Al despliegue de elementos de fuerzas de seguridad en la frontera sur y norte de México se suma una campaña de persuasión a los migrantes para evitar que crucen la frontera con Estados Unidos, tras los trágicos ahogamientos en el río Bravo.
La impactante fotografía de un padre y una hija muertos tras tratar de cruzar esta frontera natural y propagada por medios y redes sociales desde inicios de semana, ha llevado a las autoridades a apelar a la precaución y al miedo para frenar a los migrantes en su anhelo por cumplir el sueño americano.
En los últimos días se han visto mensajes de alerta por parte de las autoridades de los peligros que supone tratar de cruzar ilegalmente la frontera norte.
El gobierno municipal de la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, pidió este miércoles a los migrantes que eviten cruzar el río Bravo, ahora convertido en un paraje que evoca a muerte.
A través de un vídeo que muestra imágenes de supuestos migrantes en el río, el ayuntamiento de la ciudad alertó de los peligros que supone tomar esa vía para alcanzar el país vecino.
«Amigo migrante, no dejes que la búsqueda de tus sueños se vuelva una pesadilla, no te arriesgues a cruzar la frontera por el río Bravo», se escucha decir a una voz en la grabación del vídeo.
Asimismo, se aconseja a los ciudadanos que, si observan grupos que pudieran estar en riesgo, se comuniquen al teléfono de emergencia 911.
Este jueves está previsto que el monseñor Mark J. Seitz y miembros de la Diócesis de Ciudad Juárez crucen a pie el Puente Internacional Lerdo para acompañar a los migrantes retornados a Ciudad Juárez como parte del programa Permanecer en México.
Seitz y el padre Calvillo rezarán con los migrantes recién retornados a México.
Después de las oraciones con los migrantes harán una declaración sobre la situación actual que se encuentran viviendo estos.
El riesgo y el peligro son dos de las ideas principales que ha difundido el Gobierno en muchas de las comparecencias que ha dado desde que el pasado 7 de junio se alcanzase un acuerdo con Estados Unidos en el que México se comprometía a frenar el flujo migratorio.
Al atravesar el territorio mexicano, los migrantes se exponen a la extorsión, el secuestro y los asesinatos.
El canciller Marcelo Ebrard ha reiterado en numerosas ocasiones que el despliegue militar se sustenta, sobre todo, en proteger a las personas, en especial del tráfico ilegal.
El 14 de junio, el titular de la Secretaría de Exteriores (SRE) precisaba que el tráfico ilegal de migrantes centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos genera alrededor de 6000 millones de dólares anuales en dinero negro.
La cifra se calcula teniendo en cuenta el dinero que pagan los migrantes -entre 3500 y 7000 dólares por persona- a los delincuentes que se lucran con esta actividad ilícita.
Ese mismo día, Ebrard alertaba que, en el tráfico de personas, los más vulnerables son los niños, quienes son secuestrados y vendidos a familias seducidas por el argumento de que al ingresar a Estados Unidos con un menor se puede acceder a un permiso de 20 días.
Según datos del Gobierno, en los últimos meses ha habido un incremento de 300 % en el número de indocumentados hacia Estados Unidos.
Este mismo jueves, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se mostró confiado en lograr la reducción de los flujos migratorios en el tiempo que le dio Estados Unidos.
El acuerdo alcanzado en Washington el pasado 7 de junio prevé el inicio de la evaluación de las medidas a los 45 días y su conclusión a los 90 días.
Tras este periodo, de no ser consideradas satisfactorias las acciones tomadas por México, se podrían implementar nuevas medidas e incluso Estados Unidos podría imponer aranceles.
«Pensamos que vamos a lograr atemperar el fenómeno migratorio. Lo tenemos que hacer. Tenemos un plazo, que es el 10 de septiembre. Vamos bien; es un problema complejo pero lo estamos atendiendo», declaró López Obrador en conferencia de prensa.
Este jueves, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó de la detención de 2 personas vinculadas al tráfico de migrantes en una operación que acabó con 76 migrantes asegurados.
Según datos del Instituto Nacional de Migración (Inami), de enero a mayo de 2019 se deportaron 53.847 personas.
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