Autoridades del metro de Ciudad de México, sistema de transporte que en la primeras semanas de este año ha registrado múltiples fallas y hasta un choque que dejó un muerto, acusó este miércoles que parte de esas fallas se deben al robo de cable por parte del crimen organizado.
El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Guillermo Calderón, informó en conferencia de prensa que en este delito, los infractores penetran a las instalaciones y registros a «robar y sustraer el cable que es importante para la alimentación de los diferentes sistemas».
Explicó que las líneas 1, 2, y 3 tienen más de 186 registros (entradas) que no se encuentran en área confinada de las instalaciones del sistema sino que se encuentran en vía pública.
«El año pasado tuvimos 14,500 metros (robados), es decir, 14.5 kilómetros de sustracción, y esto no puede ser solo una persona indigente que se meta al registro. Son grandes volúmenes y da cuenta de que habla de un grupo de crimen organizado», expuso Calderón.
Precisó que el tipo de cable que han estado robando es el cable de alta tensión que pesa más de 8 kilos cada metro y dijo que «se sustraen longitudes que van de los 30 a los 50, 70 y hasta 100 metros lineales en uno de los robos».
«El daño es muy importante, no solo en lo patrimonial, sino también en la parte de la operación y la parte de seguridad del Metro», expuso.
Además, contó que a partir de junio de 2022 la sustracción de cable aumentó, y que a principios de enero de este año «se vio un incremento importante en los episodios de robo del cable, y en los volúmenes, es decir, las longitudes sustraídas».
El pasado viernes, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital mexicana informó de la detención por homicidio del conductor del metro que causó el accidente que provocó la muerte de una joven de 18 años y dejó 106 heridos el pasado 7 de enero.
Tras ello, múltiples hechos han sucedido en el metro capitalino durante este mes, como la separación de dos vagones o cortes de los servicios por hechos que la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, declaró actos de «sabotaje».
Por ello, Sheinbaum solicitó al Gobierno mexicano el despliegue de 6000 agentes de la Guardia Nacional en todas las estaciones del metro, más de 165, custodiando el exterior y ocho talleres.
La decisión suscitó polémica y llevó a que diversos organismos de defensa de derechos humanos se manifestasen en contra, al considerar que la militarización del subterráneo tenía como fin dar una falsa sensación de seguridad y perpetúa las políticas de militarización cada vez más frecuentes en el país.
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