México endureció este martes el control migratorio en su frontera sur, con operativos de la Guardia Nacional para intentar frenar a los migrantes que se adentran en su territorio para dirigirse a Estados Unidos.
Desde el pasado fin de semana, más de 400 miembros de la Guardia Nacional comenzaron su despliegue en la región fronteriza entre los dos países, que tiene unos 650 kilómetros de largo.
Aunque se mantiene un perfil bajo, cada vez es más visible la presencia de miembros de la Guardia Nacional en retenes y controles, con un despliegue que ya se refleja en controles más duros contra los migrantes procedentes en su mayoría de Centroamérica.
El incremento en la vigilancia y la operación de la Guardia Nacional ha hecho que crezca el temor y la angustia de los migrantes que optan por registrarse ante las autoridades y hacer sus trámites para ingresar legalmente.
En la carretera federal de Tapachula-Talismán, debajo del puente conocido como Manguitos a la altura del kilómetro 10, se ha establecido uno de estos retenes de seguridad, según pudo constatar Efe.
En parques, hoteles, mercados, calles, veredas y carreteras de las ciudades de Tapachula, Suchiate, Huehuetán y Huixtla, grupos de agentes de migración ejecutarán controles sorpresa a partir de este lunes, siempre en coordinación con la Guardia Nacional y las policías federal, naval y militar.
El Plan de Atención y Desarrollo para Migrantes provenientes de Centroamérica ha sido desplegado en un 50 %, y se espera que esté completo para el próximo fin de semana; aseguró a la prensa Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América latina y el caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Las autoridades ordenaron el despliegue de 426 miembros de la Guardia Nacional a lo largo de la ribera del río Usumacinta, por donde regularmente se dan las mayores puntos de cruce de los migrantes.
Asimismo, se incrementaron los controles de vigilancia y de seguridad en los albergue donde en el pasado reciente ocurrieron motines, como el del albergue del siglo XXI, donde el mes pasado más de un millar de migrantes rompieron las puertas para salir.
Reyes Zúñiga reiteró que el objetivo de la Guardia Nacional será el de garantizar la integridad física de los migrantes en donde sea que se encuentren, en coordinación con Migración.
El funcionario explicó que las corporaciones de seguridad y de migración aplican un modelo aleatorio para las revisiones, aunque también si hay denuncias o sospechas de puntos de cruce, se refuerza la seguridad.
Reyes Zúñiga rechazó los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción de algunas autoridades mexicanas que estarían involucradas en el tráfico de personas, aunque dijo que se investiga el asunto y también se trabaja para prevenirlo.
El tema migratorio va caminado satisfactoriamente ya que a los migrantes se les proporciona atención, alimentos y servicios de salud, aunque hay inconformidades de personas que esperan que se defina su situación.
Colum, salvadoreña, lleva tres semanas en México y dos días que duerme en la calle con su hija para estar cerca de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Aseguró que el ambiente en la zona «es pesado». «Me da miedo. Ayer estuvieron aquí, se les vio parados en cada esquina, yo agarré a mi hija y me retiré porque escuché que migración agarró a unas personas más abajo, les rompió los papeles que da la Comar», relató a Efe.
Faustino, habitante de Tapachula, estado de Chiapas, le dijo a Efe que la presencia de la Guardia Nacional es buena para la ciudad porque «brindarán más seguridad y se evitarán los asaltos y asesinatos, que azotan a Tapachula y Suchiate».
En la Ciudad de México, Francisco Garduño Yáñez, exresponsable del manejo de las cárceles en el país, asumió como nuevo encargado del Instituto Nacional de Migración (INM) en un acto encabezado por la titular de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
El cambio en Migración ocurre en el marco del acuerdo que México hizo el pasado 7 de junio con Estados Unidos para reducir el paso de migrantes por su territorio antes de 45 días, a cambio de que Estados Unidos no impusiera aranceles a todos sus productos.
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