Colectivos ciudadanos acudieron este martes a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) para presentar una campaña de recaudación de firmas y entregar una petición al Gobierno para detener los apoyos económicos a migrantes deportados.
La líder de activaciones presenciales de la plataforma Actívate, Marisol Hernández, explicó a EFE que hasta el momento han alcanzado unas 1900 firmas ciudadanas en la web que concentra distintas iniciativas de grupos conservadores y de derecha.
El objetivo de la petición es entablar un diálogo con el Gobierno sobre la «decisión precipitada» de otorgar 110 dólares mensuales durante seis meses a los migrantes venezolanos para que regresen a su país de origen, detalló Hernández.
«El problema es que son recursos mexicanos y sabemos que ahora hay más necesidades en nuestro país, como es el caso del cáncer de mama u otras preocupaciones en cuestión de enfermedades que hay que atender», consideró.
Añadió que también vigilarán que dichos gastos estén en la Plataforma Nacional de Transparencia, y que, «en efecto, se compruebe que están apoyando a estas personas».
«La iniciativa es reciente, pero a nosotros nos gustaría saber de donde se va a financiar todo ese dinero porque es dinero que no han dicho de donde va a salir», señaló la representante de la plataforma.
En la carta entregada en las oficinas de la SRE, dirigida a la secretaria Alicia Bárcena, se lee que el documento contiene las firmas «de ciudadanos preocupados, que expresan su inquietud y descontento con respecto a este financiamiento».
«Es claro que México está atravesando una situación compleja con la llegada de un gran número de migrantes, pero debemos buscar soluciones que no impliquen un gasto adicional para los mexicanos», señala la petición.
«Nuestros impuestos deberían destinarse a priorizar a nuestros ciudadanos antes que a los migrantes», continúa.
El plan del Gobierno mexicano de entregar 110 dólares mensuales a migrantes deportados de Venezuela, Colombia y Ecuador durante 6 meses bajo un programa social de prácticas profesionales ha generado polémica desde que se anunció a finales de marzo por la titular de la SRE.
Padres de familia y habitantes de la frontera sur de México han cuestionado que el dinero no se destine para apoyar a familias que viven en la pobreza, así como a niños que sufren dificultades para acceder a la escuela en la zona.
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