Para quienes dudaban que bajo el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la propiedad privada iba a sufrir las consecuencias del socialismo que están imponiendo en el país, una la ley aprobada recientemente por el Congreso despeja cualquier duda y es una muestra más de que las libertades en México peligran.
Dicha ley impulsa la cárcel y la expropiación de propiedades a quienes «violan» los sellos de clausura de obra. Es decir, proponen usar la ley para quebrar el respeto a la propiedad privada por medio de medidas confiscatorias.
La amenaza de que México tome el rumbo de Venezuela ha estado en marcha desde la campaña presidencial de López Obrador. Aunque este niega que hacia allá va México, la Ley de Extinción de Dominio aviva la escena de Hugo Chávez señalando con el dedo propiedades privadas diciendo «exprópiese».
Así como bastaba con la orden del dictador socialista para apoderarse de inmuebles privados, ahora en México será suficiente el acta de un inspector para privar a un mexicano de su propiedad y libertad.
Entre seis y diez años de cárcel, además de la expropiación del inmueble, será el castigo por el quebrantamiento de los sellos de clausura. Asimismo, será tratado como un acto de delincuencia organizada. Así se indican en el artículo 4 bis de la Ley de Extinción de Dominio:
“La extinción de dominio procederá sobre bienes inmuebles en los que se cometa el delito de quebrantamiento de sellos, sin perjuicio de que solamente una parte del bien inmueble haya sido objeto de ampliación, modificación, construcción, demolición, explotación o uso. En el caso de quebrantamiento de sellos de anuncios, la extinción de dominio procederá sobre el inmueble en que se encuentre instalado o soportado el anuncio”.
Con 420 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones, la mayoría del partido de Gobierno en el Congreso permitió la aprobación de la ley propuesta por dos alcaldes oficialistas, Layda Sansores y Víctor Hugo Romo, que permitirá al Estado quedarse con cualquier propiedad que presente una mínima rotura del sello de clausura a una obra.
Ley permitiría que mexicanos vayan presos por las acciones de otros
Para el periodista Pablo Hiriart, de El Financiero de México, «de lo que se trata es de expropiar inmuebles con el pretexto de la rotura de un sello«.
Para poner en evidencia la arbitrariedad de la ley, usa el ejemplo del dueño de una panadería que está haciendo una mejora o ampliación, pero es clausurada por falta de algún papel, si la lluvia o un vecino maloso le desprende el sello, pierde la panadería. Si se cumple la ley, la panadería pasará a ser propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, según la ley aprobada.
De modo que cualquier transeúnte puede arrebatarle el sello a una obra, ocasionando la pérdida del inmueble a su propietario, y el Estado, en lugar de actuar como árbitro para mediar entre las partes involucradas, es quien se encarga de arrebatar lo que es de unos en función de los actos de otros.
Si un competidor le sabotea a otro, el Estado le expropiará al saboteado
Las consecuencias de la ley no terminan ahí. En el caso de industrias que compiten entre sí, el competidor puede arrebatar los sellos de la obra de otro y el Estado, en lugar de velar por la parte afectada, le privará de su libertad y expropiará el bien.
Por ejemplo, en el rubro de la construcción si un competidor le arranca los sellos al inmueble de la competencia: va preso el propietario y le expropian su inmueble.
La Ley de Extinción de Dominio viola la Constitución
Además de la arbitrariedad de la ley, cabe resaltar su ilegalidad, pues viola al menos cinco artículos de la Constitución: 1, 14, 16, 22, 73.
Así lo informa Ignacio Morales Lechuga, exprocurador General de la República, en un artículo titulado CDMX: otro intento de confiscación publicado en El Universal.
Lo más preocupante ahora es que no se trata del simple capricho de un par de alcaldes, sino que cuentan con el respaldo del Gobierno, ya que Morena tiene mayoría en el Congreso capitalino.
Por último, esta ley profundizaría no solo el alcance, sino el abuso del Estado, pues les permitiría a los inspectores convertirse en comisarios facultados para confiscar propiedad privada. Basta con que presenten un acta para que un ciudadano termine en prisión y que al salir su propiedad esté en manos del Estado.
La ley fue aprobada por mayoría rotunda, dado que en principio se ha promovido como una acción para combatir la corrupción y expropiar a los grupos de crimen organizado. Sin embargo, entre sus cláusulas deja la vía abierta para castigar a los ciudadanos comunes por arbitrariedades.
La ley de extinción de dominio ya fue aprobada por el Congreso, ahora solo falta que pase por el Ejecutivo para ser sancionada y ponerla en práctica.
Este artículo fue publicado originalmente en PanAm Post.
Los puntos de vista expresados en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de La Gran Época.
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