jefa de la unidad de apoyo al litigio de la CIA, Martha Lutz, dijo que revelar los manuales del FBI podría comprometer las fuentes de la CIA.
«En este caso, el manual del FBI indica ciertos rasgos o características de las fuentes humanas confidenciales del FBI que deberían dar lugar a una notificación o coordinación con la CIA. Al hacerlo, los manuales revelan los rasgos o características particulares que pueden asociarse a las fuentes humanas de la CIA, como el origen nacional de un individuo o sus hábitos de viaje», dijo Lutz.
«Revelar públicamente esta información crea el riesgo de que los adversarios de Estados Unidos puedan conocer los rasgos y características que la CIA valora en las fuentes humanas».
Trentadue se opuso a la moción de juicio sumario del FBI y las dos partes se enfrentaron en una audiencia de noviembre de 2014 sobre el asunto. Pero después de revisar los manuales sin clasificar en privado, el juez Kimball concedió las exenciones de seguridad nacional del FBI en junio de 2015.
Kimball señaló que las agencias gubernamentales «tienen derecho a una deferencia considerable» cuando ejercen exenciones de seguridad nacional o de aplicación de la ley. A menos que haya pruebas de mala fe por parte de los actores gubernamentales, los tribunales no tienen poder para obligar a las agencias gubernamentales a revelar información secreta, dijo.
En este caso —a diferencia de otro pleito en curso sobre la FOIA entre Trentadue y el FBI, en el que se está llevando a cabo una investigación sobre la manipulación de testigos— Kimball dijo que no encontró pruebas de mala fe por parte del gobierno estadounidense.
«Habiendo realizado una revisión exhaustiva a puerta cerrada de los documentos (o partes de ellos) retenidos por la agencia, junto con las razones alegadas por la agencia para retener la información, el tribunal concluye que las exenciones reclamadas son válidas», dijo el juez. «El FBI ha demostrado… que ha retenido información sensible porque esa información entra lógicamente en el ámbito de la exención reclamada».
Kimball ordenó el cierre del caso el 9 de junio de 2015.
Las conclusiones de Trentadue
Trentadue sostiene que su litigio en el marco de la FOIA, junto con los memorandos del FBI que ha conseguido, demuestra que el FBI tiene mucho que ocultar sobre su uso de informantes críticos.
«Sí, el FBI necesita informantes críticos para, como usted dice, investigar la corrupción y los posibles grupos violentos. Sí, el FBI debería tener manuales para asegurarse de que se hacen legalmente. Pero la clave es que yo pedí los manuales que regulan el ‘reclutamiento/manejo’ de informantes específicos, que el FBI produjo pero editó», dijo a este reportero.
«No se trata de que alguien llegue al FBI ofreciéndose a denunciar la corrupción. El FBI está reclutando espías».
Otros expertos en FOIA y en derecho tienden a estar de acuerdo.
«Mi opinión es que probablemente tenga razón», dijo Sean Dunagan, investigador principal de la organización conservadora Judicial Watch. «Simplemente es muy difícil llegar a cualquier conclusión con certeza moral, basándose en lo que el FBI no entregó».
El abogado y autor Alexander Charns, que relató cómo el FBI de J. Edgar Hoover se infiltró en el poder judicial federal en su libro «Cloak and Gavel: FBI Wiretaps, Bugs, Informers, and the Supreme Court», dijo que la historia apoya las afirmaciones de Trentadue, y que el Congreso debería investigar el asunto.
El libro de Charns, que abarca miles de registros de la Corte Suprema y del FBI obtenidos por el autor, detalla las numerosas tácticas que Hoover utilizó para influir en la Corte Suprema, desde la intervención de los teléfonos hasta las campañas de relaciones públicas, pasando por el uso de informantes.
«Es inquietante, pero no sorprendente, descubrir que al menos tres empleados de la Corte informaban directamente al FBI», escribió.
Tras matizar que su experiencia sobre los informantes del FBI se limita a la época de Hoover, Charns dijo que la agencia tiene una tendencia natural a llevar sus poderes de espionaje hasta los límites legales, y a veces más allá.
«No tengo pruebas de que esto ocurra ahora, pero parece que las fuerzas del orden son oportunistas. Así que, si tienen la oportunidad de colocar a un informante en una organización que plantea cuestiones constitucionales, a menudo tienden a verlo como: No van a rechazar la información», dijo.
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