La Corte Suprema Judicial de Massachusetts dictaminó el martes que los remitentes de mensajes de texto no tienen derecho a la privacidad que pueda impedir que las fuerzas policiales obtengan y utilicen los mensajes en su contra como evidencia en un caso penal.
La decisión, que sienta un precedente de 5-0 (pdf), se produjo en un caso relacionado con un hombre de Massachusetts, Jorge Delgado-Rivera, que fue acusado, junto con otras seis personas, de tráfico de cocaína.
La investigación que condujo a su acusación se inició a partir de evidencias en forma de mensajes de texto que fueron obtenidas en 2016 por un oficial de policía de Texas durante una parada de tráfico. El agente había registrado un teléfono móvil que pertenecía a Leonel García-Castaneda. Delgado-Rivera había enviado los mensajes a ese teléfono, y los mensajes parecían vincularle con una supuesta red de tráfico de drogas.
García-Castaneda solicitó la supresión de la evidencia incautada durante la parada de tráfico, argumentando que el registro se realizó sin una orden judicial y sin causa probable, y que por lo tanto violaba la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y el Artículo 14 de la Constitución de Massachusetts.
Los jueces del tribunal dictaminaron el martes por unanimidad que un tribunal inferior se había equivocado al ponerse del lado de Delgado-Rivera, quien afirmaba que tenía capacidad para unirse a la moción de supresión de García-Castaneda para objetar la detención y el registro.
El juez Frank Gaziano escribió para el tribunal que no se debería haber permitido a Delgado-Rivera desafiar el registro de sus mensajes enviados «porque no gozaba de ninguna expectativa razonable de privacidad, bajo la ley estatal o federal, en los mensajes de texto enviados por él, que estaban almacenados en un teléfono celular perteneciente a, y poseído por, otra persona».
La decisión señalaba que varias decisiones anteriores de tribunales federales «han sostenido de manera uniforme que, ‘si se envía una carta a otra persona, la expectativa de privacidad del remitente normalmente termina con la entrega'».
Delgado-Rivera no tenía «ninguna expectativa razonable de privacidad en virtud de la Cuarta Enmienda en los mensajes de texto en cuestión porque, una vez entregados, García-Castaneda, como destinatario, adquirió «pleno control para compartir o difundir el mensaje del remitente», escribió Gaziano.
Los jueces reconocieron que ciertas conversaciones orales pueden tener una expectativa razonable de privacidad. Sin embargo, rechazaron la idea afirmada por Delgado-Rivera de que los mensajes de texto son similares a las conversaciones orales porque «suelen ser más informales y se intercambian con más frecuencia, en un formato más breve, que otras formas de comunicación escrita». Los jueces calificaron su razonamiento de «poco convincente».
«La relativa formalidad, frecuencia o sensibilidad de la comunicación no caracteriza por sí sola la distinción entre las comunicaciones en las que un individuo tiene una expectativa razonable de privacidad y aquellas en las que no la tiene», escribió Gaziano, añadiendo después: «El hecho de que los individuos comuniquen pensamientos, sentimientos y hechos personalmente reveladores a través de mensajes de texto en lugar de por otro medio no altera el análisis de si conservaron una expectativa razonable de privacidad en esas comunicaciones».
La sentencia se aplica a los mensajes de texto normales y no a la mensajería cifrada o efímera, señaló el tribunal.
«No se plantea la cuestión de si un individuo puede utilizar ciertos tipos de tecnologías, como la encriptación o la mensajería efímera, para mantener el control de los mensajes electrónicos enviados lo suficiente como para conservar una expectativa razonable de privacidad en esos mensajes», se lee en una nota a pie de página en la decisión.
Es la primera vez que la corte de Massachusetts aborda el derecho a la intimidad de los remitentes de mensajes de texto, señala Gaziano.
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