Un total de 79 políticos han sido asesinados desde el pasado 8 de septiembre en México cuando arrancó el proceso electoral, convirtiendo los comicios del 1 de julio no solo en los más grandes de la historia del país porque se elegirán más de 3.400 cargos públicos, sino también en los más violentos.
El último crimen tuvo lugar este mismo miércoles. Maribel Barajas, de 25 años, fue asesinada a puñaladas y golpes apenas 13 días después del inicio de la campaña electoral, en la que se presentaba como candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el suroccidental estado de Michoacán.
«Es el proceso electoral más violento en la historia. Tenemos el registro más alto en 2015, el último proceso federal con el que podríamos compararlo, cuando tuvimos unas 70 agresiones y 21 asesinatos», dijo a Efe Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, que hoy publica su «Tercer Informe de Violencia Política 2018».
El estudio contabiliza 173 agresiones directas a políticos y 78 asesinatos hasta el 8 de abril, al que se suma ahora el de Barajas, cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia en un vehículo presuntamente de su propiedad en la cima del Cerro del Quinceo, en la zona poniente de Morelia, capital de Michoacán.
Entre los muertos reportados en el informe, 20 eran precandidatos, 14 exalcaldes, 13 regidores, 10 militantes, 8 alcaldes, 6 dirigentes partidistas, dos exregidores, un candidato, un diputado local, un exsíndico, un síndico y un exdiputado federal.
Además hubo heridos con arma blanca o de fuego, secuestros, intimidaciones y amenazas.
Para Salazar, una suma de factores ha desencadenado este reguero de sangre en el panorama político rumbo a los comicios del 1 de julio, cuando 89 millones de mexicanos están llamados a votar para elegir 3.400 cargos públicos, entre ellos el presidente.
Al ser un proceso electoral monumental, supone un «verdadero reto ofrecer medios de seguridad a todos los candidatos», consideró el experto.
Y además agregó: las elecciones tienen lugar en medio de un «mar de violencia» creciente en México, que en 2017 registró 25.339 homicidios dolosos, la cifra más alta en 20 años.
«Las autoridades políticas no vieron esto, no lo previeron» denunció. Señaló también que buena parte de la violencia -66 % de los casos- ocurrieron en la precampaña electoral y la intercampaña, del 14 de diciembre al 29 de marzo, porque en este periodo los aspirantes apenas recibían protección.
Aunque se registraron crímenes en buena parte de la nación, la violencia contra los políticos se concentró especialmente en cinco estados: Guerrero (18), Oaxaca (13), Puebla (9), Veracruz (8) y Estado de México (6).
Salazar explicó que la violencia en el sureño estado de Guerrero tiene a menudo que ver con el afán de los cárteles del narcotráfico de ejercer control político y así facilitar el cultivo y trasiego de amapola, la planta con la que se produce la heroína que se trafica a Estados Unidos.
En Puebla y Veracruz, en el centro y este, buena parte de la violencia se relaciona con el robo de combustible, mientras que en Oaxaca (sur) las disputas son de carácter local, en municipios donde perviven figuras parecidas al «cacicazgo», identificó.
La violencia en México no entiende de colores políticos, pues el informe reveló que de los casi 80 casos, 29 muertos eran del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), 16 del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), 8 del conservador Partido Acción Nacional (PAN), 5 de Movimiento Ciudadano y 4 del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Además, 52 políticos han recibido amenazas, siendo el izquierdista Morena el más afectado, y ello provocó que varios aspirantes retiraran su candidatura.
Los familiares de los políticos se han convertido también en blanco de la violencia, con 40 asesinados, identificó Salazar.
El Instituto Nacional Electoral (INE) manifestó hoy en un boletín su «total rechazo a la violencia ejercida contra las candidatas y los candidatos», deploró el homicidio a Maribel Barajas y pidió esclarecer los hechos.
El Verde también condenó el asesinato y exigió una investigación.
En declaraciones hoy a Radio Fórmula, el dirigente nacional del partido, Carlos Puente, pidió que se aclare el móvil del crimen, no hacer «juicios anticipados» y que se «dé con los responsables y se los castigue».
Finalmente lamentó la muerte de una mujer, en un país con un elevado número de feminicidios, 2.746 casos en 2016.
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